El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la metodología para calcular los porcentajes de reaprto del coste del bono social. 

El bono social, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico, se corresponde con la cantidad resultante de la diferencia entre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que pagan todos los consumidores domésticos y la tarifa de último recurso, que pagan los consumidores vulnerables que se determinen. Actualmente, existe un descuento del 25% sobre el PVPC. 

El bono social se configura como una obligación de servicio público cuya financiación recae sobre los agentes verticalmente integrados que desarrollan, simultáneamente, actividades de generación, distribución y comercialización.

Cálculo objetivo

La misma Ley determina que el porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calculará de manera objetiva en función del número de suministros conectados a las redes de distribución y del número de clientes de las empresas comercializadoras, de cada grupo de empresas. 

Este porcentaje de reparto se calculará anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y se aprobará por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, conforme al procedimiento que se establece en el Real Decreto al que hoy se ha dado el visto bueno del Consejo de Ministros. 

Así, el porcentaje se calculará, para cada grupo empresarial, como la relación entre:

Un término (numerador) que será la suma de las medias anuales del número de suministros conectados a las redes de distribución de las empresas distribuidoras y del número de clientes de las empresas comercializadoras en que participe el grupo.  

Otro término (denominador) que corresponderá a la suma de los valores medios anueales de suministros y clientes totales los grupos empresariales que deben ser considerados a los efectos de este reparto.

Se establece un mecanismo de control y transparencia, ya que la Comisión Nacional de los Mercados y la  Competencia tendrá que publicar determinada información utilizada para este cálculo en su página web, en el mes de noviembre de cada año. 

Impacto positivo para los consumidores vulnerables

La futura norma no tendrá impacto presupuestario, aunque sí tendrá un impacto económico en las empresas que resultarán designadas para soportar el coste del bono social en función de los porcentajes que se establezcan conforme a esta norma; pero, sobre todo, tendrá un impacto positivo para los consumidores vulnerables, dado que con este Real Decreto se garantizará la partida destinada a la aplicación del bono social a este colectivo.

Para cuantificar el importe anual del coste del bono social puede tomarse como referencia la estimación de la cuantía correspondiente al bono social para 2013, que ascendió a 228,4 millones de euros. 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado las enmiendas del Senado a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que culmina de este modo su trámite parlamentario y queda lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. 

El Ejecutivo explica, en la exposición de esta reforma, que el Impuesto sobre Sociedades se aplica a la actividad económica desarrollada por las personas jurídicas y constituye, junto con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un pilar básico de la imposisción directa en España, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución, que exige la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, según la capacidad económica de cada contribuyente. 

La Ley presente refleja la misma estructura del Impuesto sobre Sociedades que existe desde el año 1996, de manera que el resultado contable sigue siendo el elemento nuclear de la base imponible y constituye un punto de partida clave en su determinación. Sin embargo, esta iniciativa propone una revisión global con el fin de cumplir los principios constitucionales de neutralidad, igualdad y justicia; al tiempo que se propone como objetivos el incremento de la competitividad económica; la simplificación del impuesto; la adaptación al derecho comunitario; la seguridad jurídica y la lucha contra el fraude. 

Enmiendas 

Durante la Sesión, el Pleno del Congreso deliberó sobre las 34 enmiendas procedentes del Senado. Entre las modificaciones aprobadas, con vistas a obtener mayor seguridad jurídica se prevé que el cómputo de una entidad como patrimonial se realice sobre la media de los balances trimestrales, en el artículo 5. 

En segundo lugar, se suprime la referencia a la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, para sustituirla por la nueva de inminente aprobación, por la que se regulan las entidades de capital riesgo. 

Por otra parte, se elevan del 60 al 70% el límite de integración de la base imponible de las dotaciones por deterioro de los créditos y otros activos y las correspondientes a aportaciones a sistemas de previsión social. 

En otra de las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, se establece una regla de reducción proporcional de la deuda en un plazo de ocho años en las operaciones de adquisición de participaciones con endeudamiento, de tal modo que no opere el límite establecido en este precepto.

Con respecto a la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas, se desarrolla el tratamiento fiscal específico de la misma en el caso de entidades holding. También se añade una precisión respecto al cálculo de porcentaje de ingresos cuando la entidad directamente participada sea la dominante de un grupo, de manera que el 70% se analice a nivel consolildado. Además, en el caso de entidades en las que al menos el 15% de sus rentas tengan la consideración de rentas sujetas al régimen fiscal internacional se requiere poseer una participación en una entidad que quede sometida al referido régimen fiscal especial. 

En el ámbito audiovisual, se establece que las deducciones cinematográficas se generen a medida que se va incurriendo en los costes de producción, si bien la deuda se practicará en el período impositivo en el que se realice la producción de la obra. 

También se determina una regla de reducción proporcional de la deuda en un plazo de ocho años en las operaciones de incorporación al grupo fiscal entidades adquiridas con endeudamiento. Asimismo, se incrementa del 60 al 70% el límite de la base imponible que se establece.

Con respecto a los territorios históricos del País Vasco y Navarra, se redacta una nueva disposición adicional con referencia exclusiva al País Vasco. También porque dicha norma entraba en conflicto con el propio convenio económico con la Comunidad Foral de navarra al estar previstos los grupos mixtos.

Además, se añade la disposición transitoria que pretende establecer una deducción para los contribuyentes afectados por la limitación de amortizaciones o acogidos a la actualización de balances, previstas en la ley 16/2012, con objeto de minorar el coste económico que les pueda generar la reducción de l tipo de gravamen. Esta enmienda se votó separadamente. 

Por último, se determina que esta ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2015 y será de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de la expresada fecha, salvo las Disposiciones Finales cuarta a séptima, que entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado» y serán de aplicación en los términos en ellas estalecido. 

Se pone en marcha en el Sector Público Administrativo Estatal el sistema CL@VE, para unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante claves concertadas (por ejemplo, usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los distintos servicios. 

Es un proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la participación especial de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y otros organismos como la Dirección General de la Policía o La Dirección General de Tráfico.

CL@VE resuelve las limitaciones de identificación de los ciudadanos. 

CL@VE se ha diseñado como un sistema general de identificación, auntentificación y firma electrónica, llamado a resolver las limitaciones de los actuales, integrando los sistemas existentes de claves concertadas de la Administración en uno ünico, abriendo su utilización a la totalidad del Sector Público Administrativo Estatal, y permitiendo también integrarse al resto de las Administraciones Públicas. 

Cl@ve es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y complementa a los actuales sistemas de acceso, como son el DNI-e y los certificados electrónicos. 

Por qué nace Cl@ve 

En la actualidad, existen diferentes sistemas de identificación, y autenticación electrónica para el acceso de los ciudadanos a los servicios digitales que ofrece la Administración. Los sistemas basados en certificados electrónicos son de uso universal y permiten el acceso a todos los servicios digitales de la Administración, pero su utilización puede entrañar dificultades para algunos ciudadanos al requerir conocimientos técnicos básicos. 

Por este motivo, las Administraciones Públicas se han apoyado en otros sitemas de identificación y autentificación que se basan en la utilización de claves concertadas o en otros métodos no criptográficos. Estos sistemas no son interoperables entre sí, con el trastorno que ello supone para el ciudadano al tener que conocer y aplicar distintos sistemas según la Administración, el organismo, servicio o trámite al que acceda.

Cl@ve nace para unificar todos los sistemas de identificación y autentificación electrónica en uno solo, facilitando a los ciudadanos un acceso único, más fácil y sencillo a los servicios públicos por vía electrónica. 

Cómo usar el sistema Cl@ve

Para usar este sistema es preciso registrarse previamente en el mismo, lo que podrá hacerse por Internet, en el portal informativo del mismo (http://clave.gob.es), o presencialmente en las Oficinas de Registro. 

Inicialmente funcionarán como Oficinas de Registro la red de oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

El sistema Cl@ve proporcionará a los ciudadanos dos modalidades de identificación electrónica basadas en el uso de claves concertadas:

* Cl@ve PIN: En esta modalidad se podrá acceder a los servicios electrónicos por medio de una contraseña, formada por una clave elegida por el ciudadano más un código que recibirá en su dispositivo móvil y que tiene una validez muy limitada en el tiempo. Está orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios. 

* Cl@ve  permanente: En esta modalidad, el acceso se realizará con un identificador (usuario) y una contraseña que debe ser custodiada por el ciudadano. Adicionalmente, y cuando el tipo de trámite lo requiera se podrá requerir un código que se enviará al dispositivo móvil del ciudadano. 

Ya es posible utilizar Cl@ve en diferentes servicios electrónicos de la Administración, como los ofrecidos por los siguientes organismos:

* Tesorería de la Seguridad Social (Consultas y trámites frecuentes incluidos en Tu Seguridad Social).

* Instituto Nacional de la Seguridad Social (Servicios incluidos en el portal de Tu Seguridad Social). 

* Agencia Estatal de Administración Tributacia (Todos los trámites en los que se permite actualmente el sistema PIN24H).

* Dirección General de Tráfico (Servicio de consulta de puntos y antecedentes). 

* Ministerio del Interior (Consulta del Estado de Mis solicitudes y Mis Tramitaciones).

Progresivamente se irán incorporando nuevos organismos y sus trámites a este sistema, de tal manera que a finales de 2015 los ciudadanos podrán utilizarlo en todos los servicios y trámites electrónicos del Sector Público Administrativo Estatal. 

El sistema será extensible al resto de Administraciones Públicas, mediante la firma de convenios de colaboración. 

Agencia Tributaria

Los contribuyentes que venían realizando sus trámites con el «PIN 24 horas», el acceso habitual a sus trámites pasa a denominarse «Cl@vePIN24H». Los contribuyentes ya registrados en el «PIN», como hasta ahora, deben introducir su DNI, la fecha de caducidad del mismo y una clave de acceso de cuatro dígitos a su elección para recibir el PIN mediante un mensaje al número de móvil que ya habían aportado en su día cuando realizaron el registro inicial. 

Con este PIN ya podrán acceder, como hasta ahora, al trámite que quieran realizar, pero, previamente, recibirán un aviso en pantalla sobre la posibilidad de registro en Cl@ve. Si pinchan en el botón «Registrarse en Cl@ve» del mensaje pararán a Cl@ve, mientras que si eligen la opción «en otro momento» podrán mantener su registro original en el «PIN 24 horas». 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicsa, Cristobal Montoro, y el embajador de Canadá en España, Jon Allen, han firmado en la sede del ministerio el protocolo que modifica el convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. El texto, que ahora deberá ser ratificado por los Parlamentos de ambos países, sustituye al firmado en Ottawa en 1976 y vigente desde diciembre de 1980.

Este nuevo protocolo supone una mejora y actualización de determinados articulos del convenio para adaptarlos tanto a las necesidades derivadas de las actuales relaciones económicas y comerciales entre España y Canadá, como a los sucesivos cambios que se han ido produciendo en el Modelo Convenio Tributario de la OCDE para evitar la doble imposición.

Asimismo, el protocolo pretende ser un instrumento que sirva para intensificar tanto el comercio como la inversión canadiense en España, así como la española en Canadá, aportando seguridad jurídica a dichas relaciones económicas. De esta forma, se mejora el tratamiento fiscal de los pagos por dividendos e intereses, reduciendo los tipos de retención, y se amplían los supuestos de exención. 

Todo ello dinamizará los flujos económicos existentes y favorecerá nuevas oportunidades de negocios. Los intercambios comerciales entre ambos países superaron los 2.200 millones de euros en 2013. Destacan los productos farmaceúticos, combustibles y aceites, máquinas y aparatos mecánicos, y minerales. Las inversiones directas brutas de Canadá en España alcanzaron los 110 millones de euros en 2013, y las españolas en Canadá, llegaron a 109 millones de euros, en ese mismo año. El stock de inversión directa de Canadá en España superaba en 2012 los 2.000 millones de euros. El stock de inversión directa de España en Canadá alcanzaba los 800 millones de euros en ese ejercicio. 

El texto del protocolo actualiza, asimismo, la lista de los impuestos de ambos países a los que se aplica el convenio, incorpora la asistencia en la recaudación de impuestos y pone al día la regulación del intercambio de información y procedimientos amistosos.

Además, se ha incluido una claúsula antiabuso, antes inexistente. Este tipo de claúsulas se incluyen en la mayor partede los convenios para evitar la doble imposisción que ha negociado España en los últimos años y están en sintonía con el proceso de lucha contra la evasión fiscal como la opacidad en los flujos internacionales de capitales.

Con este protocolo España da un paso más en su compromiso de renegociar todos aquellos convenios que, tanto por el paso del tiempo como por las estrechas relaciones económicas que se mantienen con determinados países, necesitan adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Más convenios en el horizonte

En la actualidad España ha negociado 101 convenios para evitar la doble imposisción, estando en vigor 88. Los otros 113 se encuentran en distintas fases de tramitación (Azerbaiyán, Bahrein, Bielorrusia, Cabo verde, Catar, Montenegro, Namibia, Nigeria, Omán, Perú, Senegal, Siria y Uzbekistán). Junto con el de Canadá se han renegociado en los últimos años los convenios con Argentina, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Holanda, India, México y Reino Unido.

Por otra parte, están en vigor los acuerdos de intercambio de información con Andorra, Aruba, Bahamas, Curaçao, San Martín y San Marino, así como el Acuerdo con los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras).

Están en distintas fases de tramitación los acuerdos de intercambio de información negociados con Bermudas, Guernesey, Islas Caimán, Islas Cook, Isla de Man, Jersey, Macao, Mónaco, Santa Lucía así como con San Vicente y Las Granadinas.

Paso de gigante en Berlín​​

Además de la firma de acuerdos bilaterales, hay que destacar los pasos que se están dando de forma multilateral en el ámbito internacional. En este sentido, más de 50 países y jurisdicciones de todo el mundo firmaron el pasado 29 de octubre en Berlín un acuerdo multilateral para el intercambio de información sobre cuentas financieras. España recibirá información de cuentas bancarias, de forma periódica automática y estandarizada.

España, junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (los cinco países impulsores de la propuesta) han calificado de histórica la fijación de un estándar global de intercambio de información y animan a más países a sumarse al acuerdo de Berlín. 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de un proyecto de Ley que revisa el marco legal de la propiedad industrial en España mediante una profunda renovación de la Ley 11/1986 de Patentes, vigente hasta la fecha. 

El objeto principal es fortalecer el sistema español de patentes, pasando de un marco en el que lo importante era fomentar la iniciativa de patentar a un nuevo marco en el que se quiere primar la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa.

Se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, favoreciendo la internacionalización de las empresas.

Para ello, se pasa de patentes «débiles», que generan a menudo brubujas tecnológicas, alta litigiosidad y monopolios injustificados, a patentes «fuertes», comparables a las de los Sistemas Internacionales y países industrializados. También se simplifican los procedimientos y se adapta la normativa al marco internacional de propiedad industrial, favoreciendo la internacionalización de las empresas. 

Aspectos principales que se regulan 

El proyecto de Ley de Patentes clarifica y simplifica el procedimiento de concesión de la patente, que siempre conllevará un examen previo. Además, se adapta la normativa española al ámbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales. 

Por otro lado, se fomenta la iniciativa emprendedora mediante la reducción de un 50% de la tasa para la obtención de una patente par alos emprendedores. 

Las patentes se hacen más fuertes, lo que significa que siempre llevarán un examen previo que acredite que la invención es nueva, inventiva y tiene aplicación industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se concederá la patente (desapareciendo las «patentes débiles», patentes «curriculares», que existían hasta ahora, sin examen previo). 

Los modelos de utilidad, para invenciones menores, también se fortalecen. Se amplía su ámbito a los productos químicos y se modifica su régimen mediante el requisito de novedad mundial. Además se garantiza su solidez mediante la exigencia del informe sobre el estado de la técnica prejudicial. 

Por último, se incluyen expresamente entre los títulos de protección los Certificados Complementarios de Protección, o CCP, título de propiedad industrial que extiende por un plazo máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmaceútico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización. 

Beneficios del nuevo marco legal

La creación de una patente fuerte supone importantes beneficios:

Para la competencia: evita monopolios injustificados, ya que no se da la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone a no ser que se justifique realmente la novedad y altura inventiva.

Para los ciudadanos: porque se garantiza la seriedad de las patentes, y se simplifican los procedimientos, reduciendo las cargas administrativas.

Para la Administración y los Tribunales: se evita la sobrecarga de la Administración (al no tener que tramitar patentes de escasa calidad técnica) y, de los tribunales, ya que no se otorgarán monopolios injustificados.

Para la imagen de la patente española, que se fortalece y equipara a los sistemas de propiedad industrial más avanzados.

Otro de los beneficios de la nueva ley de Patentes tiene que ver con la seguridad jurídica, ya que se aclara el marco normativo, al adecuarlo a las novedades técnicas y adaptarlo al nuevo marco internacional.

Por último, se incentiva la protección de la innovación por parte de pymes y emprendedores, al disminuir el coste del procedimiento para obtener una patente. 

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha condenado al Banco Espírito Santo a devolver a 31 clientes de Guipúzcoa 2 millones de euros, que invirtieron a través de la entidad en bonos emitidos por Lehman Brothers y el banco islandés Kaupfthing, aunque en la presentación con «power-point» de los productos, los responsables del Banco Espíritu Santo omitieron quienes eran los emisores reales de los productos. 

El Supremo estima el recurso de los clientes y anula la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa que había absuelto al banco, reponiendo en todos sus extremos la sentencia inicial del Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Sebastián, que anuló los contratos de seguros de vida (que fueron la forma que adoptaron las inversiones) y condenó a la entidad a devolver el dinero inicial invertido a los 31 afectados.

El alto tribunal considera fundamental que los clientes no fueran inversores cualificados, y destaca que el banco no les informó adecuadamente «del considerable riesgo asociado a la operación (que llamativamente se calificaba como «seguro de vida») y que solo en algunos documentos contractuales muy accesorios, que no fueron entregados con la necesaria antelación sino en el momento de suscribir la solicitud de seguro e incluso con posterioridad, se hacían puntuales referencias, en el seno del amplio condicionado general, a la existencia de riesgo». 

La sentencia no considera admisible el argumento del banco de que los datos que no suministraron a los clientes (identidad de los emisores de los bonos y su alta calificación por las empresas de rating en aquella época, 2005-2007, antes de que tanto Lehman como el banco Kaupfthing fueran a la quiebra) eran incluso más favorable para la inversión. El Supremo contesta: «Debían ser los clientes quienes, contando con la información exigida por la normativa del mercado de valores, decidieran si dichos emisores les resultabna fiables, especialmente después de que se les suministrara información completa y clara sobre el riesgo de pérdida de su inversión que iba asociada a la insolvencia de esas empresas extranjeras, sin que existiera fondo de garantía que respondiera de tales pérdidas». 

A partir de hoy se podrá empezar a solicitar las ayudas que el Gobierno aprobó el pasado 31 de octubre para subvencionar las adaptaciones en instalaciones de antenas colectivas derivadas del proceso de liberación del Dividendo Digital.

El periodo de solicitud de ayudas comprende las actuaciones realizadas entre junio de 2014 a junio de 2015 y las ayudas empezarán a desembolsarse a partir del 1 de enero de 2015 cuando entran en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

La ayuda, que se podrá solicitar una vez realizada la adaptación a través de la plataforma on line de Red.es disponible en https://ayudas.televisiondigital.gob.es, tal y como indica la convocatoria publicada ayer en el BOE que regula estas subvenciones.

Quién puede beneficiarse de estas ayudas

Pueden solicitar estas ayudas las Comunidades de Propietarios sujetas al régimen de propiedad horizontal, que cuenten en sus edificios con instalaciones de antenas colectivas de recepción de televisión con centralita programable o amplificadores monocanal.

Son susceptibles de ayudas únicamente aquellas actuaciones derivadas del proceso del Dividendo Digital que incluyen los cambios de amplificadores monocanal o la reprogramación de centralitas programables. Otras actuaciones que se quieran realizar no serán subvencionables y se deben solicitar al instalador en otra factura. 

Esta adaptación la tiene que realizar un instalador registrado, tipo «A» y «F». La comunidad de propietarios debe contactar con uno o varios instaladores autorizados, solicitar varios presupuestos y autorizar la actuación. La adaptación de las antenas colectivas se debe realizar en pocas horas. 

La adaptación no requiere acceder al tejado para actuar sobre la antena, sino que se actúa sobre los equipos amplificadores de señales ubicados en general en el cuarto de ascensores u otro recinto bajo la cubierta de los edificios. 

Únicamente podrá solicitarse una subvención por cada Comunidad de Propietarios, aunque podrá abarcar la financiación de las actuaciones en un máximo de tres cabeceras de la misma Comunidad. 

Las Comunidades de Propietarios deberán disponer de un NIF (letras H y E) y ser titulares de una cuenta bancaria asociada, dónde se abonará directamente el importe de la ayuda.

Cómo realizar la solicitud de subvención

Todas las solicitudes deberán realizarse vía telemática a través de la plataforma on line https://ayudas.televisiondigital.gob.es, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha habilitado con este fin y que, a partir de mañana, permitirá la tramitación de solicitudes. 

A la hora de realizar la solicitud, será preciso adjuntar, en formato digital, la documentación requerida para la concesión de estas ayudas: la factura solo de los conceptos subvencionables y el boletin de instalación facilitados por el instalador que ha realizado la factura, así como un recibo domiciliado en la cuenta corriente de la Comunidad que la acredite como titular de la misma.

Podrá tramitar la solicitud el representante legal de la Comunidad de Propietarios o un representante voluntario que cuente con la autorización de la misma, como pueden ser las personas encargadas de los servicios de administración de la finca o la empresa instaladora de telecomunicaciones que hubiera realizado la actuación subvencionable. 

La atención a las solicitudes se realizará por orden de presentación en el sistema electrónico de gestión. A partir del 1 de enero de 2015, en un plazo máximo de 3 meses a contar desde la presentación de la misma, se resolverán las peticiones presentadas. 

Importes máximos de las subvenciones 

Los importes máximos establecidos por el Ministerio de Industria son el resultado de una consulta pública realizada entre agentes del sector y autorizados por la Comisión Europea. 

Las viviendas pueden tener tres tipos de instalaciones de recepción de televisión: amplificador de banda ancha, centralita programable y amplificadores monocanal.

Así pues, si la vivienda es unifamiliar y dispone de antena individual o está en un edificio de pequeño tamaño no será necesario realizar ninguna adaptación de la antena. Estas edificaciones disponen de amplificadores de banda ancha y no está contemplada ninguna subvención dado que la única actuación necesaria para continuar recibiendo todos los canales es realizar una resintonización a través del mando del televisor. 

En el caso de viviendas de tamaño medio que suelen disponer de sistemas basados en centralitas programables, requieren la actuación de un instalador registrado pero no de la instalación de equipamiento adicional, el importe máximo de la ayuda prevista es de 100 euros. 

En el caso de edificios de gran tamaño que diponen de sistemas basados en emplificadores monocanales, en el que se precisa la actuación de un instalador registrado así como equipamiento adicional, el importe máximo varía entre los 150 euros y los 550 euros, dependiendo del número de múltiples afectados (número de nuevas frecuencias que deban de ponerse en servicio) y que puede variar entre cero y cinco según zona geográfica. 

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo. Hasta el momento 612 personas han sido detenidas o imputadas y han sido investigadas un total de 95 empresas ficticias, sin actividad real, que habrían defraudado 10,6 millones de euros. Entre los implicados se encuentran administradores de las mercantiles, autorizados RED, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación administrativa en España. 

Las investigaciones comenzaron hace varios meses al ser detectadas un importante número de empresas sospechosas en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de TRabajo y Seguridad Social, se pudo concluir el carácter fraudulento de 95 mercantiles. 

Hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería. 

Las denominadas empresas «ficticias», entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividad laboral en el ámbito de la hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería. 

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Por el momento los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos de falsificación y estafa, han destapado un fraude de 10.666.627 euros, han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. 

Los autónomos españoles tardan, de media, 154 días, es decir, más de cinco meses, en cobrar las facturas que tienen pendiente con las Administraciones Públicas, según un informe realizado por la Unión Europea donde se comparan los plazos de pago en los países europeos, y al que ha tenido acceso la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.

Por el contrario, en los periodos medios de pago de las Administraciones Públicas en el conjunto de Europa se sitúa en 58 días, de donde podemos deducir que los autónomos españoles tardan en cobrar las facturas pendientes con la Administración el triple que la media de los autónomos europeos. 

Si lo comparamos con el resto de países, únicamente las Administraciones de Grecia (155 días) e Italia (165 días) superan los plazos de pago de las Administraciones Españolas. Cifras muy alejadas de los 35 días en los que pagan las Administraciones de países como Alemania, Reino Unido (40 días), los 44 de Holanda o los 59 de Francia. Incluso las Administraciones de nuestro vecino Portugal tardan menos en hacer frente a las deudas con sus proveedores que las españolas, concretamente 129 días de media.

En cuanto a lo que se refiere a la morosidad privada, la media europea en cuanto a los periodos medios de pago se sitúa en 47 días. Cifra que prácticamente se duplica en el caso de España, donde las transacciones entre empresas se hacen frente en una media de 83 días. En esta ocasión España también se sitúa como uno de los países más morosos, sólo superada por Turquía, donde las empresas tardan en pagar a sus proveedores una media de 112 días, Italia (94 días) y Chipre (85 días). Esta vez, Portugal se sitúa en los mismos días que España, cifrando su morosidad pública en 83 días. 

Los países en los que las empresas menos tardan en pagar a sus proveedores son: Finlandia (26 días), Alemania, Dinamarca y Austria, ambas con una media de 34 días, Bosnia Herzegovina, Estonia, Islandia y Suecia, todas ellas en donde el periodo medio de pago entre empresas se sitúa en 35 días. 

Con estos datos y teniendo en cuenta lo alejada que aún se encuentra España de cumplir con la Ley de Morosidad, que entró en vigor en julio de 2010, y que fija en 30 días los periodos de pago para las Administraciones Públicas (y que en España están en 154 días, lo que supone 5 veces más de lo que establece la Ley) y en 60 para el sector privado (y nos situamos en 83 días), se hace necesariotomar medidas con carácter urgente que pongan fin a esta situación.

«Los problemas siguen ahí y no se reducen. Los autónomos tienen que esperar cinco meses en cobrar los servicios que han prestado a una Administración. La morosidad continúa siendo uan lacra que lastra la actividad de miles de autónomos en nuestro país y que en muchas ocasiones les conduce al cierre del negocio. No habrá una recuperación económica más rápida hasta que no pongamos fin a este problema», apunta Lorenzo Amor, presidente de ATA y embajador de la CE para la vigilancia de la morosidad.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos pide que se pongan en marcha de forma inmediata las siguientes medidas para acabar con esta situación de morosidad:

Crear un cuerpo de inspección que vigile la morosidad.

Establecer un recargo del 20% inmediato para todas aquellas Administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley y la Directiva Europea de lucha contra la morosidad. 

Establecer un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores. 

Habilitar un buzón de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley. 

Que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal. 

La CNMC ha decidido sancionar con 25,78 millones de euros a Telefónica Móviles por determinados compromisos de permanencia incluidos en sus contratos para PYME, concretamente en los «Contratos Premium especial PYME».

Estos compromisos de permanencia, vigentes desde 2006, estaban vinculados a descuentos sobre las tarifas y tenían una duración inicial de 12, 18 ó 24 meses. La permanencia se prorrogaba atomáticamente y las penalizaciones eran crecientes; es decir, se pagaba una penalización mayor cuanto más cerca estaba de finalizar el el período de permanencia. Asimismo, para dejar sin efecto la permanencia era necesario un preaviso de un mes. La CNMC ha resuelto que esta práctica continuada en el tiempo supone una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Los compromisos de permanencia sancionados tienen «efectos restrictivos a la competencia» puesto que limitan «desproporcionadamente» la capacidad de los clientes de Telefónica para cambiar de operador y, por otra parte, incrementa «sustancialmente los costes en los que tienen que incurrir los competidores para ganar clientes a costa de Telefónica Móviles», según se indica en la resolución. El resto de operadores «deja de estar en igualdad de condiciones para competir por estos clientes», por lo que «se estaría excluyendo a otros operadores como los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) del segmento empresarial en el mercado minorista de servicios móviles». 

Las condiciones de permanencia sancionadas afectaban a clientes de Telefónica Móviles que, en su conjunto, representaron más del 70% de los ingresos de la entidad en el año 2012 en el segmento PYME. En este sector, Telefónica Móviles mantiene una cuota de mercado mayor y más estable respecto al sector residencial que el resto de sus competidores. Su cuota de mercado aumenta en función del tamaño de la empresa. 

Para fijar la sanción, la CNMC ha atendido a la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa responsable, el alcance y la duración de la infracción, los efectos sobre los consumidores y otros operadores y los beneficios ilícitos obtenidos. 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plzo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.