Durante 2014 el número de parados se redujo en 253.627 personas, hasta situarse en los 4,4 millones, lo que supone el segundo descenso anual consecutivo de las cifras de desempleo y la mayor caída registrada en los últimos 16 años. Además, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó a lo largo del año en 417.574 afiliados más. 

En cuanto a la contratación, en 2014 se registraron un total de 16.727.089 contratos, un 13,1% más que en 2013, de los que 1.350.331 fueron de carácter indefinido, cifra que supone un 19,2% más que en 2013. «Los datos con los que nos despertamos son buenos datos que confirman que la situación económica de nuestro país ha dado un giro y a día de hoy hay menos paro, más cotizantes a la Seguridad Social, más autónomos, más contratos y un aumento de 20% de la contratación estable», señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

«Quién nos iba a decir hace un añoque a día de hoy estaríamos hablando de una reducción del número de parados de 253.627 personas, un aumento de la contratación indefinida del 20%, 417.574 cotizantes a la Seguridad Social más y 75.466 nuevos trabajadores autónomos», apunta el presidente de ATA.

«Este ritmo de crecimiento seguirá e incluso se verá incrementado en los próximos meses. En 2015 continuará la senda de la recuperación: habrá 350.000 parados menos, 550.000 afiliados a la Seguridad Social más y 120.000 nuevos emprendedores», señala Lorenzo Amor. 

2014 SUMA 75.466 AUTÓNOMOS

Si nos fijamos en el número de autónomos, 2014 suma 75.466 trabajadores por cuenta propia; cifra que se incrementará cuando conozcamos a mediados de mes los datos de último día y a la que hay que sumar los más de 70.000 puestos de trabajo contratados por autónomos, lo que confirma que los autónomos han protagonizado la recuperación del empleo en 2014: uno de cada tres empleos de 2014 fue generado por autónomos. 

Además, si comparamos el crecimiento de autónomos en 2014 en relación al registrado en 2013, nos damos cuenta cómo prácticamente se triplica: en 2013 el número de trabajadores por cuenta propia aumentó en 25.689 autónomos frente al aumento de 75.466 registrado en el año que acaba de cerrar.

El Reglamento (UE) número 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor es de aplicación desde el día 13 de diciembre de 2014, y tiene como objetivos: garantizar un alto nivel de protección de los consumidores; establecer los principios, requisitos y responsabilidades del etiquetado de los alimentos; garantizar una información de fácil comprensión, y actualizar, simplificar y refundir diferentes normativas.

Las principales novedades que aporta este reglamento son las siguientes: 

1) Modo de iniciar las menciones: introduce reglas muy detalladas sobre la legibilidad y claridad del etiquetado, establece una altura mínima de fuente para la información obligatoria de 1,2 milímetros. Sin embargo, si la superficie máxima de un envase es inferior a 80 centímetros cuadrados, la altura mínima se reduce a 0.9 milímetros; en caso de que sea menor de 25 centímetros cuadrados la información nutricional no será obligatoria; y en los envases la mayor superficie sea inferior a 10 centímetros cuadrados, no es necesario incorporar ni la información nutricional ni la lista de ingredientes. Esto sin embargo, el nombre del alimento, la presencia de posibles alérgenos, la cantidad neta y la fecha de duración mínima debe indicarse siempre, independientemente del tamaño del envase.

2) País de origen: es obligatorio informar sobre el país de origen del producto cuando su omisión induzca a error al consumidor. Además, a partir del 1 de abril de 2015 se deberá indicar el origen para la carne de cerdo, ovino, caprino, y aves.

3) Indicación del nombre de los aceites y grasas vegetales: los aceites y grasas de origen vegetal que hasta ahora se podían indicar bajo la categoría de «aceites o grasas vegetales», a partir de ahora, además, se designan con su nombre específico, por ejemplo aceite de soja, aceite de girasol, etc. 

4) Menciones obligatorias adicionales: establece unas menciones obligatorias que deben acompañar a la denominación de determinados alimentos: «descongelado», «ingredientes de sustitución» (cuando se espera un determinado ingrediente y en realidad es otro), «proteínas añadidas de diferente origen animal», «agua añadida», «elaborado a partir de piezas para carne/pescado» (cuando de la impresión de que el producto es una pieza entera y realmente está hecha de trozos».

5) Fecha de congelación: se debe indicar la fecha de congelación para carnes y productos de la pesca sin transformar congelados. 

6) Envolturas de embutidos: hay que indicar, en su caso, que la envoltura de un embutido no es comestible. 

7) Productos glaseados: en los productos glaseados el peso neto declarado no incluirá el peso del glaseado. 

8) Nanomateriales: todos los ingredientes presentes en forma de nanomateriales artificiales deberán indicarse claramente en la lista de ingredientes seguidos de la palabra «nano» entre paréntesis. 

9) Venta a distancia: en la venta a distancia, la información obligatoria deberá estar disponible para el consumidor. 

10) Productos con cafeína: en las bebidas con un contenido elevado de cafeína y los alimentos con cafeína añadida se incluirá una mención específica de advertencia para niños y mujeres embarzadas. 

11) Alérgenos: se indicará en la lista de ingredientes las sustancias que causaran alergias o intolerancias (cereales con glutén, huevos, crustáceos y pescado, etc.) de manera clara y con tipo de letra, estilo o color diferente al resto de ingredientes. Si no hay lista de ingredientes, se utiliará el término «contiene», seguido de la sustancia o producto que figura en el anexo II de dicho Reglamento. También se informará de estos aspectos en los alimentos sin envasar o envasados en el punto de venta. 

12) Información nutricional, a partir del 13 de diciembre de 2016 será obligatorio indicar la información nutricional para la mayoría de alimentos transformados. 

Los elementos que deben declararse de forma obligatoria son: valor energético, las grasas, las grasas saturadas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal; y todos estos elementos deben presentarse en el mismo campo visual. La declaración debe realizarse obligatoriamente por 100 gramos o por 100 milímetros, lo que permite la comparación entre productos. Además, de forma adicional y con carácter voluntario, esta información se puede declarar por porción. 

La información nutricional obligatoria se puede complementar voluntariamente con otros valores de nutrientes como: ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, polialcoholes, almidón, fibra alimentaria, vitaminas, o minerales. 

El ICO ha concedido préstamos por importe de 21.469 millones de euros en 2014, que han permitido financiar casi 300.000 proyectos de inversión y/o necesidades de liquidez de autónomos y pymes. El volumen de préstamos dispuestos a través de las Líneas ICO supone un incremento del 54,63% respecto al del pasado año y prácticamente dobla la cantidad distribuida en 2012.

Estas cifras representan un récord histórico tanto en el volumen de préstamo concedidos, como en el número de operaciones formalizadas, en los más de 20 años de historia de las Líneas ICO. Asimismo, ponen de manifiesto la normalización en el acceso al crádito, la mejoría de la actividad inversora de las empresas y la consolidación de la recuperación económica. 

En la financiación concedida en 2014 hay tres aspectos destacables: la gran capilaridad en las operaciones financiadas, el incremento, el incremento del volumen de préstamos dispuesto en todas las Líneas de Financiación y el notable aumento de los créditos destinados a financiar la salida al exterior de las empresas españolas. 

Las microempresas y los autónomos han sido los principales receptores de los préstamos ICO, con el 62% de los préstamos dispuestos. Asimismo, hay que destacar que la mayor parte de las operaciones, el 51%, son préstamos inferiores a 25.000 euros. Más de un 25% de los préstamos han sido concedidos a autónomos. 

Los datos de las Líneas ICO 2014 ponen también de manifiesto la creciente actividad internacional de las pymes españolas. Las Líneas destinadas a la Exportación e Internacionalización son las que mayor crecimiento han tenido, y representan ya el 24% de la demanda total de préstamos ICO.

El notable aumento de la actividad crediticia se ha traducido en una mayor presencia de la entidad en el sistema crediticio español. La financiación concedida por el ICO se sitúa en el 11,8% del total del crédito distribuido por el conjunto del sistema financiero a empresas con vencimiento superior a un año, lo que sitúa al ICO como una entidad de referencia en la financiación de las pymes. 

Las empresas de Cataluña son las que mayor volumen de financiación han recibido, con el 19,76% del total. Le siguen Madrid, con el 14,98%; Andalucía, con el 11,73% y Valencia con el 11,62%.

Crecimiento de todas las Líneas de Financiación

La Línea ICO Exportadores Corto Plazo ha sido con gran diferencia, la que ha experimentado un mayor crecimiento. En 2014 se han distribuido casi 4.800 millones en créditos, lo que supone un incremento de más del 242% respecto a 2013.

A través de esta línea se han financiado cerca de 65.000 facturas, por un importe medio de 73.800 euros. Se han concedido préstamos para operaciones de exportación con destino a 186 países diferentes. La Unión Europea engloba el 67% de las facturas financiadas, destacando por países Francia, con el 18%; Alemania, con un 12% e Italia, con el 10%. 

La Línea ICO-Internacional, destinada a financiar la implantación de empresas españolas en el exterior, ha distribuido casi 400 millones de euros en préstamos, lo que supone un incremento del 44% respecto al pasado año. Se han financiado más de 800 proyectos en 82 países diferentes.

Entre las principales líneas de mediación del ICO cabe destacar la Línea Empresas y Emprendedores, cuya finalidad es financiar tanto inversión como liquidez. A través de esta línea se han concedido préstamos por valor de más de 16.000 millones de euros, un 33% más que el mismo período de 2013.

También hay que destacar el crecimiento experimentado por la Línea ICO SGR/SAECA, que ha alcanzado un importe de 88 millones de euros, lo que supone un incremento de 22% respecto al pasado año. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el Antreproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamento Criminal (LECrim) con el que se conseguirá agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, así como regular las medidas de investigación tecnológica, que carecían de un marco legal adaptado a la realidad, al tratarse de una norma dictada en 1882.

El texto aprobado hoy se remite al borrador de Código Procesal Penal realizado por una comisión de expertos, en el que se proponía un cambio radical del sistema de justicia penal, por lo que su implantación requeriría de un amplio consenso. A la espera de que ese gran acuerdo se alcance, hay ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ese momento para ser establecidas, por lo que se han incluido en la reforma aprobada. 

Agilización procesal

Entre las medidas previstas en el anteproyecto para la agilización de la justicia penal figura la modificación de las reglas de conexidad para evitar el automatismo que se produce actualmente con la acumulación de causas en lo que se conoce como macroprocesos. La regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa. La acumulación por conexión sólo tendrá sentido si concurren circunstancias tasadas y cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más aconsejable. 

Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados que actualmente son archivadas inmediatamente previo visto bueno del fiscal. Para garantizar un adecuado control judicial, serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales. 

Se sustituye el inoperante plazo de un mes previsto en la actual LECrim para la instrucción de los procedimientos por plazos realistas, a cuyo fin se deberá decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o se dicta el sobreseimiento libre o provisional. Los asuntos sencillos tendrán un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 18 meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

Se considerará complejos los que hayan sido cometidos por grupos u organiaciones criminales, tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realiación de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realiar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo. 

Se establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por un abogado, acepte la pena fijada. Está previsto para los delitos de escasa gravedad cuya sanción sea multa o pena de prisión sustituible por la primera, como pueden ser los delitos contra la seguridad vial cometidos con embriaguez. 

Garantías procesales 

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal, el antreproyecto fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por este tribunal. 

Se establece en el ordenamiento español una vía para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que España resulta condenada a través del recurso de revisión, lo que ha conllevado una modificación de los motivos por los que se puede impugnar una sentencia penal por esta vía excepcional. 

Aprovecha la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales para realizar una completa regulación del derecho de defensa no sólo para las personas físicas sino también para las entidades contra las que puede dirigir el proceso. 

Además, se regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.

Medidas de investigación 

En lo relativo a las medidas de investigación es donde la Ley de Enjuiciamiento Criminal habñia quedado más desfasada. Los cambios que se han producido en las comunicaciones desde que se promulgó la norma en el siglo XIX se han venido supliendo con la jurisprudencia, pero no podía abandonarse por más tiempo en ella lo que debe ser objeto de regulación legislativa. 

De hecho, recientemente, el Tribunal Constitucional ha apuntado el carácter inaplazable de una regulación que aborde intromisiones en la privacidad del sujeto pasivo del proceso penal, a lo que se suma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha anulado una Directiva sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público. 

Por ello, el artículo 579 de la LECrim se sustituirá por una nueva redacción del Título VIII del Libro II de dicha norma en el que se incluyen las nuevas tecnologías. Se dividirá en cuatro apartados: Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; Captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; y Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información. 

La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos siguientes: los castigados con pena de al menos tres años de prisión; los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; los de terrorismo; y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.

El anteproyecto establece que en ningún caso la captación y grabación de las conversaciones privadas y de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también encausados por los hechos investigados. 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cláusula contractual incorporada a un contrato de seguro re responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículo a motor por la que se excluían de cobertura los daños y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera además menor de veitiséis, quedando así abierta a la aseguradora la acción de repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados. 

En concreto, examina la facultad de repetición de la aseguradora a la luz del régimen aplicable, introducido por la reforma de 2007, que limita las posibilidades de repetición de la indemnización satisfecha por el asegurador frente al tomador o asegurado a las causas previstas en la Ley, impidiendo la repetición con base en causas previstas en el propio contrato de seguro. 

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendió repetir contra su asegurado el importe de la indemnización satisfecha, pero el Juzgado de Primera Instancia rechazó dicha pretensión al considerar nula la referida estipulación contractual. 

La Audiencia Provincial, por el contrario, entendió que se trataba de una cláusula meridiananmente clara y expresiva de la intención de los contratantes (lo que excluía otras interpretaciones) y válida, puesto que la exclusión de cobertura de conductores de menor de edad que la estipulada, no declarados por el asegurado, puede obedecer a diversas motivaciones o finalidades subjetivas queridas y aceptadas por las partes al contratar (por ejemplo conocimiento de los declarados, impedir que el vehículo sea conducido por múltiples conductores noveles, etc…) perfectamente lícitas, y aunque se tratase de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, no podía cuestionarse su validez desde el momento en que aparecía «convenientemente destacada en la póliza y suscrita por el tomador», cumpliendo los requisitos exigibles para su virtualidad por el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. 

También consideró que era suficiente para acreditar las sumas reclamadas como indemnización la justificación de la aseguradora demandante y el escrito de la lesionada-perjudicada presentado ante el Juzgado. Ahora, el Supremo llega a una conclusión distinta.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal al considerar que se infringieron las normas reguladores de la carga probatoria, puesto que a la aseguradora demandante le incumbía no solo acreditar que había pagado determinadas cantidades sino también que tales cantidades resultaban verdaderamente exigibles por corresponderse con el daño o perjuicio realmente causado, lo que la Audiencia no consideró necesario. 

A pesar de que hace más de un año que entró en vigor la Ley de Morosidad, las Administraciones Públicas siguen sin adaptarse a la misma y el período medio de pago se sitúa en 90 días, tres meses, según se desprende de la encuesta trimestral realizada a trabajadores autónomos proveedores habituales del sector público y también privado. 

A pesar de estos datos, el informe elaborado desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA muestra cómo a lo largo de 2014 las Administraciones Públicas sí han hecho un esfuerzo y han reducido los plazos medios de pago un 30,2% a lo largo del año, pasando de los 129 días en diciembre de 2013 a los 90 en diciembre del presente ejercicio, lo que se traduce en un descenso de 39 días, de media. 

En lo que se refiere al sector privado, los periodos medios de pago se han mantenido prácticamente intactos a lo largo de 2014, pues si en diciembre de 2013 hablamos que el sector privado pagaba, de media, en 85 días ahora hablamos de que lo hace en 84.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, destaca que a pesar de los esfuerzos por poner coto a la morosidad tanto las Administraciones Públicas como el sector privado siguen incumpliendo la Ley: los periodos medios de pago del sector público se sitúan tres veces por encima de lo que se establece (concretamente en 90 días frente a los 30 que establece la Ley) y en 84 días en el sector privado, frente a los 60 que establece la Ley.

Así teniendo en cuenta que el plazo medio de pago de las AA.PP. se sitúa en los 90 días y del sector privado en 84, el plazo medio de pago de las facturas a los autónomos, entre mbos sectores se sitúa en 87 días, es decir, en practicamente tres meses. 

LOS AUTÓNOMOS, LOS ÚNICOS QUE CUMPLEN CON LO QUE MARCA LA LEY 

Si analizamos los periodos medios de pago atendiendo al tamaño de la empresa, cabe destacar, que las empresas de más de 1.000 trabajadores, que a priori puede parecer que son las que más capacidad tienen para hacer frente a sus facturas con proveedores, continúan siendo las que más tardan en pagar, demorándose en más de cuatro meses (127 días) en hacer frente a las facturas que tienen con sus proveedores autónomos. 

Como en informes anteriores, cuanto menor es el tamaño de la empresa, menos tardan en pagar las facturas a sus proveedores. Así, las empresas que tienen entre 250 y 1.000 trabajadores pagan en 117 días de media. Si descendemos a las empresas que cuentan con entre 50 y 250 empleados, los plazos medios de pago descienden hasta los 74 días y hasta los 68 en el caso de las que tienen entre 9 y 50 trabajadores. 

En cuanto a las transacciones entre los propios autónomos y con empresas de menos de 10 trabajadores son los únicos sectores que cumplen con lo que establece la Ley: las transacciones entre los autónomos se sitúan en 57 días y en 61 en el caso de las empresas que cuentan con entre uno y nueve trabajadores a su cargo. 

PROPUESTAS DE ATA PARA PONER FRENO A LA MOROSIDAD

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos pide que se pongan en marcha de forma inmediata las siguientes medidas para acabar con esta situación de morosidad:

Crear un cuerpo de inspección que vigile la morosidad.

Establecer un recargo del 20% inmediato para todas aquellas Administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley y la Directiva Europea de lucha contra la morosidad.

Establecer un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores.

Habilitar un buzón de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley.

Que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.

“Viendo los resultados del informe, queda latente que en temas de morosidad no sólo hay que preguntar a las Administraciones Públicas el tiempo en el que abonan sus facturas sino también a los proveedores el tiempo en el que las cobran”, señala Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA y Embajador de la CE para la vigilancia de la morosidad.

«Los problemas siguen ahí y no se reducen. Los autónomos tienen que esperar cinco meses en cobrar los servicios que han prestado a una Administración. La morosidad continúa siendo una lacra que lastra la actividad de miles de autónomos en nuestro país y que en muchas ocasiones les conduce al cierre del negocio. No habrá una recuperación económica más rápida hasta que no pongamos fin a este problema», apunta Lorenzo Amor. 

La Sala de lo Civil ha declarado válido y eficaz el testamento ológrafo otorgado por una mujer por el que legaba un piso de su propiedad a otra mujer, en una nota escrita nueve años después al testamento que firmó ante notario.

La fallecida no tenía descendencia y había testado en abril de 1993 a favor de sus seis sobrinos. El 6 de mayo de 2002 escribió una nota en la que manifestaba su voluntad de dejar uno de sus pisos a otra mujer, » por el tiempo que lleva conmigo, tan atenta y cariñosa».

En primera instancia se dio validez de testamento ológrafo a estas líneas escritas a mano. La Audiencia Provincial de Asturias revocó la sentencia con el argumento de que la fallecida no tuvo la resuelta intención de disponer de sus bienes por sí misma de manera definitiva sino que se dirigía a sus sobrinos para que fueran éstos los que le cedieran un bien.

Ahora el Supremo revoca esa sentencia de la Audiencia Provincial al entender que en las notas de la fallecida concurría » la verdadera voluntad de testar». » No puede pensarse- señala la sentencia de la Sala – que sea un simple ruego a sus sobrinos, herederos, o a la legataria, que lo era de la casa entera, sino que era su voluntad (testamentaria), sin que tengan trascendencia jurídica los móviles que le llevan a ello, » por el tiempo que lleva conmigo, tan atenta y cariñosa,» los que por cierto, tampoco se ha probado que sean falsos».

Ese texto se completa con otras notas anteriores escritas de puño y letra y firmados por la fallecida, en las que la mujer expresaba su voluntad de «cumplir con Tina». La sentencia ha tenido en cuenta que se cumplen los requisitos formales de la firma, la fecha, salvar tachaduras… La Sala recuerda la sentencia de 1918 que fijó la validez de testamento ológrafo que en aquel caso se trataba de una carta de novios en la que se decía, » todo para ti, todo».

Por todo ello, se admite el recurso de casación y se revoca parcialmente el testamento abierto de la fallecida y se reconoce a la heredera el derecho a recibir el mencionado piso. 

Los beneficiarios de las tres deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incorpora la reforma fiscal para el apoyo a la familia podrán solicitar a partir del mes de enero próximo su abono anticipado. Las deducciones se incluirán en la declaración anual de IRPF del 2015, a presentar en 2016, donde se regularizarán las cantidades que hubieran percibido como abono anticipado. 

La Agencia Tributaria ha comenzado ya a enviar cartas informativas a los beneficiarios potenciales, en las que recoge los requisitos y procedimiento para la percepción mensual de estos impuestos negativos. 

La solicitud del pago anticipado se podrá realizar de manera colectiva o individual mediante la presentación de un nuevo modelo, el 143, por cada una de las deducciones, acumulables entre sí, a las que los beneficiarios tengan derecho (100 euros mensuales por familia numerosa y por cada descendiente y ascendiente con discapacidad; 200 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial). 

Las deducciones, que podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos. 

Los requisitos son dos: por un lado, realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa; por otro, tener derecho a la aplicación del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad, o ser ascendiente ascendiente o hermano huérfano de padre y madre formando parte de una familia numerosa. 

El límite para cada una de las deducciones serán las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y/o mutualidades devengadas en cada período impositivo. Si se tuviera derecho a la deducción por contar con varios ascendientes y/o descendientes con discapacidad, el límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos. 

Procedimiento para la solicitud del pago anticipado

Una vez cumplimentado, el modelo de solicitud se podrá presentar por internet a partir del 7 de enero en la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es) mediante ‘Cl@ve’, ‘PIN 24 horas’, DNI electrónico o certificado digital. Al final de la carta remitida a los beneficiarios se recoge el Código Seguro de Verificación (CSV) requerido para las nuevas altas en Cl@ve de aquellos beneficiarios que no estén registrados en el PIN 24 horas. La solicitud también se podrá formalizar a partir de esa fecha en el teléfono 901 200 345.

A partir del 3 de febrero, la solicitud se podrá presentar también en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, previa cumplimentación en la web de la Agencia, impresión y firma por parte de todos los solicitantes.

Cuando existan varios beneficiarios de una misma deducción, el abono anticipado se solicitará de manera colectiva o individual, elección que se podrá modificar para las distintas deducciones en enero de cada año.

En el caso de la solicitud colectiva, deberán suscribir la solicitud todos los solicitantes que pudieran tener derecho a la deducción. Quien figure como primer solicitante deberá cumplir los requisitos para el abono de la deducción en el momento en que se presente la solicitud y será quien reciba la transferencia bancaria mensual. Si los beneficiarios optan, en cambio, por la solicitud individual, el importe de la deducción se dividirá entre los distintos solicitantes por partes iguales.

¿Quiénes pueden solicitar el abono anticipado?
Ascendientes -o hermanos huérfanos de padre y madre- que formen parte de una familia numerosa.

Contribuyentes con derecho a la aplicación de los mínimos por descendientes o ascendientes con discapacidad.

Requisitos

Título de familia numerosa y/o certificado de discapacidad: los solicitantes deben comprobar que cuentan con la documentación acreditativa de familia numerosa y el certificado de discapacidad del ascendiente o descendiente. Las Comunidades Autónomas enviarán directamente esta documentación a la Agencia Tributaria.

Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos los solicitantes, así como de los descendientes y ascendientes con discapacidad. Para menores de 14 años que no cuenten con NIF se podrá solicitar un NIF con la letra ‘K’ de menores en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Alta en la Seguridad Social o mutualidad y plazos mínimos de cotización (en las solicitudes colectivas basta con que el requisito lo cumpla quien figure como primer solicitante).

El índice general de precios de vivienda registró en el tercer trimestre de 2014 un descenso del 0.2% respecto del trimestre anterior. La tasa de variación interanual fue del -2.5%.

Dicha caída se atempera aún más si se tiene en cuenta el efecto de la inflación que se ha moderado en el último año. Así, la variación en términos reales se ha situado en el 3T de 2014 en el -2.2%, debiéndonos remontar al 2T de 2008 para encontrar una variación similar. 

Distribución territorial

La distribución regional muestra que las Comunidades Autónomas con caídas interanuales del índice general de precios por encima de la media nacional (-2,5%) se han localizado en Navarra (-5,7%), Extremadura (-5,1%), Murcia (-4,8%), Aragón (-4,4%), La Rioja (-4.3%), Castilla-La Mancha (-4,2%), Asturias (-4,1%), Castilla y León (-3,9%), Comunidad Valenciana (-3,3%), Galicia (-3,2%), Andalucía y País Vasco (-2.6%). Con caídas por debajo de la media se sitúan Madrid (-1.9%), Cantabria (-1.2%), Cataluña (-1,0%), Canarias (-0,6%), Baleares (-0,2%) y Ceuta y Melilla (-0,1%). 

Precio de la vivienda libre y evolución desde máximos

En el tercer trimestre de 2014, el precio medio del metro cuadrado de vivienda libre en España ha sido de 1.455,8 euros, lo que representa una variación interanual del -2,6% y trimestral del 0,2%. 

Por comunidades, las mayores caídas en tasa interanual se han producido en Navarra (-7,5%), Extremadura (-5,5%), Murcia (-5,2%), Aragón (-4,3%), La Rioja (-4,3%) y Castilla La Mancha (-4,1%). 

En el lado opuesto se sitúan Ceuta y Melilla (0,4%), Canarias (-0,1%), Baleares (-0,2%), Cataluña (-1,0%) y Cantabria (-1,3%). 

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta dos años de antigüedad se situó en 1.518,5 euros. La variación interanual fue del -2,9%.

En cuanto a la vivienda libre de más de dos años de antigüedad el precio alcanzó los 1.434,1 euros por metro cuadrado, con una caída del 2,6% en tasa interanual. 

Por municipios de más de 25.000 habitantes, los precios más elevados se presentan en San Sebastián, 3.154,0 euros/m2, Getxo, 2.842,4 euros/m2, Alcobendas, 2.464,3 euros/m2, Calviá, 2.463,0 euros/m2, San Cugat del Vallés, 2.447,1 euros m2, Barcelona, 2.404,2 euros/m2 y Bilbao, 2.387,7 euros m2. 

Los precios más bajos en municipios de más de 25.000 habitantes se registran en Ontinyent, 545,2 euros/m2, Jumilla, 557,8 euros/m2, Elda, 588 euros/m2, Yecla, 598,6 euros/m2, Villarobledo, 610 euros/m2 y Crevillent, 615,8 euros/m2. 

Vivienda protegida 

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida en España en el tercer trimestre del año fue de 1.097,5 euros, un 0,1% inferior al del segundo trimestre. La variación respecto al mismo trimestre de 2013 muestra una caída del -1,5%. 

Tasaciones

El número de tasaciones inmobiliarias para realizar el cálculo de los precios de viviendas fue en el tercer trimestre de 2014 de 78.598, lo que supone un aumento del 46,5% frente a las realizadas en el tercer trimestre de 2013.

Los datos utilizados en el cálculo de los Precios de Vivienda corresponden a las viviendas tasadas por las distintas sociedades de tasación que se integran en La Asociación de Análisis del Valor (AEV) cuyas normas de valoración están reguladas según Orden EHA/3011/2007 del Ministerio de Economía y Hacienda. 

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en materia mercantil, ha estimado el recurso presentado por un consumidor y ha declarado abusiva, y por tanto nula, la cláusula suelo incluida en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria suscrita con el Banco Pastor. La sentencia considera que la mencionada cláusula, «que ha sido redactada de antemano e impuesta al cliente sin posibilidad real de negociación», es abusiva dado que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones que derivan del contrato de préstamo. 

El tribunal analiza si la cláusula cumple el conocido como control de transperencia, es decir, si ha sido redactada de manera clara y comprensible, y concluye que, aunque formalmente cumple las previsiones exigidas en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, que regula el proceso de concesión de préstamos a los consumidores, lo cierto es que la información suministrada a través de la oferta vinculante y, sobre todo, la escritura pública de préstamo, «es manifiestamente insuficiente» a los efectos de asegurar que el cliente tuviera una idea cabal de las consecuencias económicas que derivaban de la existencia de la cláusula». 

El fallo sostiene que en el maremágnum de datos, normas y cifras que se enumeran en la escritura, la cláusula suelo no solo pasa desapercibida, sino que queda oscurecida por el resto de estipulaciones, impidiendo que pueda ser percibida por el consumidor como relevante y merecedora de la atención necesaria al tratarse de un elemento que afecta al objeto principal del contrato. 

Una vez afirmado que la cláusula no respeta el control de transparencia, la sala estudia si puede calificarse como abusiva, para lo cual examina si existe un equilibrio entre los denominados «suelo» y «techo», concluyendo en sentido negativo al apreciar que el Euribor nunca rebasó el 6%, pero ya antes de la crisis financiera sí había descendido más allá del 4%, hasta el 2%, siendo la medida de los últimos catorce años de 3,203%, «por lo que estipular un suelo del 4% y un techo del 12,50% introduce una desproporción muy relevante entre los derechos y obligaciones que el contrato establece para las partes, en perjuicio del consumidor, que claramente no habría admitido semejante desigualdad de prestaciones en el marco de una negociación individualizada que le hubiera permitido tener un conocimiento real y completo de las consecuencias de la estipulación».

Para los magistrados, había una probabilidad muy alta de que el interés bajara del 4%, sin que ese descenso pudiera trasladarse al consumidor debido a la cláusula suelo, mientras que la probabilidad de que el interés excediese del 12,5% era prácticamente nula, con lo que la supuesta protección frente a subidas de los tipos no era realmente tal.

La apreciación del carácter abusivo implica que la cláusula declarada nula se tendrá por no puesta, con el efecto de que, desde la fecha de la sentencia, queda sin efecto el límite mínimo a la variación del tipo de interés.Asimismo, la sentencia ordena la inscripción del fallo judicial en el Registro de Condiciones Generales de la Concentración, a fin de evitar que vuelvan a utilizarse cláusulas similares en lo sucesivo. El impacto se proyecta así hacia el futuro, si bien, en opinión de la sala, la sentencia abre la puerta a la impugnación de todos auellos contratos actuales en las que se contengan estipulaciones similares a la declarada nula.