La propuesta del Gobierno regional se va a presentar en el Parlamento de Extremadura para unir en torno a ella al resto de las fuerzas políticas e instar al Gobierno de España a aprobar esa nueva normativa, que sería compatible con la actual Ley de Transparencia y con otras medidas que está estudiando el Gobierno de la Nación.

La vicepresidenta ha señalado que la agenda política en nuestro país “debe centrarse en la lucha contra la corrupción”, una cuestión que, ha asegurado, no es sólo de los partidos políticos sino que “hay que erradicarla de toda la sociedad”.

“Necesitamos una Ley –señaló Teniente- que defina delitos y determine a todos los responsables de un soborno desde la base: una Ley Antisoborno que condene, por lo tanto, al que lo acepta y al que lo ofrece”.

Esta ley, manifestó la vicepresidenta, debe ser integral y atacar la corrupción desde el origen, sin que importe si “un partido es el que soborna o es una empresa”, ya que “lo importante es cercar a los corruptos y limpiar nuestra sociedad de la corrupción”.

Y para ello, valoró, “no basta con actuar a posteriori, hay que evitarlo antes”, por lo que, añadió, “hay que adoptar todas las medidas necesarias para que todo el mundo se responsabilice y se conciencie de que no puede ocurrir. La corrupción se combate entre todos, no mirando hacia otro lado”.

NUEVE PUNTOS IMPRESCINDIBLES

Esa nueva normativa, señaló la vicepresidenta, debería incluir nueve puntos con otras tantas medidas que implicarían, en primer lugar, la expulsión inmediata de los acusados por soborno en el caso de patronal, sindicatos y partidos políticos. En el caso de las instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas, se les apartará preventivamente de sus funciones hasta que haya condena firme.

Por otra parte, todas las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y entidades del sector público y privado deberán implementar un Plan Antisoborno que sería aprobado por sus máximos órganos de gobierno, y se propone que todos los trabajadores firmen una declaración responsable en la que se comprometan a contactar con el departamento legal para comunicar cualquier duda o conocimiento del que dispongan sobre posibles casos.

En los casos de soborno declarados por sentencia firme, continuó explicando la vicepresidenta, se procederá a la anulación de los contratos y subvenciones públicas en la parte afectada por el delito, y las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y entidades del sector público y privado serán responsables del delito si se demuestra que no se han llevado a cabo los controles y mecanismos para impedir el soborno.

Además, se propone que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con sus bienes personales hasta devolver la parte afectada por el soborno.

La vicepresidenta señaló también que “las penas deben corresponderse con la gravedad de los delitos”, y, así, se plantea que para el delito de soborno las penas se puedan ampliar hasta los diez años de cárcel (en lugar de la pena de entre 3 y 6 años, como ocurre actualmente).

Además, el plazo de prescripción del soborno debería ampliarse de los cinco años actuales hasta los diez años, que es el siguiente nivel que contempla el Código Penal.

Por último, la normativa debería contemplar que la financiación ilegal de los partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones sea tipificada como soborno e incluirse en el Código Penal con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables.

La vicepresidenta señaló también que el Poder Judicial debe contar con una financiación adecuada y “con más medios materiales y humanos para dar mayor celeridad a las causas de corrupción”.

Además, puntualizó, “nuestro país está muy por debajo en la media europea en recursos, tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en la Unión Europea está en 19”.

Teniente anunció que el Gobierno extremeño presentará en las próximas semanas su propia política interna antisoborno, con lo que se convertirá en el primer gobierno de España en hacerlo.

MÁS DE DIEZ MILLONES EN AYUDAS PARA VIVIENDA

Por lo que respecta a los acuerdos adoptados en la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta destacó que se van a destinar más de diez millones de euros en ayudas a la vivienda “que pondremos a disposición los extremeños durante los próximos meses”.

Concretamente, el Ejecutivo ha autorizado de las subvenciones estatales del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas (2013-2016), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con una dotación de 5,5 millones de euros.

Por otra parte, se autorizó la convocatoria para el año 2015 de las subvenciones previstas en el decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016, con una dotación de 4,6 millones de euros.

Aunque se trata de medidas correspondientes, por una parte, a un Plan Estatal, y, por otra, al Plan Autonómico, la Consejería de Fomento actuará como ventanilla única para la solicitud, tramitación y pago de las ayudas.

En relación con el plan Estatal, las ayudas al alquiler de vivienda pueden alcanzar los 2.400 euros anuales por vivienda y los beneficiarios deben cumplir unos requisitos económicos de ingresos familiares, que no podrán superar los 22.000 euros brutos anuales.

La ayuda a la rehabilitación está enfocada a comunidades de propietarios que realicen reformas y mejoras en zonas comunes y la subvención puede alcanzar hasta los 11.000 euros por vivienda afectada. Por último, para la elaboración del informe de evaluación de edificios, la ayuda alcanza los 20 euros por vivienda.

Por lo que respecta al Plan Autonómico, las ayudas pueden alcanzar los 4.000 euros para obras de reforma o rehabilitación de vivienda, con el requisito de renta de no superar 4,5 veces el IPREM, es decir, no superar los 33.750 euros brutos anuales, y los 48.500 euros cuando las obras de rehabilitación que se realicen incluyan medidas de eficiencia energética.

Las ayudas para la vivienda protegida autopromovida alcanzan hasta 10.000 euros. En este caso, los beneficiarios deberán construirse su casa en municipios de menos de 20.000 habitantes y no podrán superar unos ingresos de 4 veces el IPREM, es decir los 30.000 euros anuales.

Para la adquisición de una vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general o especial de entre las que están terminadas en Extremadura, el comprador tendrá una ayuda de 3.000 euros.

Por último, la cuantía de la ayuda para el informe de evaluación de edificios es de 150 euros.