El ministro de Justicia afirma que la asistencia jurídica gratuita «es un buen contrapeso al sistema de tasas», puesto que «garantiza que los que tengan menos recursos económicos no se encuentren limitados ni discriminados». Considera «razonable» que «proporcionalmente, quien hace un uso intensivo de la justicia contribuya singularmente a su financiación» y ha apuntado que la asistencia jurídica gratuita «es un buen contrapeso al sistema de tasas», puesto que «garantiza que los que tengan menos recursos económicos no se encuentren limitados ni discriminados».

En un desayuno, organizado por el diario «Sur», en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga y Sabadell, Catalá ha dicho que cree «en la conveniencia de que el sistema tenga unas tasas que permitan que aquellos que hacen un uso singular, cuasi profesional, de la justicia para resolver sus diferencias o para ejercer de sistema de recuperación de deudas pueda contribuir y no se financie con el impuesto de los ciudadanos la totalidad del sistema».

«Esun servicio público, sin duda, pero muchos ciudadanos no hacen uso de él cotidianamente», ha apuntado el ministro, quien en lo que se refiere a las costas ha apuntado que se trata de «un criterio de vencimiento en el cual quien no ha obtenido el otorgamiento de la razón tenga atribuida una parte del coste».

Así, ha insistido en que «quien hace un uso singular, cualificado y profesional de la justicia o quien no obtiene el otorgamiento de la razón a sus pretensiones parece razonable que haga una aportación particular que no sea disuasoria ni excluyente ni mucho menos», incidiendo en que en este aspecto es un «factor muy importante» la asistencia jurídica gratuita.

Al respecto, ha indicado que «hemos incrementado los baremos» que permiten los accesos a este servicio jurídico y también a algunos colectivos, como las víctimas de violencia de género; por lo que ha considerado que «palia posibles dificultades de acceso y facilita que los que tienen menos recursos tengan granatizada» la asistencia jurídica. 

Ha recordado que con la eliminación de las tasas para las personas físicas, «lo que hemos hecho es escuchar a los ciudadanos y ser cercanos a ellos y a los profesionales, porque 250.000 abogados no pueden equivocarse todos a la vez» y ha destacado que «nada más lejos a nuestra intención que generar dificultades al acceso a la justicia». Así, el ministro ha señalado que, tras «hacer un esfuerzo para llegar a donde estamos», desde el punto de vista económico «ahora podíamos replantearnos la situación y derogar las tasas en las personas físicas en todas las instancias procesales», destacando el compromiso del Gobierno por «escuchar a la sociedad».

Ha querido poner en valor «lo que funciona bien y nos permite tener una justicia de calidad», aunque ha reconocido que existen «cuellos de botella» en determinados momentos, destacando que las plazas creadas el pasado año «van a ayudar» a mejorar. Ha dicho que la posible lentitud de la justicia indica «que hay muchas cosas que hacer y mejorar», aunque ha señalado que la duración media de los procesos está en Andalucía en 10,2 meses y en España en 10,5. 

AGENDA DE REFORMAS 

En su intervención, Catalá ha defendido que el Gobierno está realizando una agenda de reformas para que la Justicia «siga siendo un pilar del Estado de Derecho» y un servicio público, pero también una «pieza fundamental» del sistema económico y un «elemento que genera confianza económica, atrae inversores y acaba creando empleo», ya que, ha señalado, cuando alguien invierte, «lo hace también pensando que existe un marco de seguridad jurídica». Así, ha destacado que uno de los objetivos es la lucha contra la corrupción ante el «clamor social» de los ciudadanos y los casos conocidos en los últimos años «en los que personas con responsabilidades políticas relevantes han perjudicado el buen nombre de las instituciones y eso genera una pérdida de legitimidad». 

En este punto, ha abogado tanto por hacer funcionar las herramientas que la justicia ya tiene «para que los que hayan incumplido las reglas de convivencia paguen con el Código Penal en la mano las consecuencias de su actividad», como por «ir aprendiendo de lo sucedido para reforzar nuestras instituciones y nuestras normas». 

Aunque ha asegurado que el sistema jurídico en España es «de altísima calidad», con algunas reglas «pioneras», ha apuntado que está necesitado de reformas y mejoras, como las incluidas en el Código Penal, que se aprobará la próxima semana en el Congreso, que entrará en vigor en julio y que «dará nuevas herramientas a los que queremos trabajar por el Estado de Derecho». Así, ha hecho referencia a la cualificación de los delitos o el refuerzo del decomiso.

En cuanto a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha indicado que aportan «una nueva manera de entender la justicia penal», en la que «no habrá macrocausas» y las instrucciones no durará años, ha apuntado Catalá, quien ha añadido que «cambiando la regla de la conexidad, vamos a modificar nuestra cultura en torno a la instrucción de forma que un delito generará una causa». 

Al respecto, ha indicado que parte de esta reforma persigue que la investigación judicial de los casos tenga unos plazos máximos, pero también se incorporan otros elementos, todo orientado a colaborar «en una mejor instrucción y en una justicia de más calidad». Asimismo, ha apuntado que se añaden herramientas que «van a aportar mucha seguridad» a la instrucción penal y a la labor de los investigadores, como la regulación de las técnicas de investigación.

En cuanto la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha señalado que suma novedades y que hay un compromiso por «una buena utlización» de las nuevas tecnologías, porque «me resisto a creer que en la justicia tenemos alguna maldición divina que nos condena a ser el vagón de cola de este magnífico tren que es la Administración española». También ha apostado por las notificaciones electrónicas para las comunidades y ha aludido al papel de los procuradores. 

Asimismo, cuestionado sobre la Ley Concursal, ha indicado que se ha realizado una «reforma muy intensa» con el fin de adaptarla «a la nueva realidad» y que sea «un instrumento adecuado a la situación actual de la economía», refiriéndose a la denominada como la segunda oportunidad. Así, ha considerado que «casi nos hace falta un texto refundido para integrar», recordando que hay dos tramitaciones legales.

Cuestionado por la Ley de Servicios Profesionales, ha indicado que la estructura existente en España en este sentido «es cualificada, tranparente y profesional», destacando que «estamos en una etapa en la que tenemos un paquete de reformas y eso hará que otros proyectos acaben por no presentarse finalmente». 

Ha apostado por la mediación y la figura del mediador como forma no sólo de resolver conflictos sino también para descargar de trabajo a los tribunales. Asimismo, ha apostado por el diálogo y por la participación de los operadores jurídicos para «acertar en las soluciones más adecuadas». 

Fuente: Europa Press