El Consejo de Gobierno ha aprobado dos decretos por los que se adjudican las concesiones para la explotación de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el ámbito autonómico y en el ámbito local (con cobertura municipal o insular), que, al mismo tiempo, se transforman en licencias en aplicación de la normativa vigente. Los decretos del Gobierno se producen en aplicación de dos sentencias del TSJC que anularon -en diciembre de 2008 para el ámbito local y en enero de 2010 para el autonómico- las adjudicaciones efectuadas en su momento.

Tras ser recurridas en casación, las sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo en junio de 2012 obligando a una ejecución que se cumple con los dos decretos que otorgan las nuevas licencias.

Las resoluciones judiciales obligaban a retrotraer las actuaciones administrativas para emitir un nuevo informe de baremación de las ofertas de los licitadores, al no considerar adecuado el informe contratado a una empresa externa por el Gobierno existente en febrero de 2007 y en el que se basó la adjudicación en octubre de aquel año por parte del siguiente Gobierno entrante. En consecuencia, el actual Gobierno reinició el procedimiento con la designación de una nueva Mesa de Contratación, que ha llevado a cabo la nueva baremación de las ofertas presentadas por los licitadores.

Esa mesa de contratación, integrada por empleados públicos entre los que figuran representantes del Servicio Jurídico y de la Intervención General, remitió su propuesta a la Viceconsejería de Comunicación y relaciones con los Medios, que, una vez verificado el cumplimiento de estar al corriente de sus obligaciones tributarias por parte de las empresas con mayor puntuación, elevó al Consejo de Gobierno la relación definitiva, que se detalla en documento adjunto. 

Los menores europeos, sospechosos o acusados de haber cometido un delito, serían asistidos por un abogado con los mismos derechos en todos los Estados miembros, en virtud de un borrador de ley aprobado por la comisión de Libertades. 

El paquete de medidas aprobadas el martes, también incluye la obligatoriedad de que los menores sean asistidos individualmente por personal cualificado, estar presentes y ser escuchados en las vistas y el ser retenidos en instancias separadas a las del resto de adultos, incluso, en ciertos casos, cumplidos los 18 años. La futura norma implicaría cambios importantes en la legistlación española.

El borrador de Directiva recoge que todos los Estados Miembros garantizarán la asistencia obligatoria de un abogado durante todo el procedimiento judicial a menores. 

Garantías procesales

Los eurodiputados han propuesto varios cambios en el texto para garantizar que siempre se salvaguarden los derechos de los menores, como el derecho a ser informados en un lenguaje sencillo de los cargos que se les imputan. Han añadido además normas específicas que impondrán los siguientes requisitos: 

– una vez arrestado, el niño tendrá derecho a entrevistarse con sus padres (o la persona que ejerza de su tutor legal) y siempre antes de que se le interrogue:

– los menores participarán en todo el procedimiento judicial, concediéndoles la oportunidad de ser escuchados;

– los menores permanecerán detenidos separadamente de los adultos, y en algunos casos este derecho se garantizará también, si está justificado y no perjudica a otras personas, a chavales de 18 años. 

– estos derechos se aplicarán «con independencia de la raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas u otras, nacionalidad, origen étnico o social, posición económica, discapacidad, nacimiento u otro estado; del niño, de sus padres, o del tutor legal».

Según estimaciones, cada año un millón de niños europeos permanecen en contacto con la justicia al ser considerados sospechosos, o acusados, de haber cometido delitos, lo que supone un 12% de las personas sometidas a juicio en la UE.

Sin embargo, su protección legal varía en cada Estado. Por ejemplo, no todos los países de la Unión recogen en su legislación el derecho a que los menores accedan a los servicios de un abogado. Algunos países les proporcionan una obligatoria defensa, otros lo permiten en el juicio pero no en comisaría y finalmente otros dejan que el juez del caso decida. Estas disparidades hacen que, en la práctica, muchos menores europeos no tengan hoy acceso garantizado a un abogado.

Situación en España

Para conocer la realidad judicial a la que se enfrentan los menores europeos, la Comisión formuló una consulta pública en abril del año pasado, de la que surgió un informe en el que se evidenciaron las diferencias entre países. 

La mayoría de los Estados miembros toman como referencia la edad de 14 ó 15 años, a partir de la cual los menores son responsables de sus actos. Existen excepciones como el caso de Irlanda, donde es a partir de los 12 años; Países Bajos (12 años) y en Reino Unido (10 años salvo en Escocia, donde son 12). En España se fija como referencia los 14 años. 

Bélgica, la República Checa, Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido (salvo Escocia) tienen una ley específica que obliga a informar y ofrecer consejo a los menores de una forma cercana, adaptada y «amable». España, según este informe, no lo contempla como una obligación en su ley. 

Solo en Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal, y Eslovenia se protege por ley la identidad y el derecho a la privacidad de los menores sospechosos o ya culpables. 

En lo que sí coinciden la mayoría de países, incluido España es en ofrecer programas alternativos a la aplicación de los procedimientos judiciales habituales, tomando como referencia, en la mayoría de los casos, la modalidad de mediación, conciliación e integración mediante programas educativos. Las excepciones en este punto son Chipre, Italia, Rumanía y Suecia. 

Próximos pasos

El voto favorable de la Comisión parlamentaria da a la ponente la potestad de iniciar las negociaciones con el Consejo, a fin de llegar a un acuerdo para la propuesta de Directiva. La negociones entre Parlamento, Consejo y Comisión (trílogos), deberían empezar en las próximas semanas.

El resultado de la votación sobre la decisión de iniciar negociaciones: 50 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

En la presidencia: Claude Moraes (S&D, Reino Unido).

La Audiencia Provincial de Pontevedra anula la cláusula suelo existente en un préstamo hipotecario celebrado entre una entidad financiera y el promotor de un edificio y en el que se había subrogado un particular al comprar una de las viviendas al promotor, por entender que el banco tiene obligación de informar aunque no intervenga formalmente en la venta. 

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en materia mercantil, ha declarado abusiva, y por tanto nula, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Almenar Belenguer, la cláusula suelo incorporada en un contrato de préstamo, inicialmente celebrado entre una entidad financiera y un promotor para financiar la construcción de un edificio de viviendas y locales, y en el que, una vez finalizada la obra, se subrogó el comprador al adquirir una de las viviendas del inmueble, sin que la prestamista interviniera en esta última operación.

La Sala considera que tiene una importancia fundamental para el comprador/consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.

En función, principalmente, de esa información el consumidor decide si desea quedar vinculado contractualmente adhiriéndose a las condiciones redactadas de antemano por el empresario. Y esa información se extiende tanto a las cláusulas del contrato de compraventa de la vivienda como a las condiciones del contrato de préstamo en el que se subroga el adquiriente.

Mientras el responsable de informar al comprador sobre las características del bien es el promotor que lo vende, el deber de informar sobre las cláusulas del préstamo recae sobre la entidad financiera, intervenga o no formalmente en la operación de venta con subrogación, ya que es la que en definitiva se beneficia de los intereses del préstamo y la que cuenta con personal especializado para explicar al cliente las condiciones del préstamo y las consecuencias económicas que conlleva.

La Sala se aparta así del criterio del Banco de España por entender que la entidad de crédito no puede quedar relevada de sus obligaciones por el hecho de no participar en el contrato de compraventa y subrogación, ya que, en todo caso, debe autorizar dicha subrogación, por lo que, si lo hace con carácter general y sin cumplir con el deber de información individualizada, ha de asumir las consecuencias, ya que en otro caso se abriría la puerta a posibles fraudes de ley.

La sentencia recuerda que en el caso enjuiciado no solo no se incorporó la cláusula suelo en el contrato de compraventa con subrogación hipotecaria (el cual se limitó a remitirse a la escritura de préstamo matriz, indicando de forma genérica que el comprador «conocía» las condiciones), sino que, además, no se ha acreditado que la entidad prestamista informara, conantelación suficiente y durante la celebración del contrato, tanto de la existencia de la cláusula discutida cmo de las implicaciones que suponía, de manera que el prestario pudiese prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Por ello la Sala concluye que la cláusula no cumple el doble control de transparencia exigido por la jurisprudencia y la anula. 

La Comunidad de Madrid beneficia a las familias numerosas de la región con un paquete de medidas que agilizan el procedimiento para la obtención del título de familia numerosa. Estas medidas afectarán tanto a las más de 90.000 familias madrileñas que ya poseen el título, como a aquellas que lo soliciten por primera vez, ya que el decreto agiliza el procedimiento en la tramitación de renovación o de expedición por primera vez. 

El consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, ha explicado en concreto durante su visita a la sede del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM), que el 19 de enero entró en vigor un nuevo decreto aprobado por el Gobierno regional y que recoge una simplificación de los trámites.

Algunas novedades recogidas en dicho decreto es que ya no es obligatorio aportar la foto de familia, y se admite la fotocopia de documentos. En algunos casos también se aceptarán declaraciones responsables de los interesados como documento justificativo. 

La Administración podrá recabar datos para reducir documentos.

Otra innovación es la posibilidad de que las familias autoricen a la Administración para recabar los datos relativos a determinada documentación, como DNI o NIE, certificado de discapacidad o certificado de Renta Mínima de Inserción (RMI), lo que reduce el número de documentos que se tengan que presentar. 

El decreto también contempla el uso de los medios telemáticos en la presentación de la solicitud y documentación, y en la recepción de las notificaciones, lo que supondrá que las familias numerosas estén atendidas de una manera más eficaz. También se ha modificado el formato del título, pasando ahora a ser una tarjeta de plástico en lugar de la tradicional tarjeta de cartulina, por lo que será más ágil de manejar.

Además de este nuevo decreto, el Gobierno regional ha adoptado otras mejoras que también agilizan la tramitación del título de familia numerosa. En concreto, se ha reforzado el Servicio de Atención Presencial, permitiendo que el título se entregue en el momento de su solicitud o renovación (antes de que su vigencia haya expirado) a quienes acudan a dicho Servicio de Atención Presencial, con cita previa y la documentación necesaria.

Además, los títulos de familia numerosa caducados podrán renovarse en el acto y de forma automática, sin necesidad de tener cita previa; y se ha habilitado el Servicio de Atención al ciudadano de la Comunidad 012, para resolver cualquier duda y recibir asesoramiento sobre la expedición del título de familia numerosa. Para realizar esta gestión se puede pedir cita a través del número de teléfono 012 y de la página web de la Comunidad.

También se ha puesto en marcha una Oficina de Atención Presencial a familias numerosas, con cuatro puestos de atención presencial directa y uno más de información al ciudadano. Un total de 6.318 ciudadanos fueron atendidos por este servicio entre el 5 de septiembre y 31 de diciembre de 2014, lo que supone una medida de 90 citas diarias de atención (sin incluir los ciudadanos atendidos en el Servicio de Información a familias numerosas).

El Consejo de Ministros ha aprobado un Nuevo acuerdo de reducción de cargas administrativas, tras las propuestas recibidas del sector empresarial y de los departamentos ministeriales. Se incluyen diecinueve medidas que supondrán un ahorro anual de 74.843.814 euros.

La reducción de cargas administrativas supone la eliminación de obligaciones redundantes o innecesarias de las Administraciones Públicas, reduciendo burocracia innecesaria, lo que representa importantes beneficios para ciudadanos y empresas. En los últimos años la cooperación entre Administraciones Públicas y la Administración electrónica, ha permitido avanzar en la reducción de cargas.

La mayoría de las iniciativas persiguen potenciar o fortalecer el uso de las tecnologías de la información. Entre otras, destacan las que tienen relación con los siguientes objetivos:

Permitir el cambio de domicilio a través de la Plataforma de intermediación de datos

Extender la interconexión de registros entre todas las Administraciones Públicas.

Utilizar el punto único de la Administración General del Estado para la remisión de facturas electrónicas de proveedores a organismos de la Administración General del Estado.

Tramitar electrónicamente documentos, consultas y solicitudes.

Si se tienen en cuenta los anteriores acuerdos de reducción de cargas aprobados hasta hoy, los ahorros acumulados suman 6.420.368.330 euros. 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto para aplicar los requisitos establecidos en la normativa comunitaria para la higiene en las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta el reparto de competencias en el Estado español. 

Este Real Decreto, elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, fija claramente, en su ámbito de aplicación, cuales son las explotaciones agrícolas que deben cumplir con las obligaciones de higiene fijadas en la normativa comunitaria, estableciéndose el conjunto de medidas que, desde el punto de vista de la higiene, deben respetar los agricultores titulares de las mismas. 

Estas obligaciones vendrán desglosadas en las correspondientes guías de buenas prácticaas que, tanto el Ministerio como las organizaciones más representativas del sector, pondrán a disposición de los agricultores a través de la Web del Departamento.

REGISTRO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Una de las novedades de la nueva norma es la creación del Registro General de la Producción Agrícola, (REGEPA), en el que será obligatoria la inscripción de todas las explotaciones que realicen su actividad en el ámbito agrícola. Este Registro es un instrumento imprescindible para el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria, ya que entre otras cuestiones permitirá reforzar los sistemas de trazabilidad existentes. 

Además, el REGEPA constituirá un instrumento válido y conveniente para otros fines de la política agraria, aportando información muy valiosa para los controles de condicionalidad de las ayudas de la PAC, así como para estudios de índole estadística.

El Ministerio dispone también de una aplicación informática, que permitirá el intercambio de información entre los diferentes Registros de todas las administraciones y la consulta pública de dicha información, con la misión de informar a los agricultores de la inscripción en el REGEPA de sus explotaciones.

Otra novedad a destacar la constituye el establecimiento de un Programa de Control Oficial de la Producción Primaria Agrícola, en el que se pretenden aglutinar las labores de control oficial que fijan tanto la normativa comunitaria como nacional en el marco de la higiene agrícola. El objeto del mismo es garantizar la eficacia y eficiencia de los controles, al mismo tiempo que se simplifican los procedimientos de control y se evitan las duplicidades.

Con la aprobación de esta nueva normativa se pone de manifiesto, una vez más, la apuesta decidida del Ministerio por mejorar las herramientas de coordinación con las Comunidades Autónomas, con la finalidad de establecer y consensuar medidas armonizadas a nivel nacional, que permitan implementar las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria de la manera más eficaz posible, lo que sin lugar a dudas redundará en una mejora notable de la seguridad alimentaria de nuestras producciones, sin mermar la competitividad de nuestra industria alimentaria. 

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto para aplicar los requisitos establecidos en la normativa comunitaria para la higiene en las explotaciones agrícolas, teniendo en cuenta el reparto de competencias en el Estado español. 

Este Real Decreto, elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, fija claramente, en su ámbito de aplicación, cuales son las explotaciones agrícolas que deben cumplir con las obligaciones de higiene fijadas en la normativa comunitaria, estableciéndose el conjunto de medidas que, desde el punto de vista de la higiene, deben respetar los agricultores titulares de las mismas. 

Estas obligaciones vendrán desglosadas en las correspondientes guías de buenas prácticaas que, tanto el Ministerio como las organizaciones más representativas del sector, pondrán a disposición de los agricultores a través de la Web del Departamento.

REGISTRO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Una de las novedades de la nueva norma es la creación del Registro General de la Producción Agrícola, (REGEPA), en el que será obligatoria la inscripción de todas las explotaciones que realicen su actividad en el ámbito agrícola. Este Registro es un instrumento imprescindible para el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria, ya que entre otras cuestiones permitirá reforzar los sistemas de trazabilidad existentes. 

Además, el REGEPA constituirá un instrumento válido y conveniente para otros fines de la política agraria, aportando información muy valiosa para los controles de condicionalidad de las ayudas de la PAC, así como para estudios de índole estadística.

El Ministerio dispone también de una aplicación informática, que permitirá el intercambio de información entre los diferentes Registros de todas las administraciones y la consulta pública de dicha información, con la misión de informar a los agricultores de la inscripción en el REGEPA de sus explotaciones.

Otra novedad a destacar la constituye el establecimiento de un Programa de Control Oficial de la Producción Primaria Agrícola, en el que se pretenden aglutinar las labores de control oficial que fijan tanto la normativa comunitaria como nacional en el marco de la higiene agrícola. El objeto del mismo es garantizar la eficacia y eficiencia de los controles, al mismo tiempo que se simplifican los procedimientos de control y se evitan las duplicidades.

Con la aprobación de esta nueva normativa se pone de manifiesto, una vez más, la apuesta decidida del Ministerio por mejorar las herramientas de coordinación con las Comunidades Autónomas, con la finalidad de establecer y consensuar medidas armonizadas a nivel nacional, que permitan implementar las obligaciones establecidas en la normativa comunitaria de la manera más eficaz posible, lo que sin lugar a dudas redundará en una mejora notable de la seguridad alimentaria de nuestras producciones, sin mermar la competitividad de nuestra industria alimentaria. 

El fenómeno de crecimiento del número de trabajadores autónomos o independientes no es exclusivo de España. El informe realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), a partir de los datos publicados por Eurostat para el III trimestre del año 2014, refleja como España sigue siendo país europeo en número de autónomos sin asalariados, con 2.067.000, solo por detrás de Reino Unido (3.748.000), Italia (3.720.200), Alemania (2.382.700) y Polonia (2.257.900). 

Por tercer trimestre consecutivo, la tasa de variación trimestral de este colectivo es positiva tanto en Europa como en España. Si bien en términos interanuales las tasas de variación de los trabajadores autónomos en España son significativamente inferiores a las del conjunto de autónomos de la Unión Europea de los 28. España registra una variación negativa en el tercer trimestre del año 2014 del 1,36%, frente al registro positivo del 0,53% en la UE.

Por países específicos, las tasas más positivas de crecimiento en los tres primeros trimestres de 2014 fueron las de Bulgaria (10,6%); Francia (+7,1%); Malta (+6,8%); Hungría (+4,6%) y Reino Unido (+3,7%). Alemania registró también un crecimiento del 0,3% mientras que en España fue del 1,0%.

Por el contrario, países como Croacia (-16,4%); Portugal (-8,7%); Grecia (-4,5%); Bélgica (-3,8%); Eslovenia (-3,4%) o Irlanda (-3,0%) presentaron, en el mismo periodo, tasas de variación acumuladas negativas.

El informe muestra también que en España el peso específico de los trabajadores autónomos sobre el conjunto de trabajadores del total del sistema aumentó en el último año en 0,4 puntos porcentuales, hasta situarse en el 11,8%. Mientras que en países como Italia (16,50%) o Alemania (5,9%) disminuyó en 5,3 y 8,2 puntos porcentuales respectivamente. Sin duda este dato proviene, según UPTA, de la evolución negativa de la Población Activa y del menor número de trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social.

Para Cesar García, secretario Institucional e Internacional de UPTA, estos datos demuestran que el crecimiento del trabajo autónomo está generalizado en toda Europa. «Pero el aspecto negativo puede ser que el fenómeno se reproduzca debido a las dificultades y mal funcionamiento del mercado de trabajo tradicional», señala García. 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) disminuyó un 1% en diciembre en tasa interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta caída es inferior en una décima a la adelantada a finales de ese mes.

La reducción es, por tanto, de seis décimas respecto a la de noviembre, evolución que se explica por los componentes más volátiles del IPC, especialmente los productos energéticos. En relación con el mes anterior, el IPC general disminuyó en diciembre un 0,6%, frente al aumento del 0,1% registrado en el mismo mes de 2013. Tras este resultado, la tasa media anual del IPC de 2014 se sitúa en -0,15%, frente al avance del 1,4% de 2013. 

Los precios de los productos energéticos registraron en diciembre una tasa interanual del -8,5%, descenso superior en más de cinco puntos al del mes anterior (-3,2%). Esta mayor caída se debe, exclusivamente, a la partida de combustibles y carburantes, que intensifica en 7,3 puntos el ritmo de caída interanual, hasta el 11,8%, en línea con el acusado descenso de los precios del petróleo. Por el contrario, la tasa anual de la tarifa eléctrica aumenta medio punto, hasta el 0,8%, tras una subida intermensual del 0,5%. 

La tasa de variación interanual de los precios de los alimentos no elaborados se ha reducido 1,6 puntos en diciembre, hasta el -0,4%. Esta moderación responde a la intensa caída de legumbres y hortalizas frescas (derivada de un efecto base) y a otras partidas como crustáceos y moluscos, así como a algunas carnes entre las que cabe mencionar el vacuno y el porcino. 

La inflación subyacente (excluye los elementos más volátiles del IPC, alimentación fresca y energía) aumentó en diciembre una décima, hasta anularse . Esta aceleración se explica por los BINES (bienes industriales no energéticos) y los servicios, que incrementaron su tasa anual en una décima, hasta el -0,2% y el 0,3%, respectivamente. La alimentación elaborada permaneció en el -0,2%.

Dentro del grupo de servicios, el moderado aumento de la inflación respondió a la rúbrica de turismo y hostelería, cuya tasa anual pasa del 0,8% en noviembre al 1% en diciembre. Esta aceleración se explica, a su vez, por la evolución alcista de la partida de viajes organizados, que aumenta un 4,2%, 1,2 puntos más que en el mes previo, y por el transporte público interurbano, que duplica su tasa anual, hasta el 1,4%.

Los precios de los BINES incrementaron en diciembre su tasa anual una décima, hasta el -0,2%, tras mantenerse en el -0,3% durante tres meses consecutivos. Esta ligera aceleración responde al encarecimiento de los automóviles y, en menor medida, a los medicamentos y material terapeútico. La alimentación elaborada, incluidos bebidas y tabaco, registra una tasa anual en diciembre del -0,2%, igual que la de los cuatro meses anteriores, estabilidad que se explica por la aceleración en partidas como el aceite, agua mineral y refrescos y zumos, que compensa la moderación en la leche y productos lácteos y el azúcar. Las tasas anuales del resto de partidas de este grupo muestran cierto tono de estabilidad. 

En términos intermensuales, el IPC disminuyó un 0,6% en diciembre, frente al aumento del 0,1% del mismo mes de 2013. Este descenso se explica por el abaratamiento de los producots energéticos, de la alimentación alaborada y no elaborada y de los BINES, especialmente del vestido y calzado, parcialmente compensados por el encarecimiento de los precios de los servicios, sobre todo de turismo y hostelería y de transporte público interurbano. Los precios de la alimentación no elaborada se redujeron un 0,3% respecto al mes de noviembre, debido a los descensos de las frutas frescas y de la carne de porcino. Los precios de la alimentación elaborada disminuyeron ligeramente, un 0,1%, por el abaratamiento del azúcar y de bebidas alcohólicas, compensado por el encarecimiento de aceites y grasas. 

Los productos energéticos registraron en diciembre una caída intermensual del 4,8%, como resultado de un descenso del 6,8% en combustibles y carburantes, parcialmente compensados por la subida del 0,5% de la tarifa eléctrica. Los precios de los BINES disminuyeron un 0,5% respecto al mes precedente, como consecuencia de la caída de carácter estacional del vestido y calzado (-2%). Por su parte, el precio de los automóviles aumentó un 0,3% intermensual.

Los precios de los servicios aumentaron un 0,3% en diciembre respecto al mes previo, subida que se explica, principalmente, por la partida de turismo y hostelería (1%) y por el transporte público interurbano (1%). Dentro del turismo y hostelería destaca, a su vez, el repunte de los precios de los viajes organizados (9%).

De las 17 comunidades autónomas, cuatro registraron en diciembre tasas de inflación superiores a la media nacional: Cataluña y País Vasco (-0,7% ambas), Islas Baleares (-0,8%) y La Rioja (-0,9%). Galicia presentaba la misma tasa que la media nacional (-1%) y el resto de comunidades tasas inferiores a la media. La menor correspondió a Castilla-La Mancha, con un -1,5%. La tasa anual del IPC a impuestos constantes se situó en diciembre en el -1%, al igual que la del IPC general, seis décimas inferior a la del mes previo.

El INE ha publicado también el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de diciembre, cuya tasa anual se sitúa en el -1,1%, frente al -0,5% del mes anterior. Si se compara esta tasa con la estimada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en diciembre (-0,2%), el diferencial de inflación favorable a España se amplía una décima y se sitúa en -0,9 puntos porcentuales.

En resumen, la tasa de variación anual del IPC ha disminuido en diciembre debido a la evolución de los precios de los productos energéticos y de los alimentos no elaborados, mientras que la inflación subyacente ha aumentado una décima, hasta cero. Se mantienen por tanto las mejoras de poder adquisitivo de las rentas en un conexto de moderación salarial, lo que unido a la rebaja de impuestos y la creación de empleo darán un mayor impulso al consumo y al crecimiento de la economía. El diferencial de inflación sigue siendo favorable a España frente a la zona euro, lo que está permitiendo obtener ganancias de competitividad e impulsar nuestra exportaciones. 

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Palma contra J.J.G. que le condenó, en concepto de autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, con la agravante de reincidencia, a la pena de 9 meses de cárcel.

Según la sentencia, el acusado se puso en contacto con su ex pareja sentimental a través de la red social Facebook quebrantando así la orden de protección dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma que, entre otras medidas, prohibía al condenado comunicarse con la víctima.

El quebrantamiento se habría producido al escribirle el condenado un comentario en una de sus fotografías de Facebook.