LEY 1429/2015

Cabe hablar de enriquecimiento injusto cuando la adjudicación del bien ejecutado al ejecutante por la mitad del valor de tasación vaya seguida de una posterior enajenación por un precio muy superior al de la adjudicación, que aflorara una plusvalía muy significativa.

TS Sala Primera, de lo Civil, S 768/2014, 13 Ene. Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio

La entidad bancaria demandante concedió un préstamo con garantía hipotecaria. Incumplidas las obligaciones de los prestatarios, inició el procedimiento de ejecución hipotecaria que terminó con la adjudicación de la finca al ejecutante por el 50% del valor de tasación. 

Posteriormente, el banco presentó demanda de juicio declarativo reclamando el importe de la diferencia entre la deuda y el valor por el que se le adjudicó el inmueble, más los intereses y las costas de la ejecución.

El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó su sentencia y desestimó la demanda al considerar que, al ser el valor real del bien al tiempo de su adjudicación en la subasta judicial, superior, no sólo a la cantidad por la que se había instado la ejecución, sino también a la que se exigía como remanente del crédito, la obligación crediticia quedaba satisfecha con la adjudicación del referido bien. 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación formulado por la entidad bancaria, anula la sentencia recurrida y confirma la del Juzgado. 

La Sala recuerda que, conforme al art. 105 LH, la constitución de una hipoteca sobre un bien inmueble, por los prestatarios, no altera la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el art. 1911 CC. En este contexto, ante el impago de las cuotas del préstamo, instada la ejución hipotecaria, el acreedor hipotecario hizo uso de la facultad que, a falta de postores, le confería el art. 671 LEC, en la versión vigente en aquel momento: pedir la adjudicación del bien por el 50% de su valor de tasación. Del mismo modo, el art. 579 LEC preveía que cuando la ejecución se hubiera dirigido exclusivamente contra un bien hipotecado en garantía de una deuda dineraria, como es el caso, si, subastado el bien hipotecado, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podía pedir el embargo por la cantidad que faltaba y la ejecución proseguiría con arreglo a las normas ordinarias aplicable a toda ejecución. 

Por tanto, el acreedor tenía (y sigue teniendo) la facultad de reclamar el importe de su crédito no satisfecho y dirigirse para ello contra el resto del patrimonio de sus deudores, y el ejercicio de esta facultad legal no podía considerarse un supuesto de enriquecimiento injustificado, conforme a la doctrina jurisprudencial.

La Sala matiza ahora esa jurisprudencia en los casos en que la adjudicación al ejecutante del bien ejecutado por la mitad del valor de tasación fuera seguida de una posterior enajenación por un precio muy superior al de la adjudicación, que aflora una plusvalía muy significativa, y que contrastaría con la pervivencia del crédito y su reclamación por el acreedor beneficiado con la plusvalía. 

Sin embargo, el Tribunal determina que el enriquecimiento injusto no puede radicar única y exclusivamente en que el importe en que el bien fue tasado es muy superior al valor de la adjudicación, en concreto, un 50%, porque esto es algo previsto y aceptado expresamente por la Ley. Por el contrario, sólo podría advertirse cuando, tras la adjudicación y en un lapso de tiempo relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos con una parte de la misma. 

Esta matización, dice el Tribunal, encuentra apoyo en la actual redacción del art. 579.2 LEC, tras la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que contempla la «injustificación» del enriquecimiento que el adjudicatario o cesionario del remate pudiera tener con la plusvalía obtenida con la posterior venta del bien ejecutado y adjudicado a su acreedor.

Aplicando lo anterior al caso de autos, el Tribunal concluye que no cabe apreciar enriquecimiento injusto ya que no ha existido una posterior venta que aflorara una plusvalía relevante para el acreedor. 

Fuente: www.laley.es

El Consejo General de la Abogacía Española organiza, conjuntamente con ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami (con jurisdicción en el Estado norteamericano de Texas) las «Jornadas Técnicas de Internacionalización de la Abogacía Española en Texas» que tendrán lugar los días 9 al 11 de junio del 2015.

La economía de Texas ha experimentado un crecimiento muy notorio en los últimos 10 años, periodo en el que también ha aumentado considerablemente la presencia de empresas españolas en este Estado norteamericano. Actualmente unas 70 sociedades mercantiles españolas tienen presencia en Texas, siendo la mayoría grandes empresas o medianas-grandes. Se estima que este período, los proyectos españoles han generado unos 3.500 puestos de trabajo con una inversión de 835 millones de dólares.

A través de estas jornadas en Houston, los despachos participantes podrán:

* Conocer la organización y funcionamiento de la abogacía en el mercado de Texas y así poder prestar mejor servicio a sus clientes en la defensa de sus intereses en este Estado.

* Desarrollar proyectos de internacionalización en esta zona, para clientes actuales. 

* Convertirse en un posible despacho colaborador para los clientes de los despachos locales que quieran invertir en Española.

Jornada informativa y de capacitación

Previo al desplazamiento a Houston de los despachos seleccionados, se realizará una Sesión de capacitación en Madrid con objeto de facilitar a los representantes de los bufetes seleccionados las herramientas necesarias para que su presentación en destino sea lo más exitosa posible. Esta capacitación tendrá caracter obligatorio para el abogado que se desplace a Houston a las Jornadas de Internacionalización.

El número de plazas es de 15 y el plazo límite de inscripción  es el 31 de marzo de 2015.

www.abogacia.es

La Sala Primera del TS ha dictado una sentencia de fecha de 4 de marzo de 2015 (sentencia nº 87/2015, ponente señor Sastre Papiol), en la que establece que una vez satisfecha por el causante del daño la deuda que deriva de una indemnización por daños y perjuicios, no es posible que el perjudicado solicite de nuevo indemnización a la compañía aseguradora. 

En el supuesto enjuiciado, la aseguradora había sido compelida por sentencia de la Audiencia Provincial a indemnizar al perjudicado, aun cuando el pago de la indemnización acordada ya había sido satisfecho por la aseguradora, causante del daño. 

El TS estima ahora el recurso de la compañía aseguradora, considerando que la deuda con el perjudicado está extinguida, ya que la aseguradora y el tercero asegurado tienen condición de deudores solidarios de una misma prestación que cumple la misma función de resarcir al perjudicado. 

Los hechos

El demandante ejercitó la acción directa del art. 76 Ley 50/1980, del contrato de seguro, contra la aseguradora de la empresa en cuyas instalaciones sufrió un accidente que le provocó múltiples daños que acabaron con la amputación parcial de un pie. 

Antes de la celebración del juicio, la aseguradora presentó un documento por el que el actor y la empresa aseguradora alcanzaron un acuerdo en relación con la indemnización que aquel debía percibir por todos los conceptos como consecuencia del accidente sufrido, otorgando al referido documento el carácter de liquidación y finiquito y renunciando de forma expresa a cualquier reclamación derivada de dicho accidente.

El Juzgado desestimó la demanda pero la Audiencia Provincial la estimó en parte alegando que no existía cosa juzgada ni vulneración de la doctrina de los actos propios, pues el acuerdo transacional fue entre el perjudicado y la empresa asegurada, y la renuncia a las acciones lo fue frente a dicha empresa, quedando incólume el derecho a reclamar a la aseguradora. Recordó que, ante el ejercicio de la acción directa, el art. 76 LCS establece el principio de invulnerabilidad o inmunidad de la acción del perjudicado a las excepciones personales que pudiera tener el asegurador contra el asegurado. 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por la aseguradora, casa la sentencia recurrida y, en su lugar, desestima íntegramente la demanda.  

La sentencia del TS

Los argumentos de la Sala se contienen en su fundamento de derecho tercero, que establece:

<TERCERO.- Estimación del recurso. 

1. El art. 76 LCS ha reconocido la existencia de un derecho propio –sustantivo y procesal– del perjudicado frente al asegurador, con el propósito, de una parte, de un resarcimiento más rápido mediante el ejercicio de la acción directa contra el profesional del negocio asegurador y, de otra parte, de eludir la vía indirecta en virtud de la cual el perjudicado habría de reclamar al causante del daño y éste al asegurador, lo que provocaba una innecesaria litigiosidad. De esta forma, el tercero perjudicado tiene dos derechos frente a dos obligados: contra el asegurado-causante del daño y contra el asegurador. 

La conexidad de ambos obligados resulta de su condición de deudores solidarios, de una misma prestación que cumplen la misma función de resarcir al perjudicado (STS de 7 de mayo de 1993).

El cumplimiento de la obligación por cualquiera de los dos responsables solidarios extingue la obligación por efecto del art. 1145.1 CC. Bien es cierto que el derecho del perjudicado contra el asegurador está limitado a la suma asegurada. Pese a ello, aún no siendo idéntico el contido obligacional de ambos deudores, no por ello deja de existir la solidaridad entre ellos, aunque, como señala el art. 1140 CC, los acreedores y deudores «no estén ligados del propio modo». 

2. En el caso enjuiciado, el documento suscrito entre el tercero-perjudicado y el asegurado-causante del daño de 8 de noviembre de 2006, no ofrece la menor duda de su carácter satisfactivo de todos los daños y perjuicios que le ocasionó el siniestro acaecido el 18 de agosto de 2006, habiendo otorgado el actor a favor del asegurado, saldo y finiquito de toda posible indemnización que pudiera resultar del siniestro, como de forma clara y terminante resulta del exponendo II del documento, y de la estipulación cuarta del mismo, según se ha dejado reproducido en el Fundamento de Derecho primero 1 anterior. Y, por muy confidencial que las partes hayan querido otorgar al referido documento, el acto jurídico que del mismo deriva no deja de acreditar el completo pago efectuado por uno de los obligados solidarios, –el asegurado-causante del daño–, es decir, la extinción del crédito, y permite al coobligado solidario, la compañía aseguradora, invocar las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación, conforme prevé el art. 1148 CC y la jurisprudencia invocada por el recurrente.>

El fallo estima el recurso de casación interpuesto por la aseguradora, casa la sentencia recurrida y, en su lugar, desestima íntegramente la demanda. 

Fuente: www.noticias.juridicas.com

El Gobierno quiere regular el control por parte de notarios y registradores de las cláusulas abusivas en las condiciones generales de contratación por consumidores. En concreto, se pretende que, cuando los contratos, que contengan condiciones generales sean otorgados o elevados a instrumento público, el notario vele porque se cumpla la obligación de transparencia exigida por la legislación de consumidores.

Así lo ha manifestado hoy Áurea Roldán, subsecretaria de Justicia, en la inauguración de unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Notariado.

Roldán ha señalado también que si bien aun queda por determinar si esta medida se abordará en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria o en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que parece claro es que «Debe incrementarse por ley el papel del notario autorizante en el control de las cláusulas abusivas – como demanda la sociedad – como forma de potenciar el control de trasparencia en los contratos seriados, sancionado por la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo, reiteradamente». 

Roldán añadió a este respecto que «el notario debe rechazar, y denegar su autorización, respecto de las cláusulas abusivas que sean nulas de pleno derecho o que por falta de información de los riesgos al consumidor deben tenerse por no puestas desde el momento de la perfección del contrato. A estos efectos, se pretende impulsar medidas legislativas para que los notarios puedan no autorizar y los registradores de la propiedad no inscribir, por defecto insubsanable, aquellas cláusulas que sean nulas por ser contrarias a normas imperativas o prohibitivas, al tener legalmente tal carácter o haber sido declaradas nulas por el Tribunal Supremo, posición que ya ha iniciado la Dirección General de los Registros y del Notariado».

Por su parte, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ destacó el espíritu de colaboración entre dos corparaciones jurídicas como la Judicatura y el Notariado, plasmado en la organización de encuentros formativos como el que hoy ha tenido lugar. Por lo que se refiere al control judicial y notarial de las cláusulas abusivas, el presidente del CGPJ, manifestó que «es uno de los aspectos en el que los ciudadanos reclaman de los distintos profesionales del Derecho una respuesta que proteja sus derechos de manera eficaz, sin olvidar las exigencias que en esta materia nos llegan desde las instituciones europeas». 

Por último, José Manuel García Collantes, el presidente del CGN, señaló la fuerza ejecutiva y probatoria de la escritura pública en los procesos. «Este tipo de foros permite conocernos mutuamente y nos permitirá a los notarios admirar más la difícil misión de juzgar y afirmará la posición del juez como vértice del sistema; por algo, la presunción de validez del contenido del instrumento público notarial es tal mientras un juez no la destruye, es el único que puede hacerlo». 

Encuentro entre magistrados y notarios

La jornada se centrará en la «citación judicial al notario como testigo en el Procedimiento»; el «valor de la escritura en el proceso. Fuerza ejecutiva y probatoria. Efectos frente a tercero»; «la escritura en la contratación en masa y su valor en el proceso. Control judicial y ámbito de control notarial sobre cláusulas abusivas», y «el notario y la jurisdicción voluntaria».

La dirección del foro ha correspondido al magistrado y director del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Uribe, y al notario y decano del Colegio Notarial de Cataluña, Joan Carles Ollé. 

La Dirección General de Tributos (DGT) ha determinado que las Comunidades de Propietarios están exentos del pago de la tasa judicial. A la consulta efectuada por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, la DGT ha respondido que «a la vista de las modificaciones legales y del hecho de que las Comunidades de Propietarios carecen de personalidad jurídica propia (…) procede la exención de la tasa de los propietarios personas físicas en tanto en cuanto actúen a través de la Junta Directiva de la Comunidad y, en particular, de su Presidente».

La respuesta de la DGT es vinculante.

La Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos acordó en su día que los Colegios Profesionales se encuentran exentos del pago de la tasa judicial en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social.

CONSULTA VINCULANTE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2015/03/ExencionTasaCda.Propietarios.pdf

CONSULTA PROFESIONALES COLEGIOS PROFESIONALES

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2015/03/ExencionTasaC.Profesionales.pdf

www.abogacia.es

El ministro de Justicia afirma que la asistencia jurídica gratuita «es un buen contrapeso al sistema de tasas», puesto que «garantiza que los que tengan menos recursos económicos no se encuentren limitados ni discriminados». Considera «razonable» que «proporcionalmente, quien hace un uso intensivo de la justicia contribuya singularmente a su financiación» y ha apuntado que la asistencia jurídica gratuita «es un buen contrapeso al sistema de tasas», puesto que «garantiza que los que tengan menos recursos económicos no se encuentren limitados ni discriminados».

En un desayuno, organizado por el diario «Sur», en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga y Sabadell, Catalá ha dicho que cree «en la conveniencia de que el sistema tenga unas tasas que permitan que aquellos que hacen un uso singular, cuasi profesional, de la justicia para resolver sus diferencias o para ejercer de sistema de recuperación de deudas pueda contribuir y no se financie con el impuesto de los ciudadanos la totalidad del sistema».

«Esun servicio público, sin duda, pero muchos ciudadanos no hacen uso de él cotidianamente», ha apuntado el ministro, quien en lo que se refiere a las costas ha apuntado que se trata de «un criterio de vencimiento en el cual quien no ha obtenido el otorgamiento de la razón tenga atribuida una parte del coste».

Así, ha insistido en que «quien hace un uso singular, cualificado y profesional de la justicia o quien no obtiene el otorgamiento de la razón a sus pretensiones parece razonable que haga una aportación particular que no sea disuasoria ni excluyente ni mucho menos», incidiendo en que en este aspecto es un «factor muy importante» la asistencia jurídica gratuita.

Al respecto, ha indicado que «hemos incrementado los baremos» que permiten los accesos a este servicio jurídico y también a algunos colectivos, como las víctimas de violencia de género; por lo que ha considerado que «palia posibles dificultades de acceso y facilita que los que tienen menos recursos tengan granatizada» la asistencia jurídica. 

Ha recordado que con la eliminación de las tasas para las personas físicas, «lo que hemos hecho es escuchar a los ciudadanos y ser cercanos a ellos y a los profesionales, porque 250.000 abogados no pueden equivocarse todos a la vez» y ha destacado que «nada más lejos a nuestra intención que generar dificultades al acceso a la justicia». Así, el ministro ha señalado que, tras «hacer un esfuerzo para llegar a donde estamos», desde el punto de vista económico «ahora podíamos replantearnos la situación y derogar las tasas en las personas físicas en todas las instancias procesales», destacando el compromiso del Gobierno por «escuchar a la sociedad».

Ha querido poner en valor «lo que funciona bien y nos permite tener una justicia de calidad», aunque ha reconocido que existen «cuellos de botella» en determinados momentos, destacando que las plazas creadas el pasado año «van a ayudar» a mejorar. Ha dicho que la posible lentitud de la justicia indica «que hay muchas cosas que hacer y mejorar», aunque ha señalado que la duración media de los procesos está en Andalucía en 10,2 meses y en España en 10,5. 

AGENDA DE REFORMAS 

En su intervención, Catalá ha defendido que el Gobierno está realizando una agenda de reformas para que la Justicia «siga siendo un pilar del Estado de Derecho» y un servicio público, pero también una «pieza fundamental» del sistema económico y un «elemento que genera confianza económica, atrae inversores y acaba creando empleo», ya que, ha señalado, cuando alguien invierte, «lo hace también pensando que existe un marco de seguridad jurídica». Así, ha destacado que uno de los objetivos es la lucha contra la corrupción ante el «clamor social» de los ciudadanos y los casos conocidos en los últimos años «en los que personas con responsabilidades políticas relevantes han perjudicado el buen nombre de las instituciones y eso genera una pérdida de legitimidad». 

En este punto, ha abogado tanto por hacer funcionar las herramientas que la justicia ya tiene «para que los que hayan incumplido las reglas de convivencia paguen con el Código Penal en la mano las consecuencias de su actividad», como por «ir aprendiendo de lo sucedido para reforzar nuestras instituciones y nuestras normas». 

Aunque ha asegurado que el sistema jurídico en España es «de altísima calidad», con algunas reglas «pioneras», ha apuntado que está necesitado de reformas y mejoras, como las incluidas en el Código Penal, que se aprobará la próxima semana en el Congreso, que entrará en vigor en julio y que «dará nuevas herramientas a los que queremos trabajar por el Estado de Derecho». Así, ha hecho referencia a la cualificación de los delitos o el refuerzo del decomiso.

En cuanto a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha indicado que aportan «una nueva manera de entender la justicia penal», en la que «no habrá macrocausas» y las instrucciones no durará años, ha apuntado Catalá, quien ha añadido que «cambiando la regla de la conexidad, vamos a modificar nuestra cultura en torno a la instrucción de forma que un delito generará una causa». 

Al respecto, ha indicado que parte de esta reforma persigue que la investigación judicial de los casos tenga unos plazos máximos, pero también se incorporan otros elementos, todo orientado a colaborar «en una mejor instrucción y en una justicia de más calidad». Asimismo, ha apuntado que se añaden herramientas que «van a aportar mucha seguridad» a la instrucción penal y a la labor de los investigadores, como la regulación de las técnicas de investigación.

En cuanto la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha señalado que suma novedades y que hay un compromiso por «una buena utlización» de las nuevas tecnologías, porque «me resisto a creer que en la justicia tenemos alguna maldición divina que nos condena a ser el vagón de cola de este magnífico tren que es la Administración española». También ha apostado por las notificaciones electrónicas para las comunidades y ha aludido al papel de los procuradores. 

Asimismo, cuestionado sobre la Ley Concursal, ha indicado que se ha realizado una «reforma muy intensa» con el fin de adaptarla «a la nueva realidad» y que sea «un instrumento adecuado a la situación actual de la economía», refiriéndose a la denominada como la segunda oportunidad. Así, ha considerado que «casi nos hace falta un texto refundido para integrar», recordando que hay dos tramitaciones legales.

Cuestionado por la Ley de Servicios Profesionales, ha indicado que la estructura existente en España en este sentido «es cualificada, tranparente y profesional», destacando que «estamos en una etapa en la que tenemos un paquete de reformas y eso hará que otros proyectos acaben por no presentarse finalmente». 

Ha apostado por la mediación y la figura del mediador como forma no sólo de resolver conflictos sino también para descargar de trabajo a los tribunales. Asimismo, ha apostado por el diálogo y por la participación de los operadores jurídicos para «acertar en las soluciones más adecuadas». 

Fuente: Europa Press

El Consejo de Ministros (celebrado el pasado 13 de Marzo), ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, y su ratificación.

El Protocolo, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros el pasado 17 de octubre de 2014, tiene por objeto actualizar el Convenio de 1976 para adaptarlo, tanto a las necesidades derivadas de las relaciones económicas entre España y Canadá, como a los sucesivos cambios que ha experimentado el modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la doble imposición. 

El texto contribuirá a reforzar la seguridad jurídica en los intercambios económicos bilaterales y a la dinamización de éstos. Junto con la modificación de algunas disposiciones relativas al ámbito y a las definiciones del Convenio, se introduce una nueva redacción de la imposición sobre los dividendos, intereses y cánones. Se actualizan, igualmente, aspectos de las normas que afectan a la limitación de beneficios, no discriminación, procedimiento amistoso y al intercambio de información y asistencia administrativa. 

Fuente: www.lamoncloa.gob.es

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, ha recibido al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

En el transcurso de la reunión, el ministro ha informado al presidente de la FEMP de la próxima aprobación de una disposición normativa para excluir de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a colectivos de menor entidad.

Ello beneficiará a múltiples colectivos, entre ellos, asociaciones de vecinos y otros entes de carácter municipal, que cuentan con recursos personales y materiales limitados para atender las exigencias formales tributarias.

Concretamente, la disposición que se aprobará en breve en Consejo de Ministros establecerá la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen los 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.

Esta modificación entrará en vigor para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015. El objetivo es aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades de menor entidad.

Anuncio en el Senado

La reforma del Impuesto de Sociedades, que entró en vigor en enero, ha establecido como novedad la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades a todo tipo de asociaciones, sin ningún tipo de límites.

El ministro ya destacó en el Pleno del Senado del pasado 10 de febrero que esta medida se introdujo con el ánimo de «mejorar el control tributario» del impuesto. A la vez, Montoro avanzó en la Cámara Alta que el Gobierno estaba estudiando establecer límites más reducidos que los contemplados hasta ese momento, para no perjudicar el desarrollo de su actividad a aquellas entidades con recursos más reducidos. 

Los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana podrán tramitar la Solicitud Única a través de un enlace que por primera vez ha habilitado la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua en su web institucional (http://www.agricultura.gva.es/solicitud-unica).

Este enlace, que estará operativo entre el 2 de marzo y el 15 de mayo, coincidiendo con el plazo marcado para la solicitud de las ayudas europeas para el campo, facilitará la gestión a través de su presentación electrónica.

Como novedad, en la web de la conselleria también se ha puesto a disposición de los usuarios la normativa nacional aplicable (los reales decretos 1075, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural; 1076, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común y 1077, de regulación del sistema de información geográfica de parcelas agrícolas).

Este apartado se irá actualizando con información adicional que resulte de ayuda para los agricultores y ganaderos valencianos con interés en el Pago Único.

Asimismo, la conselleria ha iniciado una campaña informativa sobre las novedades de la PAC para el periodo 2015-2020 a través de las oficinas comarcales, que ha reforzado con un tríptico, del que se han editado 20.000 ejemplares en castellano y en valenciano.

En el folleto se presenta de una manera divulgativa la definición de agricultor activo, cómo poder cobrar el pago básico y el resto de complementos, qué son los pagos aclopados y quién puede solicitarlos, qué es el régimen de pequeños agricultores y dónde se pueden presentar las solicitudes. 

EUROPA PRESS

El PP ha plasmado, en una de sus propuestas de resolución tras el Debate sobre el estado de la Nación, el compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de exonerar a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales para facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Ni Rajoy cuando lo anunció el martes en el Congreso ni el PP en su propuesta han dado plazos ni detallado si se hará mediante una ley del Gobierno o a través de una enmienda transaccional del PP a la Ley de Justicia Gratuita, que aún está en tramitación en la Cámara Baja.

En la misma propuesta, el partido del Gobierno propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificando las reglas de conexidad para evitar la dilación en las macrocausas y fijar plazos máximos de instrucción. También apuesta por agilizar la Justicia generalizando el uso de las nuevas tecnologías y modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Además, pide poner en marcha la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos e implementar las nuevas figuras de decomiso para asegurar la reparación de las víctimas, evitar que el delincuente se beneficie del delito y potenciar la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transfronteriza.

Por último, propone seguir fomentando las medidas necesarias para proteger a las víctimas, especialmente las de violencia de género, tanto en la implementación del estatuto de la Víctima como en la reforma del Código Penal y posteriores modificaciones.