La Comisión Europea ha ideado una nueva instancia judicial para tratar de convencer a la opinión pública de que el acuerdo comercial con Estados Unidos no privilegia a los inversores en detrimento de los consumidores. La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha presentado este miércoles una propuesta de tribunal de inversión al que podrán recurrir las empresas europeas y estadounidenses que se vean perjudicadas por alguna decisión adoptada en cualquiera de los dos bloques. A largo plazo, Bruselas pretende convertir este instrumento en una plataforma pública de disputas de inversión también con otros territorios, no solo Estados Unidos.

La controvertida cláusula de inversión del acuerdo que la UE negocia con Estados Unidos desde hace dos años (conocido como TTIP por sus siglas en inglés) constituye el elemento más contestado de este proyecto. Hasta ahora, el texto contemplaba un mecanismo extrajudicial –con árbitros privados- para resolver cualquier queja que un inversor europeo pudiera tener sobre el trato dispensado en Estados Unidos (y a la inversa), sin recurrir a la justicia tradicional, que demora más sus decisiones. “Lo que estaba claro en el debate es que la forma tradicional de resolver las disputas generaba una falta fundamental de confianza”, ha señalado Malmström en Bruselas. La responsable de Comercio insiste en que el nuevo instrumento que se pone sobre la mesa está “sujeto a principios democráticos y escrutinio público” y por eso confía en limar las asperezas relativas a este tratado comercial.

El sistema constará de dos tribunales: uno de primera instancia, constituido por 15 jueces (cinco europeos, cinco estadounidenses y cinco de terceros países) y otro de apelación, con dos europeos, dos estadounidenses y dos de otras nacionalidades. El mecanismo está pensado para casos mayores relativos a expropiaciones, nacionalizaciones y conflictos similares, ha ilustrado la comisaria.

A largo plazo, la idea es que ese tribunal que en principio solo se aplicaría al ámbito estadounidense se consolidase para resolver litigios de inversión derivados de otros acuerdos comerciales que la UE pueda firmar en un futuro, especialmente con países “con sistemas judiciales no muy sólidos”, ha precisado Malmström. No se aplicará, en cambio, a los pactos ya cerrados, como el acuerdo comercial con Canadá.

Esta iniciativa constituye un primer paso en lo que se aventura como un largo camino. Con el sistema ya sobre la mesa, la Comisión Europea se lo presentará a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, que le había pedido una solución de este tipo, para ver su grado de aceptación. Malmström ya ha avanzado que para esbozarlo ha tenido en cuenta las opiniones de muchos Estados miembros –Francia y Alemania entre ellos- sobre la mejor manera de resolver las disputas de inversores, pero ahora comenzarán las discusiones formales.

Más difícil será que lo acepten los socios estadounidenses, a quienes no ha consultado durante el proceso de elaboración. La comisaria ha recordado que “no hay ley en Estados Unidos que prohíba discriminar a una compañía por ser extranjera” y que por eso el tribunal “interesa más a los europeos que a los estadounidenses”. Estos últimos pueden no ver con buenos ojos la existencia de un cuerpo público ajeno a su jurisdicción que sentencie sobre decisiones adoptadas por sus empresas o sus autoridades públicas.

Articulo de Lucía Abellán publicado en Economia El Pais, ver más