Los dos titulares de Justicia han coordinado una posición común en materias europeas como son la Fiscalía Europea; protección de datos; asistencia jurídica gratuita, asunto en el que ambos países han constatado que sus respectivas legislaciones nacionales van más allá de lo que propone la Comisión Europa; y lucha contra el terrorismo, particularmente contra el yihadista en los últimos tiempos.

España y Portugal, en tanto que Estados Miembros de la Unión Europea, pertenecen al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, lo que supone un nuevo modelo de cooperación jurídica internacional.

En cuanto a la aplicación de estos instrumentos de cooperación, cabe destacar la reciente entrada en vigor de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Con esta nueva norma, España transpone la totalidad de instrumentos de reconocimiento mutuo por lo que, en lo que a relaciones bilaterales con Portugal se refiere, supone que en esas materias ya es posible la cooperación judicial directa.

Sin perjuicio de los distintos convenios existentes a nivel multilateral, Portugal es de los pocos países de la Unión Europea con el que España tiene suscrito un convenio bilateral relativo a la cooperación judicial en materia penal y civil, de 19 de noviembre de 1997, ha informado el Ministerio.

Dicho convenio tiene por objeto facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de los tribunales fronterizos, lo que permite que cada parte pueda formular las solicitudes en su propio idioma estando exento el requisito de la traducción.

CON ABOGADOS ESPAÑOLES EN PORTUGAL

Previamente, el ministro español ha mantenido un encuentro con los representantes de los bufetes españoles en Portugal, ante quienes ha repasado las recientes reformas emprendidas en el ámbito de la Justicia en nuestro país, entre las que ha destacado la del Código Penal y el Estatuto de la Víctima, así como los avances que se están dando hacia una Justicia abierta, digital e innovadora.

Además, Rafael Catalá ha reiterado su ofrecimiento al diálogo a este colectivo con el que, ha dicho, el Ministerio de Justicia comparte muchos objetivos, inquietudes y diagnósticos.

Como prueba de ello ha señalado la derogación de las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes y en todas las instancias y la voluntad del Gobierno español de respetar la continuidad del actual modelo colegial.

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