La morosidad puede provocar una situación encadenada de problemas de liquidez. Así, si el primer contratante no abona el importe de las facturas contraídas con una empresa o autónomo, estos tampoco podrán pagar a sus proveedores o empleados. De este modo, la situación puede agravarse y enquistarse en el tiempo, si no se toman medidas. La morosidad deja a 65.000 empresas en riesgo extremo de supervivencia.

En este sentido, las Administraciones Públicas tardaron hasta 89 días de media en abonar sus facturas a los autónomos durante el último año, casi tres veces más de los 30 días que marca la ley. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe “¿Cómo pagamos hoy en día?” del Centro de Estudios de Morosidad de la EAE Business School.

A pesar de todo, la buena noticia es que esta cifra supone un 30% menos de demora que durante el año anterior. Así, el estudio, elaborado sobre una muestra de 600 empresas, establece que el ratio de impago de facturas vencidas en España en 2014 fue del 66%, frente al 33% de media registrado en Europa.

Operaciones entre empresas

Para el caso de las operaciones entre empresas, business to business, el plazo medio de pago fue de 95 días, casi el doble de los 47 días de media de la Unión Europea.

Por comunidades autónomas, el estudio revela que en 2014 se tardaron 43 días de media en pagar a los proveedores, 13 días más del plazo previsto en la legislación de lucha contra la morosidad para los pagos de las Administraciones Públicas. En este sentido, las más morosas serían Aragón, con 77,5 días; Comunidad Valenciana, con 74,4; y Extremadura, con 72,3 días.

Por su parte, el plazo medio de pago de las sociedades no financieras del Ibex 35 ascendió a 169 días, casi el triple del máximo que marca la ley, de 60 días para el caso de las sociedades privadas.

Por industrias, la construcción y el sector inmobiliario son los que registran el mayor retraso en la liquidación de sus facturas, ya que alcanzan los 288 días. Tras estos se sitúan servicios y comercio, con un plazo de pago de 253 días, y seguidamente, la industria, con 230 días de media.

Lentitud judicial

Otro de los datos importantes que se extraen del estudio es que el 83% de las empresas evita acudir a los tribunales para reclamar las deudas, por la lentitud de la Justicia. Asimismo, otro 60% opta por renunciar a una parte de la cantidad adeudada y un 70% reconoce que se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a estos 60 días que señala la ley.

Según el informe, la morosidad afectaría sobre todo a pymes, microempresas y autónomos, ya que les supondría más problemas de liquidez que a una grande, por su menor cantidad de recursos. De este modo, los principales motivos de riesgo de impago están precisamente en los elevados plazos, que causan a las empresas altos costes financieros, motivo por el cual las compañías españolas son menos competitivas que las europeas.

Un problema que arrastran nuestras empresas pero que parece iniciarse desde las administraciones públicas, que son las primeras en incumplir los plazos.

Fuente: El Economista