España sigue escalando posiciones en el ranking de las denuncias internacionales ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) por el hachazo a las energías renovables. El país recibió el pasado 8 de mayo una nueva demanda, en esta ocasión firmada por la empresa alemana BayWa, y ya acumula 13 procesos abiertos en esta sede, a los que hay que sumar varios procesos más en otras cámaras de litigios internacionales. 

De hecho, durante el último año España ha sido el país que más demandas ha recibido con un total de 8 nuevos procesos, todos con la reforma eléctrica y el cambio de retribuciones aprobado sobre las energías verdes como telón de fondo. El país ha recibido un 18% del total de denuncias interpuestas en el último año, lo que equivale a una relación de uno de cada cinco procesos. 

En la lista de los países denunciados durante el último año también aparecen viejos conocidos del Ciadi como venezuela, Argentina o Egipto, si bien todos ellos han frenado a un máximo de dos los procesos iniciados en los últimos 12 meses. 

La denuncia de Bay Wa y la lluvia de procesos por las renovables registrados en los últimos meses también han situado a España en el podio mundial de los pleitos, sólo por detrás de Venezuela (24 denuncias) o Argentina (19). En total, el Banco Mundial acumula 197 casos por resolver. 

La sociedad alemana argumenta en su denuncia un recorte de la retribución regulada y sobre la expectativa legítima de ingresos acordada con el Estado español para la instalación de distintos proyectos solares en Palencia, Valladolid, Ciempozuelos, Barcelona, Cáceres y Puerto Real. El asesor del demandante es el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

La defensa de España va a cargo de la Abogacía del Estado, sibien el Ministerio de Industria ha contratado por 2,18 millones de euros a las consultoras Accuracy y BDO para elaborar informes periciales que apoyen de forma externa el proceso. 

Un primer informe jurídico eleva el potencial riesgo de indemnización por encima de los 1.000 millones de euros, según fuentes próximas al Ministerio de Industria. Entre los inversores figuran empresas, fondos de inversión y de pensiones norteamericanos y europeos, e incluso el vehículo de inversión estatal en energía solar del Gobierno de Abu Dhabi. 

Los despachos de abogados especializados en arbitrajes están trabajando actualmente con inversores asiáticos pillados en la reforma y prevén que el número de denuncias siga aumentando en los próximos meses. 

El Estado alega en su defensa que el recorte verde – a su juicio vital para evitar la quiebra del sistema eléctrico – no supuso ningún tipo de discriminación para los inversores internacionales sobre el impacto que sufrió el sector a nivel local. 

De hecho, el Tribunal Supremo acumula 350 recursos nacionales contra el nuevo mecanismo de retribución regulada de las energías renovables, que supuso un recorte de 1.800 millones para el conjunto del sector. Hasta ahora, el Alto Tribunal ha sentenciado que los cambios regulatorios se ajustan a la ley siempre y cuando se garantice una «rentabilidad razonable» para el inversor. 

Fuentes jurídicas prevén que los grandes pleitos comiencen a resolverse durante 2016, al encontrarse ya en fase de alegaciones. No obstante, algunos de los recursos planteados fuera del Ciadi podrían obtener el laudo arbitral este mismo ejercicio. El recurso más avanzado se está revisando en la Cámara de Arbitraje de Estocolmo y corresponde a una demanda interpuesta por la firma holandesa Charanne en el año 2013.

Fuente: El Mundo