Los menores europeos, sospechosos o acusados de haber cometido un delito, serían asistidos por un abogado con los mismos derechos en todos los Estados miembros, en virtud de un borrador de ley aprobado por la comisión de Libertades. 

El paquete de medidas aprobadas el martes, también incluye la obligatoriedad de que los menores sean asistidos individualmente por personal cualificado, estar presentes y ser escuchados en las vistas y el ser retenidos en instancias separadas a las del resto de adultos, incluso, en ciertos casos, cumplidos los 18 años. La futura norma implicaría cambios importantes en la legistlación española.

El borrador de Directiva recoge que todos los Estados Miembros garantizarán la asistencia obligatoria de un abogado durante todo el procedimiento judicial a menores. 

Garantías procesales

Los eurodiputados han propuesto varios cambios en el texto para garantizar que siempre se salvaguarden los derechos de los menores, como el derecho a ser informados en un lenguaje sencillo de los cargos que se les imputan. Han añadido además normas específicas que impondrán los siguientes requisitos: 

– una vez arrestado, el niño tendrá derecho a entrevistarse con sus padres (o la persona que ejerza de su tutor legal) y siempre antes de que se le interrogue:

– los menores participarán en todo el procedimiento judicial, concediéndoles la oportunidad de ser escuchados;

– los menores permanecerán detenidos separadamente de los adultos, y en algunos casos este derecho se garantizará también, si está justificado y no perjudica a otras personas, a chavales de 18 años. 

– estos derechos se aplicarán «con independencia de la raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas u otras, nacionalidad, origen étnico o social, posición económica, discapacidad, nacimiento u otro estado; del niño, de sus padres, o del tutor legal».

Según estimaciones, cada año un millón de niños europeos permanecen en contacto con la justicia al ser considerados sospechosos, o acusados, de haber cometido delitos, lo que supone un 12% de las personas sometidas a juicio en la UE.

Sin embargo, su protección legal varía en cada Estado. Por ejemplo, no todos los países de la Unión recogen en su legislación el derecho a que los menores accedan a los servicios de un abogado. Algunos países les proporcionan una obligatoria defensa, otros lo permiten en el juicio pero no en comisaría y finalmente otros dejan que el juez del caso decida. Estas disparidades hacen que, en la práctica, muchos menores europeos no tengan hoy acceso garantizado a un abogado.

Situación en España

Para conocer la realidad judicial a la que se enfrentan los menores europeos, la Comisión formuló una consulta pública en abril del año pasado, de la que surgió un informe en el que se evidenciaron las diferencias entre países. 

La mayoría de los Estados miembros toman como referencia la edad de 14 ó 15 años, a partir de la cual los menores son responsables de sus actos. Existen excepciones como el caso de Irlanda, donde es a partir de los 12 años; Países Bajos (12 años) y en Reino Unido (10 años salvo en Escocia, donde son 12). En España se fija como referencia los 14 años. 

Bélgica, la República Checa, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido (salvo Escocia) tienen una ley específica que obliga a informar y ofrecer consejo a los menores de una forma cercana, adaptada y «amable». España, según este informe, no lo contempla como una obligación en su ley. 

Solo en Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, y Eslovenia se protege por ley la identidad y el derecho a la privacidad de los menores sospechosos o ya culpables. 

En lo que sí coinciden la mayoría de países, incluido España es en ofrecer programas alternativos a la aplicación de los procedimientos judiciales habituales, tomando como referencia, en la mayoría de los casos, la modalidad de mediación, conciliación e integración mediante programas educativos. Las excepciones en este punto son Chipre, Italia, Rumanía y Suecia. 

Próximos pasos

El voto favorable de la Comisión parlamentaria da a la ponente la potestad de iniciar las negociaciones con el Consejo, a fin de llegar a un acuerdo para la propuesta de Directiva. La negociones entre Parlamento, Consejo y Comisión (trílogos), deberían empezar en las próximas semanas.

El resultado de la votación sobre la decisión de iniciar negociaciones: 50 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

En la presidencia: Claude Moraes (S&D, Reino Unido).