El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuesta por la implantación de criterios «homogéneos y comunes¨ que garanticen la calidad de las resoluciones judiciales para frenar la pérdida de confianza ciudadana en las respuestas.

Durante su intervención en el II Foro Pyme Burgos, Rafael Catalá ha defendido además la modernización del sistema judicial a través de la aplicación de normas «útiles y adecuadas» a las necesidades actuales y que permitan la mejora de la capacidad de respuesta.

En este contexto, ha repasado algunas de las reformas acometidas por el Gobierno central en materia judicial a lo largo de esta legislatura para lograr una Administración de Justicia más cercana y ágil, adaptada a la coyuntura del siglo XXI, como las impulsadas en relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar que las causas se dilaten en el tiempo, o las relativas a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que incluye nuevas figuras jurídicas.

Entre ellas, ha destacado la aplicación de la prisión permanente como figura que evitará «amenazas» para la ciudadanía a través de una fórmula «similar» a las ya existentes en otros países europeos pese a que «algunos intenten confundirla con la cadena perpetua». «Se está caminando en la dirección correcta», ha añadido.

El ministro de Justicia ha abogado, por otro lado, por una gestión más eficiente de los recursos disponibles y ha mostrado su satisfacción por el incremento del 1,5 por ciento en el presupuesto judicial para el presente ejercicio, que permitirá aumentar en un 40 por ciento las inversiones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Catalá ha destacado también la importancia de aumentar el número de profesionales del sistema, para lo que se han convocado diferentes plazas en los últimos tiempos, y ha reiterado la importancia de las nuevas tecnologías para avanzar en la modernización judicial.

Entre otros propósitos, ha remarcado el objetivo de aplicar en 2016 únicamente comunicaciones digitales entre los profesionales y la Administración y ha ensalzado el papel de la justicia como factor de dinamización económico al proporcionar seguridad jurídica al sector empresarial.

La Cámara de Representantes de EEUU ha aprobado la Ley 2015 de eliminación del impuesto de sucesiones. La votación se ha ganado con 240 votos a favor y 179 en contra. 

El impuesto de sucesiones fue eliminado por la administración Bush entre 2001-2008 pero reintroducido por la administración Obama en 2009. El impuesto grava con un 40% las sucesiones, pero a partir de 5 millones de dólares. Mucha gente piensa que es un impuesto que solo penaliza a los ricos, pero las explotaciones agrarias y los pequeños negocios familiares se ven seriamente perjudicados cuando tienen que pasar de padres a hijos. 

Organizaciones agrarias y sectoriales de EEUU están a favor de la eliminación de este impuesto, con lo que creen que se favorecerá en gran medida la continuidad de los jóvenes en el sector agrario. Cuando un hijo recibe en herencia una explotación agraria puede estar recibiendo un importante valor patrimonial pero en muchas ocasiones no herede dinero en efectivo ya que todo el capital familiar está invertido en la explotación. Para hacer frente al elevado importe del impuesto de sucesiones se ve obligado a vender la explotación o a tener que endeudarse con un crédito para poder pagarlo. 

La Ley tendrá que pasar al Senado para su votación. 

www.agrodigital.com

Una vez que la depreciación de los pisos ha tocado fondo, es buen momento para comprar, sobre todo en los barrios «prime» y en la costa.

Se hundió, se estigmatizó y eternizó su depresión en una resaca bíblica. Pero ha vuelto. El mercado de la vivienda está pasando de ser el patito feo de la economía a una suerte de hijo pódigo, a medida que se va extirpando los números rojos. El ladrillo muestra síntomas de que ha tocado suelo y tiende a la estabilidad. E incluso se recupera en algunas zonas del país. Por eso, los inmuebles residiales vuelven a emerger como inversión de gran atractivo. ¿Es buen momento para comprar vivienda? Para cada vez más inversores la respuesta es sí. 

Hay varios factores que explican el buen ambiente comprador que reina en el sector: la curva de precios de los pisos se aplana, las ventas repuntan, la concesión de hipotecas remonta tímidamente, el excedente de casas sin vender se va desinflando por fin, las grúas vuelven a existir, la demanda de alquiler sube y las rentas bajan. En resumen, la recomposición de los restos del naufragio inmobiliario ha forjado un nuevo hervidero de oportunidades de inversión. 

«Nos encontramos en un momento muy atractivo para la inversión inmobiliaria», resume el consultor José Luis Ruiz Bartolomé. En primer lugar, «por la consolidación de las tendencias macroeconómicas: crecimiento fuerte de la economía, aumento del empleo, incremento del turismo y ascenso de todos los indicadores de confianza».

Además, «los bancos están empezando a prestar, tímidamente, y eso va a hacer que la demanda se anime», agrega Ernesto Tarazona, director de Residencial de Knight Frank. En efecto, la concesión de hipotecas repuntó un 1,6% en 2014, hasta los 203.000 préstamos, tras siete años de desplomes, y en enero de 2015 aumentó nada menos que un 20%. Eso sí, se encuentra aún muy lejos de su punto de equilibrio, que se sitúa en el entorno de 450.000 al año, según Juan Fernández-Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación (ST).

«El sistema financiero se ha saneado y recapitalizado, lo que, unido a los incentivos del Banco Central Europeo, impulsa la concesión de crédito, incluido el hipotecario», acota Ruiz Bartolomé. 

Esa mejoría crediticia avivará el precio de la vivienda, que es la veleta más fiable para los inversores. Según Rodrigo Conde Puentes, analista de Moody´s, «el aumento de la creación de hipotecas mejorará probablemente la demanda en el sector inmobiliario, lo que a su vez podría ayudar a incrementar los precios de la vivienda». 

Fin del ajuste 

Ello apuntalaría los primeros síntomas de recuperación, después de una acusada depreciación (casi el 50%, de media, en comparación con el pico del boom). «La mayor parte del ajuste de precios está hecha y la tendencia a corto plazo es hacia la estabilización», apunta Julio Gil, presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios. 

En el primer trimestre del año, el valor medio de los pisos avanzó un 3,3% y media España salió de números rojos, según los datos de Sociedad de Tasación que adelantó Expansión:

Navarra (6,7%), Islas Baleares (6,5%), Comunidad Valenciana (5,7%), Canarias (5,4%), Madrid (3,8%), La Rioja (3%), Andalucía (2,8%) y Extremadura (0,3%). En otras ocho regiones el precio aún cae. «Sigue habiendo una cantidad reseñable de viviendas que están por encima del precio de mercado, a la vez que también hay buenas oportunidades», sintetiza Julio Gil. 

En la capital madrileña el incremento de precios ya es del 4,8% y en Barcelona, del 0,9%. De hecho, la vivienda nueva se encarecerá en todos los grandes distritos de Madrid, menos Chamartín, según el informe de obra nueva 2014-2015 de Knight Frank, que se presentará la semana que viene y al que ha tenido acceso este diario. Subirán un 2% en los barrios Salamanca, Retiro y Chamartín; y un 3% en el Centro y en Moncloa.

Según el estudio, los inversores «continúan con la apuesta de comprar en el centro de la ciudad, principalmente edificios en rehabilitación  o solares que requieren una gestión activa, pero siempre con una excelente ubicación». De hecho, «sólo un 5% del volumen de inversión pertenece a operaciones realizadas fuera del perímetro de la M-30».

La tendencia inmobiliaria de la capital se sigue muy de cerca en el sector residencial, ya que sirve de indicador adelantado. «Los lugares más seguros para invertir son las mejores localizaciones de las ciudades más importantes y dinámicas (especialmente, Madrid y Barcelona) y los enclaves costeros más consolidados (sobre todo, la Costa del Sol)», subraya Ruiz Bartolomé, que acaba de publicar un libro de título sintomático y revelador: Vuelve, ladrillo, vuelve. Es algo que corrobora José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial: «Para inversión, ahora mismo lo ideal es la costa, las grandes urbes y el mercado terciario». En las grandes ciudades, «en los productos prime, exclusivos, donde hay dos o más posibles compradores, continuarán subiendo los precios», agrega Pérez. 

«El año 2015 tiene que marcar una tendencia de estabilización y leve crecimiento», apunta Tarazona. «Estamos mucho mejor que hace tres años, la diferencia para el inversor es abismal», resume. Pérez abrocha los buenos augurios afirmando que si la compra está justificada y tiene financiación, «será una inversión rentable a largo plazo». 

Fuente: www.expansion.com

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho público el texto de su sentencia, de 25 de marzo de 2015 (sentencia número 139/2015, ponente señor Baena Ruiz), por la que estableció que «el efecto restitutorio de las cantidades ya pagadas en virtud de cláusulas suelo declaradas nulas por falta de transparencia se producirá desde la fecha de la publicación de la sentencia de la propia Sala, de 9 de mayo de 2013.»

Por su interés, reproducimos los principales argumentos de la sala, contenidos en sus fundamentos jurídicos noveno a undécimo (los subrayados son nuestros):

«NOVENO.- La Sentencia del Pleno de 9 de mayo de 2013, al plantearse a instancia del Ministerio Fiscal el elemento temporal de la sentencia, analizó los efectos retroactivos de la nulidad para, a continuación, razonar la posibilidad de limitarla y concluir, en su sistematizado discurso, por declarar la irretroactividad de la sentencia en los términos que se especifican:

1. Recoge como regla general que la ineficacia de los contratos – o de algunas de sus cláusulas, si el contrato subsiste – exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de las mismas se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica «quod nullum est nullum effectum producit»  (lo que es nulo no produce ningún efecto). Así lo dispone, y es el artículo clásico citado cuando se plantea el debate que nos ocupa, el 1303 del Código Civil, a cuyo tenor «[…] declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes». 

2. La Sala refuerza esa regla general con cita de STS 118/2012 de 13 de marzo, Rc. 675/2009, y se trataría «[…] de una propia restitutio in integrum, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la «condictio in debiti». Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la prestación debida por el adherente». 

También cita en apoyo del meritado principio el que propugna el 1C 2000 [sic] al afirmar que «[I]a decisión judicial por la que se declara abusiva una cláusula determinada debe retrotraer sus efectos al momento de la conclusión del contrato (ex tunc)». 

Finalmente recoge como esa regla la contemplada el TJUE para el caso de nulidad de cláusulas abusivas en la Sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, C-92/11, apartado 58.3. La Sala, avanzando en la motiviación de su discurso, afirma que no obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del Derecho, destacando de entre ellos el de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE).

A fin de evidenciar que la limitación de la retroactividad no es algo anómalo, novedoso o extravagante, cita una serie de normas y resoluciones que así lo atestiguan:

i) El artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pone coto a los efectos absolutos, inevitables y perpetuos de la nulidad y admite limitaciones al disponer que «[I]as facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes». 

ii) Sigularmente, cuando se trata de la conservación de los efectos consumados, existen previsiones al respecto (Artículos 114.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; 54.2 de la Ley 17/2001 de diciembre, de Marcas y 68 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial). 

iii) También el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de seguridad jurídica, ha limitado los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de 16 de junio, 281/1995 de 23 de octubre, 185/1995, de 14 de diciembre, 22/1996 de 12 de febrero y 38/2011 de 28 de marzo. 

iv) En la misma línea se manifestó la justificación de la enmienda 2 al Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, presentada por el Grupo Parlamentario Ezquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, y por la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para la adición de una Disposición transitoria nueva con el objetivo de aplicar límites a la variación a la baja del tipo de interés pactado en contratos de préstamo o crédito de garantía hipotecaria, en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar que tengan saldo pendiente de amortización a la entrada en vigor de la Ley, al prponer la ineficacia retroactiva y que «[l]a eliminación, en su caso, de la cláusula abusiva surtirá efectos económicos en la cuota del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente Ley».

v) También esta Sala ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad ya que «[l]a «restitutio» no opera con un automatismo absoluto, ya que el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad» (STS 118/2012, de 13 de marzo, RC 675/2009).

Como sentencia de cierre, a la hora de exponer la posibilidad de limitar la retroactividad, menciona la del TJUE de 21 de marzo de 2013, RWE, Vertrieb, ya citada, apartado 59, que dispone que: «[…] puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves (véanse, en particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzeziñski, antes citada, apartado 56; de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y de 19 de julio de 2012, Rçdlihs, C-263/11, rec. p. I-000, apartado 59).

En esta sentencia del TJUE se encuentran los elementos básicos en los que la Sala, en su Sentencia de Pleno, fundó la irretroactividad de la misma, a saber, seguridad jurídica, buena fe y riesgo de trastornos graves.

4. Respecto del trastorno grave del orden público económico la sentencia de la Sala en la letra «K» del párrafro 293 afirma que: «Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, el extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas.»

Pretender que en la acción individual no se produzca meritado riesgo no se compadece con la motivación de la sentencia, pues el conflicto de naturaleza singular no es ajeno al conjunto de procedimientos derivados de la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas en innumerables contratos origen de aquellos, como es notorio y constatable por la abundante cita de sentencias que sobre tal objeto se hace en la presente causa. Y esa fue la razón que retuvo la Sala en su sentencia. La afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto.

5. La Sala atiende a una serie de argumentos de los que colige, a la fecha de la sentencia, la buena fe de los círculos interesados y que como tales valora, a saber:

«a) Las cláusulas suelo, en contra de lo pretendido por la demandante, son lícitas.

b) Su inclusión en los contratos a interés variable responde a razones objetivas – el IBE indica como causas de su utilización el coste del dinero, que está constituido mayoritariamente por recursos minoristas (depósitos a la vista y a plazo), con elevada inestabilidad a la baja a  partir de determinado nivel del precio del dinero, y los gastos de estructura necesarios para producir y administrar los préstamos, que son independientes del precio del dinero-.

c) No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. El IBE indica en el apartado 2 referido a la cobertura de riesgo de tipos de intereses que en España «[…] casi el 97% de los préstamos concedios con la vivienda como garantía hipotecaria están formalizados a tipo de interés variable». 

d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado – su peso, afirma el IBE, ya en los años anteriores a 2004, alcanzaba casi al 30% de la cartera-.

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos – en cuyo caso procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más –, sino en la falta de transparencia. 

f) La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la insuficiencia de la información en los términos indicados en el apartado 225 de esta sentencia.

g) No consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias reglamentarias de información impuestas por la OM de 5 de mayo de 1994.

h) La finalidad de la fijación del tope mínimo responde, según consta en el IBE a mantener un rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones. 

i) Igualmente según el expresado informe, las cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir sus comportamientos económicos. 

j) La Ley 2/1994 , de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, permite la sustitución del acreedor.»

Los anteriores argumentos, a los efectos aquí enjuiciados, se compadecen con una concepción psicológica de la buena fe, por ignorarse que la información que se suministraba no cubría en su integridad la que fue exigida y fijada posteriormente por la STS de 9 de mayo de 2013; ignorancia que a partir de esta sentencia hace perder a la buena fe aquella naturaleza, pues una mínima diligencia permitía conocer las exigencias jurisprudenciales en materias propias del objeto social. 

La conjunción de tales elementos es la que motivó la conclusión de la Sala contenida en el parágrafo 294 cuando declaró la irretroactividad de la presente swentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

DÉCIMO.- Una vez expuesta la decisión de la Sala y diseccionada su motivación, se puede concluir que a partir de la fecha de publicación de la sentencia del pleno del 9 de mayo de 2013 no es posible ya la alegación de buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de interés variables, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los términos indicados en el parágrafo 225 de la sentencia.

Si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese concreto motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias tendrán efecto retroactivo desde la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013, reiteradamente citada y sobre cuya clarificación nos pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; fecha que fue la fijada en ella en orden a la irretroactividad declarada.

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a todo lo expuesto se estima el recurso de casación, confirmando la doctrina sentada por la sentencia del pleno del 9 mayo 2013, cuya cabal clarificación se ha llevado a cabo en la presente, y, asumiendo la instancia, se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de BBVA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declarando que la entidad recurrente no viene obligada a la devolución de los pagos ya efectuados por los prestatarios a la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013. (…).»

La sentencia cuenta con un voto particular de dos magistrados.

Fuente: www.noticias.juridicas.com

* El objetivo es adecuar las normas a la realidad social actual y fomentar la resolución rápida de conflictos.

* Se revisa el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia.

* Las indemnizaciones de lucro cesante tendrán en cuenta, por vez primera, las tareas del hogar y la capacidad de trabajo futura de estudiantes y menores. 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico. Esta reforma, que actualiza un sistema vigente desde 1995, es fruto de un importante acuerdo entre las dos partes afectadas: las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y la representación de las entidades aseguradoras. 

Entre los colectivos que han aportado sugerencias durante la elaboración del Proyecto de Ley se encuentran el CERMI, la Federación Española de Daño Cerebral, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y STOP ACCIDENTES, además de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial y numerosos facultativos sanitarios expertos en patologías provocadas por accidentes de tráfico. 

El nuevo texto actualiza la norma adaptándola a la realidad social actual, de manera que se fomenta la rápida resolución de los conflictos y se potencian los acuerdos extrajudiciales. 

En términos generales, la nueva Ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil. Además, mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad. 

El sistema también afecta a la sanidad pública, porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes Comunidades Autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves. 

Modificación de los daños patrimoniales 

En relación con el tratamiento de los daños patrimoniales, la nueva norma clarifica y regula con detalle las medidas de resarcimiento en concepto de gastos. También se racionaliza el método de cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima). 

De esta manera, en los supuestos de fallecimiento consigue una mejora de la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. También distingue entre «perjuicio patrimonial básico» o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros, y los «gastos específicos», que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral. 

En los supuestos de secuelas, refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que queda con discapacidades que requieren de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros. Revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia. 

En relación con las lesiones temporales, la norma distingue entre «gastos de asistencia sanitaria» y otros «gastos diversos resarcibles», es decir, todos aquellos gastos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, los gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etc. 

En la valoración del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima) se sustituye el sistema actual por otro modelo procedente del ámbito de los seguros que determinará la indemnización correspondiente. 

Contempla los ingresos netos de la víctima, pero también valora el trabajo no remunerado, como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos, como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

Perjuicios extra-patrimoniales

El Proyecto de Ley incluye como novedad en este apartado la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares, que ahora se amplían. Así, la nueva norma configura los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados). Considera que éstos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía, con independencia de que concurran o no con otras categoría de perjudicados. 

Modificación de indemnizaciones

Respecto a la media del período 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:

* Indemnizaciones por muerte: se icrementan un 50 por 100 de media.

* Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media.

El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación con el índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por ser el que más se aproxima a sus principios y características. 

Comisión de seguimiento 

Por último, la Ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer sugerencias y promover modificaciones al mismo para la mejora del sistema. 

El Ministerio de Justicia prevé que el Proyecto de Ley esté aprobado por las Cortes en este período de sesiones. 

Ejemplos para algunos supuestos representativos:

ACCIDENTES:

– Doctora, mujer médico otorrinolaringóloga, de renta de más de 60.000 euros/año.

Sufre amputación parcial de la pierna. 

BAREMO ACTUAL: 350.000 euros (máximo)

FUTURO BAREMO: 750.000 euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)

DIFERENCIA: + 400.000 euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 114 por 100

– Bebé de un año tetrapléjico.

BAREMO ACTUAL: 1.300.000 euros (máximo)

FUTURO BAREMO: 3.500.000 euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA, tercera persona, readaptación de la vivienda, lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)

DIFERENCIA: + 2.200.000 euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 169 por 100

– Atropello a 1 peatón de 21 años de edad, con antecedentes psiquiátricos. Sufre diversas fracturas y la amputación parcial de la pierna izquierda. 

BAREMO ACTUAL: 1.361.974,47 euros

FUTURO BAREMO: 1.554.845,72 euros

DIFERENCIA: + 192.871,25 euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 15 por 100

FALLECIMIENTOS: 

– Fallece oficinista de 32 años, casada hace 5 años con cónyuge de 35 años, con ingresos netos de 16.800 euros con una hija de 2 años. Solo madre y sin hermanos. 

BAREMO ACTUAL: 192.203 euros

FUTURO BAREMO: 342.037 euros

DIFERENCIA: + 78 por 100

– Fallece padre de familia de 40 años, con ingresos netos de 38.000 euros. Deja viuda de 30 años, un hijo de 3 años, otro de 6 años y otro de 12 años. Deja padre y hermano (no dependientes económicamente ni convivientes).

BAREMO ACTUAL: 335.519,31 euros 

FUTURO BAREMO: 671.480,94 euros 

DIFERENCIA: + 335.961,63 euros (en concreto cada uno de los hijos menores multiplica por 2,8 la indemnización actual). 

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 100,13 POR 100.

Fuente: Magrama

Por Natalia del Barrio, Profesora de Derecho Comparado y Global de la Universidad Europea de Madrid.

Las ciencias sociales, en general, predican universalidad, comparten su acervo y se ejercen de forma similar en la mayor parte de los países. El derecho, sin embargo, se sigue definiendo estrictamente en términos de nacionalidad, como si más allá de sus fronteras, careciera de relevancia alguna. Ello no hace sino ilustrar la indiferencia con la que se enfrenta el ejercicio de la profesión a los retos impuestos por la inexorable globalización en la que estamos inmersos. 

La globalización está haciendo del mundo un lugar más interdependiente de muchas y muy complejas maneras, de forma que, a pesar de lo imprecisoque el término pueda parecer, nos permitimos hablar de un Derecho global. Cherterman ha simbolizado la relación de los distintos sistemas jurídicos del mundo trazando una línea evolutiva que, partiendo desde unos orígenes esencialmente localistas, nos lleva sucesivamente a la internacionalización del derecho (un archipiélago de sistemas jurídicos) , a la transnacionalización, (un patchwork, en el que hay cierto solapamiento) y finalmente, a la globalización (donde los sistemas jurídicos están estructural e inextricablemente vinculados en una red). 

Según avanza el siglo XXI, están aumentando extraordinariamente las cuestiones jurídicas que presentan una dimensión global. Desde una perspectiva normativa la función reguladora se extiende más allá de las fronteras locales, nacionales o regionales, tanto a través de normas creadas por organizaciones o tratados internacionales, como a través de las llamadas soft laws. Además, los abogados nos vemos en la creciente necesidad de entrar en contacto con otros sistemas jurídicos ajenos al propio. Ello se debe a la idéntica naturaleza de las nuevas cuestiones jurídicas a las que nos enfrentamos al unísono, como la regulación de internet, pero también a otros fenómenos ajenos a lo propiamente normativo, como son la internacionalización de las empresas o el raudal de flujos migratorios. 

En un mundo donde las relaciones jurídicas se han imbricado de tal forma, se plantea la conveniencia (¿necesidad?) de lograr un cierto entendimiento entre los distintos derechos. Hay que desarrollar una mente jurídica pluralista, que entienda que hay otras formas de concebir el derecho además de la  propia, que puede no ser la única, ni tampoco la mejor. Se trata de re-imaginar el ejercicio de la profesión más alla tradicional parroquialismo y dar el paso hacia lo que Dedek y Mestral han llamado cosmopolitismo jurídico.

Ello pasa necesariamente por reconocer mayor impacto al Derecho extranjero. En efecto, está creciendo profusamente la relevancia que se otorga al Derecho extranjero y el recurso al mismo por parte de legisladores y tribunales en múltiples jurisdicciones de nuestro entorno. Canadá se presenta como precursor y ejemplo paradigmático de tal tendencia, pero incluso en Alemania, no es inusual que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional, incluyan en sus sentencias análisis comparativos en relación con doctrinas, leyes y resoluciones judiciales de otros países. 

Se argüirá que el conocimiento del Derecho extranjero supone una tarea titánica que adolece de una insuperable dificultad. Siendo esto cierto, es preciso matizar que en el caso de España, gozamos del privilegio de pertenecer a una tradición jurídica que rige, en mayor o menor medida, sobre casi la mitad de la población mundial. Este patrimonio jurídico común se traduce en que un abogado español pueda “entenderse jurídicamente” con abogados procedentes de jurisdicciones de los cinco continentes. 

De forma inexplicable, suelen minusvalorarse en España tanto el valor del Derecho extranjero como las implicaciones internacionales del ejercicio de la profesión, y ello contrasta significativamente con el cariz que está adquiriendo la abogacía en otros países de nuestro entorno más inmediato. Llegados a esta perturbadora certeza, cabe plantear una serie de reflexiones acerca de cómo promover la internacionalización de la profesión.

La primera, gravita en torno a la necesidad de que la formación universitaria incluya estudios de Derecho comparado que doten al futuro abogado español de unos fundamentos sobre el Derecho extranjero que le permitan acercarse con soltura a otras jurisdicciones, y eventualmente incluso obtener la habilitación para ejercer en ellas. En segundo término, es preciso impulsar la internacionalización de los despachos españoles, ya sea a través de la apertura de delegaciones propias, global partnerships, colaboraciones estratégicas, best-friends, desks especializados, etc. Y, en tercer lugar, es ineludible contar para ello con un marco institucional dinámico y comprometido que contribuya a afianzar una cultura jurídica comparatista en España, en la que el ejercicio de la profesión trascienda de lo puramente local y cuente con un marco de referencia más amplio en el que trabajar.

Se trata, en definitiva, de que la abogacía española se vaya adaptando a lo que requieren los nuevos tiempos.

Fuente: www.abogacia.es

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia ha dictado una sentencia, de fecha 24 de noviembre de 2014, por la que condena a la administración a pagar a unos farmaceúticos los intereses de demora por los suministros pendientes de pago, en virtud del concierto suscrito en junio de 2004, más los intereses legales de los mismos devengado desde la fecha de interposición del recurso. 

Los hechos

Los actores, titulares de seis oficinas de farmacia, solicitaron a la Agencia Valenciana de Salud el pago de la facturación correspondiente a los meses de julio de 2012 a Enero de 2013, más los intereses de demora correspondientes, todo ello en cumplimiento del concierto de fecha 23 de junio de 2004, celebrado entre los Colegios Oficiales de Farmaceúticos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante y la Consellería de Sanidad. 

El Juzgado estima la pretensión, en sentencia que ha ganado firmeza. 

Los argumentos de la sentencia

Fundamento de derecho

«SEGUNDO.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del debate se circunscribe, a dirimir si es exigible o no a la administración los intereses de demora por retraso en el pago de las facturas de las farmacias que debe ser abonada por la Administración, así como el cómputo del plazo de dichos intereses, como fundamentalmente la legislación aplicable para determinar el importe de los intereses así, considera la parte recurrente que debe aplicarse la lye 3/04, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, mientras que la administración considera, prima facie, que no procede dicho pago al haber sido pagado el principal por el sistema de pago a proveedores, y por otra parte, considera que no resulta aplicable dicha legislación sino el artículo 43 del texto refundido de la Ley de la hacienda pública valenciana. 

En cuanto a la extinción de la deuda respecto a los intereses de demora por haber sido abonado el principal por el sistema de pago a proveedores, entiende este Juzgador que no procede no sólo por no haber aceptado este sistema de pago los acreedores de la administración, los titulares de las farmacias, siendo más bien un acuerdo entre la administración y el Colegio de Farmaceúticos, y por otra parte por aplicación de los efectos directos que tiene la directiva europea 2011/7/UE, donde se considera (sic) dicha exclusión como una práctica nula, siendo el plazo máximo de transposición de la misma el 16-3-2013; respecto a la aplicación directa de las Directivas europeas, el Tribunal de Justicia entiende que tienen dicho efecto directo, al objeto de proteger los derechos de los particulares cuando sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas (sentencia del 4 de diciembre de 1974, Van Duyn). Sin embargo, el efecto directo solo puede ser de carácter vertical y únicamente es válido si los Estados miembros no han transpuesto la directiva en los plazos correspondientes. En este caso tenemos que si bien el legislador promulgó la Ley 7/14 de 30 de Septiembre, donde se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, donde se modifica el párrafo final del artículo 9 del RDL 4/12 de 24-2, sobre procedimiento de pago a proveedores , por aplicación de aquella directiva no podemos sino considerar que aquellos intereses no deben quedar excluidos, postura que supone un cambio de criterio de este juzgador atendiendo a la mentada argumentación…

Siguiendo con el estudio de las cuestiones suscitadas, entiende este juzgador que la obligación de pago de los intereses de demora tiene su origen en el cumplimiento del concierto de fecha 23 de junio de 2004, sin que el acuerdo de 17 de octubre de 2011 haya supuesto una novación de las condiciones de pago pactadas en su día entre la administración autonómica y los colegios de farmaceúticos de Alicante, Valencia y Castellón, toda vez el mencionado acuerdo es en realidad un compromiso de pago realizado por la asministración, «la Consellería de sanidad se compromete al pago de la factura farmaceútica…», sin que conste que los colegios de farmaceúticos, en representación de los titulares de farmacia, hubieses renunciado a la exigibilidad de los intereses de demora, amén que el mencionado compromiso de pago realizado por la administración fue incumplido por la misma al no haberse realizado los pagos en las fechas comprometidas. (…)».

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la esperada reforma del código penal que endurece las penas por robos en el campo.

ASAJA CÓRDOBA valora positivamente la nueva normativa, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y otorga, por primera vez, una consideración especial a los hurtos y robos cometidos en el ámbito agrario. El propio preámbulo reconoce que estamos ante un grave problema al tratarse de infracciones cometidas en explotaciones, en las que resulta dificil adoptar medidas de protección y donde se causa a sus propietarios un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la valoración de los productos sustraidos, por lo que se produce una grave desprotección e inseguridad para quienes los sufren.

Las propuestas presentadas por ASAJA para combatir la grave lacra que constituyen los hurtos y robos en el medio rural han sido tenidas en cuenta en la reforma del código penal publicado en el día de hoy en el Boletín Oficial del Estado mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de manera que, por primera vez en la legislación penal española, se modifica la tipificación de los hurtos, que pasan a ser considerados delitos leves en vez de faltas, y se agravan el delito de receptación y la multirreincidencia.

Como resume ASAJA Córdoba, los hurtos corpotarán un aumento del castigo especialmente en tres casos. Primero, si el valor de lo sustraido es menor de 500 euros pero el robo provoca «un perjuicio grave a la explotación, el delito será castigado con pena de 1 a 3 años de prisión. Asimismo, se considera también como delito de hurto agravado, sancionado con la misma pena, la sustracción de conducciones, cableado, o equipos de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de telecomunicaciones. 

En el caso de reincidencia, se contempla también un tipo agravado aplicable a los delincuentes habituales, que anteriormente eran condenados por faltas de hurto y ahora podrán ser condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de uno a tres años, cuando ya hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales. 

Y en el caso de robos con fuerza (para acceder o abandonar la explotación o ejerciendo violencia o intimidación en las personas), la reforma del Código Penal mantiene una pena de 1 a 3 años. Pero, como novedad, cuando concurra la circunstancia especial de tratarse de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios usados para su obtención, la pena de carcel aumentará de 2 a 5 años. 

Otra novedad importante, también reclamada por ASAJA y se incorpora ahora al texto es la agravación del delito de receptación, es decir la compra de bienes robados. Desde la organización agraria se mantiene que los hurtos y robos en las explotaciones agrarias están directamente relacionados con las compra-ventas ilícitas que se realizan de los producots sustraídos, por lo que se considera muy positiva la incorporación de esta medida que está sancionada con una pena de uno a tres años de prisión. 

La batalla de los inversores en energías renovables contra el Gobierno español ha llegado a uno de los medios más poderosos del mundo, la revista Forbes, que elabora el famoso ranking de las mayores fortunas del mundo. Así, ha publicado un artículo en el que ridiculiza a nuestro Ejecutivo por la ocurrencia de «poner un impuesto al sol» ante la falta de ideas para reducir el déficit eléctrico, con lo que se alinea con los fondos norteamericanos perjudicados en la reforma. 

El artículo es obra de Kelly Phillips Erb, especialista en fiscalidad de Forbes. Tras explicar que España es uno de los países con más horas de sol del mundo y que, por tanto, es lógico que haya impulsado la energía solar hasta colocarnos como uno de los primeros del mundo en capacidad fotovoltaica instalada, añade que eso ha provocado una sobrecapacidad respecto a la demanda de más del 60%. Y asegura que eso es lo que explica el déficit de tarifa de 26.000 millones (sin entrar en ninguna de las otras causas de este déficit más allá de las primas a la fotovoltaica). 

Para solucionar este problema, continúa Phillips Erb, la via elegida por España es imponer «impuestos y multas increíblemente onerosos», y los impone precisamente sobre el comportamiento que ha estado incentivando y subvencionando durante más de una década: el uso de paneles solares. Y ahí es donde hace sangre: «Parece que los miembros del Gobierno se quedaron sin ideas, miraron al cielo un día y pensaron «¡Ya lo tengo! ¡Pongamos un impuesto al sol!».

Esta experta va más allá en su mofa y cuando se refiere a «los esfuerzos de reforma» añade «léase medidas desesperadas». critica también las medidas contra el autoconsumo como la «prohibición» de vender la energía sobrante a las eléctricas y, sobre todo, la obligación de conectar todos los paneles solares a la red con amenza de multas hasta 30 millones. 

Aquí de nuevo se mofa del ministro de Industria, José Manuel Soria: «Esta clase de cifra es tan inabarcable para una persona media que es casi como si la hubieran sacado de la manga en una conversación como ésta: «¿Ponemos 10 euros?» «Qué va, eso es muy poco», «¿Qué tal 100 millones de euros?», «No, no, eso es muchísimo», «¿30 millones de euros?», «Sí, eso suena bien». 

Phillips Erb acusa a Soria de favorecer a las eléctricas con esta medida, que pretende asustar a los ciudadanos y hacer imposible el autoconsumo porque sale más barato seguir comprándosela a la compañía que le toque. E incluso se hace eco de las palabras de Teresa Ribera, secretaria de Estado de Medio Ambiente con el Gobierno de Zapatero, en las que asegura que la reforma es «una seria invitación de Gobierno a los ciudadanos para que se vuelvan antisistema». 

El «lobby» de los fondos estadounidenses

Más allá de las ridiculizaciones, con esta columna Forbes se alinea con los fondos norteamericanos que han invertido fuertes cantidades en energías renovables atraídos por las primas del anterior ejecutivo y que ahora se rebelan contra este cambio de las reglas del juego «a mitad del partido». Como ha venido informando El Confidencial, estos fondos están dispuestos a presentar grandes litigios contra España por lo que consideran una «expropiación progresiva» y una violación del principio de seguridad jurídica. 

Lo cierto es que la reforma energética aprobada por Soria en julio reducirá la rentabilidad garantizada a los productos de fotovoltaica hasta el entorno del 7,5% – en la práctica no irá más allá del 5% porque el propio Gobierno estimará los costes en que han incurrido estas instalaciones – durante toda su vida útil. Eso significa que las que tuvieron una rentabilidad de dos dígitos en los primeros años con el sistema socialista verán reducidas drásticamente sus retribuciones a futuro, lo que hará inviables muchas de estas inversiones. Porque, además, lo normal es que se hicieran con porcentajes de deuda (apalancamiento) de hasta el 80%, que tienen que devolver. 

El problema es muy grave porque estamos hablando de 50.000 huertos solares en los que, además de los fondos norteamericanos y las eléctricas españolas, están presentes muchos inversores individuales. Estos damnificados se comparan con los afectados por las preferentes de la banca nacionalizada y están dispuestos a judicializar el sector eléctrico para aguantar hasta que el PP pierda las elecciones y ocupe el Gobierno un partido más sensible a sus intereses. 

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El Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó esta solicitud, al distinguir entre teléfonos móviles con mp3 y las tarjetas de memoria. 

El Tribunal Supremo ha condenado a la empresa de telefonía Nokia a abonar un total de 556.424 euros a varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en concepto de canon correspondiente a las tarjetas de memoria comercializadas en el segundo semestre de 2008.

La Asociación de gestión de Derechos Intelectuales, (AGEDI) la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) solicitaron el reconocimiento de compensación equitativa por copia privada correspondiente a las ventas de teléfonos móviles con reproductor mp3 y tarjetas de memoria, por lo que pidieron 5,1 millones de euros.

Ahora, el Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó esta solicitud, al distinguir entre teléfonos móviles con mp3 – que a su juicio tienen un «perjuicio mínimo» para los derechos de propiedad intelectual – y las tarjetas de memoria – con una «mayor capacidad de almacenamiento»-.

El Supremo basa su condena en que la legislación vigente y la nulidad en su momento de la aplicación de este canon no priva el derecho a las entidades de gestión para reclamar la compensación por copia privada, mediante la aplicación de un canon a los dispositivos idóneos para realizar copias privadas privadas de archivos sonoros protegidos por derechos de propiedad intelectual. 

No obstante, el Supremo considera acreditado que los teléfonos móviles con reproductor de mp3 incorporado vendidos en los trimestres tercero y cuarto de 2008 no causaban un perjuicio que mereciera la consideración de «mínimo» por el que procediera la compensación equitativa, tanto en términos absolutos como si se compara con un dispositivo ordinario de mp3. «Si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago», ha recalcado el Alto Tribunal en esta sentencia. 

«El 96% de los teléfonos vendidos ese semestre eran de gama media y baja, con una escasa capacidad de almacenamiento (una media de siete u ocho fonogramas) y que de las siete u ocho canciones que corresponderían a la capacidad técnica del 96% de los terminales sobre los que se presentó la reclamación del cano, sólo tres o cuatro canciones podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, respecto del derecho de compensación por copia privada», señala. 

Sin embargo, en el caso de las tarjetas de memoria considera que no se contradice la regla de mínimo, puesto que por su capacidad mayor, que actúan como complemento del teléfono móvil, pueden ser empleados por los particulares en su condición de usuarios privados, para hacer copias privadas, «siendo éstas relevantes, a los efectos del perjuicio derivado para los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados, en atención a la capacidad de almacenamiento».

Fuente: Europa Press