El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha inaugurado en Mérida las IX Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores de España, donde ha destacado el papel determinante de este colectivo en el fortalecimiento del estado de derecho, la consolidación de nuestro régimen de seguridad jurídica y la mejora de la competitividad de nuestro país. 

Catalá ha señalado que el aumento del protagonismo de los procuradores incluido en la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la ampliación de sus funciones procesales y la atribución de capacidad para certificar, mejora las opciones con las que cuenta el ciudadano, ya que podrá elegir entre los funcionarios al servicio de la Administración o los procuradores para realizar las notificaciones de litigio. 

El ministro ha apelado a los 10.000 procuradores que hay en España, a los que ha señalado como «cooperadores necesarios», para que la Justicia digital, abierta e innovadora sea una realidad a partir del 1 de enero de 2016, fecha en la que todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos en los actos de comunicación procesal. En las comunidades autónomas directamente gestionadas por el Ministerio de Justicia, el 95% de las comunicaciones en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo de las que son emisores o receptores los procuradores, ya que se realizan por medios telemáticos. 

El ministro de Justicia ha subrayado su compromiso de poner a disposición de los procuradores herramientas eficaces para vanzar en la digitalización de la Justicia y ha avanzado que a partir del próximo 15 de junio será posible el envío a través de Lexnet de mensajes de hasta 10 megas de tamaño, superando los 6 megas que permite actualmente el sistema. 

En defensa de las funciones de la procura, Catalá ha destacado la firme determinación del Ministerio de Justicia al mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. También ha puesto tres ejemplos de diálogo efectivo con este colectivo: la derogación de las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes y en todas las instancias, el respeto a la continuidad del actual modelo colegial con la retirada del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, y el mantenimiento de la actual demarcación y planta judicial.

Fuente: www.iustel.com