La construcción de una nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) o de una nueva carretera deberá estar avalada por ley por un estudio previo de su retorno social y económico, según aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor. 

La obligación legal de realizar estos estudios se fijará en la nueva Ley Ferroviaria para el caso de las líneas de tren y en la Ley de Carreteras, para las vías, ambas aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes. 

«Una vez que entren en vigor, no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico», aseguró Pastor en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En materia de carreteras, apuntó que «no se construirán sin una rigurosa planificación previa que determine su eficiencia y su retorno económico y social». 

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes 8 de mayo, definitivamente las dos nuevas normas promovidas por Fomento, que a partir de ahora inician su tramitación parlamentaria. 

El Ministerio introduce la exigencia legal de estas planificaciones coincidiendo con el debate actualmente abierto sobre la conveniencia de la inversión en determinadas infraestructuras como el AVE. 

En concreto, la nueva Ley Ferroviaria tiene como objetivo aglutinar toda la normativa sobre el sector y flexibilizar los cánones para favorecer la entrada de nuevos operadores privados que compitan con Renfe en transporte de viajeros en tren. 

No obstante, el texto establece la obligación de realizar una planificación «rigurosa» de la construcción de nuevas infraestructuras a través de tres instrumentos. 

PLANES QUINQUENALES FERROVIARIOS

Por un lado, la Ley encomienda al Ministerio de Fomento la elaboración de la denominada «Estrategia Indicativa», con que el Departamento debe realizar una planificación de las infraestructuras, tanto de su desarrollo, como de su mantenimiento y renovación.

Por su parte, Adif deberá diseñar su «Programa de Actividad», un plan a cinco años en el que concretarán todas las actuaciones y obras que deberán acometer y fijarán una «previsión orientativa» de los cánones que cobrarán en ese periodo a  los operadores ferroviarios por usar las vías de tren, las estaciones y el resto de las infraestructuras. 

Fomento y Adif firmarán convenios en los que se establezcan los objetivos a alcanzar en la ejecución de dichos programas de infraestructuras y las aportaciones económicas que realizará el Estado.

Además de obligar a realizar esta planificación para construir nuevas líneas de tren, la Ley Ferroviaria flexibiliza el sistema de cánones para fomentar la entrada de operadores que compitan con Renfe justo cuando Fomento ultima abrir a nuevas empresas el Ave a Levante. 

ANÁLISIS Y COTO A LA ESPECULACIÓN

En cuanto a la nueva Ley de Carreteras, establece que las nuevas construcciones de vías deberán someterse a «un análisis previo de eficiencia e intermodalidad». 

Asimismo, y con el fin de poner coto a especulaciones con los terrenos en los que anuncie la construcción de una carretera, la nueva Ley permitirá suspender temporalmente de forma cautelar las recalificaciones urbanísticas que puedan afectar a la planificación viaria para evitar posibles actuaciones especulativas. 

De igual forma, el Gobierno podrá declarar «nulas de pleno derecho» las decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras. 

Con estas medidas se busca impedir que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.

Fuente: Europa Press