Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo. Hasta el momento 612 personas han sido detenidas o imputadas y han sido investigadas un total de 95 empresas ficticias, sin actividad real, que habrían defraudado 10,6 millones de euros. Entre los implicados se encuentran administradores de las mercantiles, autorizados RED, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación administrativa en España. 

Las investigaciones comenzaron hace varios meses al ser detectadas un importante número de empresas sospechosas en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de TRabajo y Seguridad Social, se pudo concluir el carácter fraudulento de 95 mercantiles. 

Hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería. 

Las denominadas empresas «ficticias», entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividad laboral en el ámbito de la hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería. 

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Por el momento los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos de falsificación y estafa, han destapado un fraude de 10.666.627 euros, han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.