La propuesta del Gobierno regional se va a presentar en el Parlamento de Extremadura para unir en torno a ella al resto de las fuerzas políticas e instar al Gobierno de España a aprobar esa nueva normativa, que sería compatible con la actual Ley de Transparencia y con otras medidas que está estudiando el Gobierno de la Nación.

La vicepresidenta ha señalado que la agenda política en nuestro país “debe centrarse en la lucha contra la corrupción”, una cuestión que, ha asegurado, no es sólo de los partidos políticos sino que “hay que erradicarla de toda la sociedad”.

“Necesitamos una Ley –señaló Teniente- que defina delitos y determine a todos los responsables de un soborno desde la base: una Ley Antisoborno que condene, por lo tanto, al que lo acepta y al que lo ofrece”.

Esta ley, manifestó la vicepresidenta, debe ser integral y atacar la corrupción desde el origen, sin que importe si “un partido es el que soborna o es una empresa”, ya que “lo importante es cercar a los corruptos y limpiar nuestra sociedad de la corrupción”.

Y para ello, valoró, “no basta con actuar a posteriori, hay que evitarlo antes”, por lo que, añadió, “hay que adoptar todas las medidas necesarias para que todo el mundo se responsabilice y se conciencie de que no puede ocurrir. La corrupción se combate entre todos, no mirando hacia otro lado”.

NUEVE PUNTOS IMPRESCINDIBLES

Esa nueva normativa, señaló la vicepresidenta, debería incluir nueve puntos con otras tantas medidas que implicarían, en primer lugar, la expulsión inmediata de los acusados por soborno en el caso de patronal, sindicatos y partidos políticos. En el caso de las instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas, se les apartará preventivamente de sus funciones hasta que haya condena firme.

Por otra parte, todas las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y entidades del sector público y privado deberán implementar un Plan Antisoborno que sería aprobado por sus máximos órganos de gobierno, y se propone que todos los trabajadores firmen una declaración responsable en la que se comprometan a contactar con el departamento legal para comunicar cualquier duda o conocimiento del que dispongan sobre posibles casos.

En los casos de soborno declarados por sentencia firme, continuó explicando la vicepresidenta, se procederá a la anulación de los contratos y subvenciones públicas en la parte afectada por el delito, y las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos, fundaciones y entidades del sector público y privado serán responsables del delito si se demuestra que no se han llevado a cabo los controles y mecanismos para impedir el soborno.

Además, se propone que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con sus bienes personales hasta devolver la parte afectada por el soborno.

La vicepresidenta señaló también que “las penas deben corresponderse con la gravedad de los delitos”, y, así, se plantea que para el delito de soborno las penas se puedan ampliar hasta los diez años de cárcel (en lugar de la pena de entre 3 y 6 años, como ocurre actualmente).

Además, el plazo de prescripción del soborno debería ampliarse de los cinco años actuales hasta los diez años, que es el siguiente nivel que contempla el Código Penal.

Por último, la normativa debería contemplar que la financiación ilegal de los partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones sea tipificada como soborno e incluirse en el Código Penal con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables.

La vicepresidenta señaló también que el Poder Judicial debe contar con una financiación adecuada y “con más medios materiales y humanos para dar mayor celeridad a las causas de corrupción”.

Además, puntualizó, “nuestro país está muy por debajo en la media europea en recursos, tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en la Unión Europea está en 19”.

Teniente anunció que el Gobierno extremeño presentará en las próximas semanas su propia política interna antisoborno, con lo que se convertirá en el primer gobierno de España en hacerlo.

MÁS DE DIEZ MILLONES EN AYUDAS PARA VIVIENDA

Por lo que respecta a los acuerdos adoptados en la reunión del Ejecutivo, la vicepresidenta destacó que se van a destinar más de diez millones de euros en ayudas a la vivienda “que pondremos a disposición los extremeños durante los próximos meses”.

Concretamente, el Ejecutivo ha autorizado de las subvenciones estatales del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas (2013-2016), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con una dotación de 5,5 millones de euros.

Por otra parte, se autorizó la convocatoria para el año 2015 de las subvenciones previstas en el decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016, con una dotación de 4,6 millones de euros.

Aunque se trata de medidas correspondientes, por una parte, a un Plan Estatal, y, por otra, al Plan Autonómico, la Consejería de Fomento actuará como ventanilla única para la solicitud, tramitación y pago de las ayudas.

En relación con el plan Estatal, las ayudas al alquiler de vivienda pueden alcanzar los 2.400 euros anuales por vivienda y los beneficiarios deben cumplir unos requisitos económicos de ingresos familiares, que no podrán superar los 22.000 euros brutos anuales.

La ayuda a la rehabilitación está enfocada a comunidades de propietarios que realicen reformas y mejoras en zonas comunes y la subvención puede alcanzar hasta los 11.000 euros por vivienda afectada. Por último, para la elaboración del informe de evaluación de edificios, la ayuda alcanza los 20 euros por vivienda.

Por lo que respecta al Plan Autonómico, las ayudas pueden alcanzar los 4.000 euros para obras de reforma o rehabilitación de vivienda, con el requisito de renta de no superar 4,5 veces el IPREM, es decir, no superar los 33.750 euros brutos anuales, y los 48.500 euros cuando las obras de rehabilitación que se realicen incluyan medidas de eficiencia energética.

Las ayudas para la vivienda protegida autopromovida alcanzan hasta 10.000 euros. En este caso, los beneficiarios deberán construirse su casa en municipios de menos de 20.000 habitantes y no podrán superar unos ingresos de 4 veces el IPREM, es decir los 30.000 euros anuales.

Para la adquisición de una vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general o especial de entre las que están terminadas en Extremadura, el comprador tendrá una ayuda de 3.000 euros.

Por último, la cuantía de la ayuda para el informe de evaluación de edificios es de 150 euros. 

La regularización catastral no implica una nueva revisión de valores catastrales: los inmuebles regularizados se valoran con los valores vigentes en cada municipio hasta la fecha. 

No se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados. Hasta la fecha, 3.070 municipios ya han manifestado a la Dirección General del Catastro su interés en la regularización catastral. 

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicosy de características especiales de todo el territorio nacional, con excepción del País Vasco y Navarra. A diferencia de otros, como el Registro de la Propiedad, que tienen carácter voluntario, es un registro obligatorio. 

El Catastro Inmobiliario debe, por tanto, procurar que la descripción de los bienes inmuebles concuerde con la realidad. Es por ello que la incorporación de los inmuebles así como de las alteraciones de sus características (económicas, físicas o de titularidad) es obligatoria, tal como establece el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (en adelante TRLCI).

Si el titular catastral no ha declarado o lo ha hecho de manera incompleta o incorrecta, el Estado tiene la obligación de luchar contra esta modalidad de fraude, realizando las actuaciones de comprobación necesarias al objeto de incorporar y valorar aquellos actos, hechos o negocios susceptibles de originar una modificación en el Catastro. 

El procedimiento de regularización catastral no pretende alterar el valor catastral de los bienes declarados (catastrazo) sino la incorporación al Catastro de aquellos inmuebles y sus alteraciones (tales como ampliaciones y rehabilitaciones) que no figuren en el mismo y que, por lo tanto, supongan un fraude fiscal inmobiliario al no coincidir la descripción del inmueble que figura inscrito en el Catastro con la realidad inmobiliaria.

Estos inmuebles, por ejemplo, un chalet construido en una parcela urbana y no declarado en el catastro inmobiliario, disfruta de los mismos servicios públicos de las entidades locales que el resto de sus vecinos (servicios sociales, alumbrado, saneamiento, recogida de basuras, ….). Y es por tanto, de justicia, que su correcta incorporación al Catastro garantice su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos. 

Por eso, la actuación culmina con la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y una fecha de efectos de dicho valor, información que se incorpora al padrón inmobiliario del municipio y servirá para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos respecto de las obligaciones por IBI de ejercicios futuros y pasado no prescritos. Esto no implica necesariamente un aumento de recaudación para los ayuntamientos. La afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los ayuntamientos rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar por ello sus recursos totales, precisamente gracias a la contribuyan todos los titulares de inmuebles. Si pagamos, pagamos menos. 

Debe resaltarse que el hecho de que una construcción o reforma que no haya sido declrada ante el Catastro no implica que sea ilegal o legal. Es cuestión totalmente diferente la necesidad de proveerse de la preceptiva licencia urbanística que se otorga por la autoridad municipal y la obligación de presentar una declaración de alteración del bien inmueble ante el Catatro Inmobiliario. 

Por ello, el plan de regularización catastral no multa las obras ilegales. Es competencia de las autoridades municipales y autonómicas el ejercicio de las labores de policía urbanística, calificación de infracciones e imposición de sanciones en el ámbito de sus competencias y su incorporación al Catastro no convalida ninguna de esas situaciones pues, como está definido en la ley, el Catastro es un registro administrativo en el que se describen bienes inmuebles rústicos, urbanos o de características especiales de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente. 

Además, en lo que a regularización de la descripción catastral de los inmuebles se refiere, este procedimiento excluye la aplicación de las sanaciones catastrales por inclumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes del alta o modificación de los mismos ante el Catastro. Únicamente se ha establecido una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan. Es decir, es un plan que se autofinancia. 

La nueva Comisión Europea entra en funciones el 1 de noviembre. Su Presidente, Jean-Claude Juncker, ya ha anunciado un plan de inversiones dotado con 300.000 millones de euros que el Parlamento debatirá y votará en breve, además de otras muchas cuestiones legislativas nuevas o heredadas de la legislatura anterior: desde mayores restricciones a las tarifas de ‘roaming’ y las bolsas de plástico, hasta reformas bancarias más profundas.

El Presidente de la nueva Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha prometido recientemente que presentará un programa de inversiones que, dotado con 300.000 millones de euros, pretende impulsar el crecimiento económico y crear empleo. La adopción de medidas concretas para aplicarlo corresponderá al Parlamento y a los Gobiernos.

La Comisión también planea nuevas iniciativas para facilitar la financiación de las empresas no sólo a través de créditos bancarios sino también vía los mercados de capitales.

La UE continuará la reforma del sector bancario, exigiendo a las grandes entidades que separen sus arriesgadas actividades de inversión del negocio tradicional de los depósitos. También seguirá su curso la elaboración de nuevas normas para limitar las tarifas por pagar con tarjetas bancarias, y para evitar manipulaciones de los índices financieros de referencia.

En el marco de la nueva batería legislativa sobre el sector de las telecos, continuarán los debates sobre la neutralidad de Internet y para acabar con las tarifas de roaming o itinerancia: aquellas que se aplican por utilizar dispositivos móviles en el extranjero. Las instituciones de la Unión Europea también intentarán alcanzar un acuerdo en los próximos meses acerca de la nueva normativa sobre protección de datos.

Emisiones de CO2

El Parlamento examinará y votará los nuevos objetivos para reducir las emisiones de CO2 y para aumentar el uso de renovables y los ahorros energéticos con el horizonte puesto en 2030, así como medidas para disminuir la dependencia ante las importaciones de energía.

También seguirán su curso los procedimientos legislativos sobre estándares más estrictos de calidad del aire, la reducción de la utilización de bolsas de plástico de usar y tirar, los nuevos alimentos y el cultivo de organismos genéticamente modificados.

El Parlamento Europeo también seguirá de cerca las negociaciones comerciales de la Unión Europea, especialmente las del futuro acuerdo de liberalización comercial y de inversiones con Estados Unidos. Todos los acuerdos comerciales deben ser respaldados por la Eurocámara antes de entrar en vigor. 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual al ratificar, con 172 votos a favor, 144 en contra y 3 abstenciones, las enmiendas del Senado, que quedarán así incorporadas al texto que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para entrar en vigor.

El Ejecutivo argumenta, en la exposición de motivos de esta iniciativa legal, que es urgente acometer esta modificación legislativa ya que existen problemas cuya solución no puede esperar a la elaboración de una nueva Ley de Propiedad Intelectual en un sector que genera alrededor de un cuatro por ciento del producto interior bruto nacional.

Las medidas que incorpora este Proyecto van encaminadas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y se dividen en tres bloques: la profunda revisión del sistema de copia privada, el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital.

Este Proyecto lleva a cabo la transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas que pretenden armonizar el derecho sustantivo nacional de sus Estados Miembros en el ámbito de la propiedad intelectual. Por otro lado, articula la utilización de obras huérfanas, permitiendo a los ciudadanos acceder a ellas una vez sean digitalizadas por las instituciones culturales, garantizando su uso no lucrativo.

El texto recuerda que la compensación por copia privada se viene abonando desde el 1 de enero de 2012 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado por lo que para el Ejecutivo, es urgente realizar algunos ajustes legales. Así, se excluyen del límite de copia privada las reproducciones para uso profesional o empresarial y las reproducciones a partir de soportes físicos que no sean propiedad del usuario. Además, no sólo quedan excluídas del límite las bases de datos y los programas de ordenador, si no también aquellas obras que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas en el lugar y en el momento que elija.

Además, se presentan medidas encaminadas a garantizar la transparencia de las entidades de gestión de contenidos, se establece un cuadro de sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones legales y se delimitan con precisión los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la administración y de las comunidades autónomas.

Por último, el texto establece un mecanismo jurisdiccional para la persecución de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, dotando a la sección II de la comisión de Propiedad Intelectual de los mecanismos de reacción frente a las vulneraciones cometidas por portales web que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos que se le notifiquen.

Enmiendas del Senado

Entre los cambios incorporados durante la tramitación en el Senado y confirmados hoy por el Congreso, destaca la modificación, acordada por todos los grupos, del párrafo décimo del apartado III de la exposición de motivos para especificar, que en el marco del régimen aplicable a las reseñas realizadas por servicios electrónicos de agregación de contenidos, es necesaria la autorización en caso de puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica.

Además, la Cámara Alta introduce una modificación en la redacción de la letra B del artículo 32, por la que se precisa una de las condiciones que deben concurrir simultáneamente para que no sea necesaria la autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo.

Entre las enmiendas incorporadas por la cámara Alta y ratificadas por el congreso, destaca la modificación en el primer párrafo del artículo 158 en el que se tipifica, como infracción muy grave el incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos en determinadas circunstancias. Las sanciones graves, que se sancionaban con una multa que oscilaba entre 30.000 y 300.000 euros, pasan a tipificarse como muy graves imponiéndose multas que van desde 150.001 hasta 600.000 euros.

Por último, la Cámara Alta introdujo también una modificación en la disposición final Quinta, relativa a la entrada en vigor de la Ley, que se producirá el día 1 de enero de 2015 a excepción de algunos apartados y artículos que entrarán en vigor entre 2 meses y un año después de la publicación del texto en el BOE.

Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han reivindicado hoy la Justicia como “factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción”.

En una declaración aprobada al término de la reunión que bajo el título de “La nueva organización judicial” han mantenido esta semana en A Coruña, los presidentes de los TSJ consideran que “la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar esa regeneración”.

Esa reforma, añaden, debe basarse en una nueva planta y demarcación judicial “más racional y eficiente” y en otro modelo procesal penal, “que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas”.

Tras poner de manifiesto que los jueces y juezas españoles siguen trabajando “en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas”, los presidentes de los TSJ reclaman a los representantes políticos un gran pacto por la Justicia y actuar legislativamente respecto de determinadas áreas organizativas y de agilización procesal concretas, en la confianza de que “mejorar la Justicia hoy es posible”.

Erradicar los retrasos

Entre las propuestas de medidas organizativas acordadas en la reunión de A Coruña figuran la adopción de medidas legislativas que impulsen y agilicen los procesos complejos –principalmente de corrupción-, así como la dotación de medios personales y materiales que permitan que las instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de las garantías de víctimas y acusados.

“Las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”, señala el documento de conclusiones, que considera imprescindible mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados, así como acompañar con funcionarios de refuerzo las medidas de apoyo de órganos judiciales que se ponen en marcha.

Otras medidas dirigidas a erradicar los retrasos en la Administración de Justicia son la extracción de los Juzgados de los procedimientos penales sin autor conocido –se propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en estos casos el atestado se remita solo al fiscal-, la despenalización de las pequeñas infracciones o faltas e impulsar soluciones como la mediación.

Una organización judicial flexible y eficaz

En cuanto a la planta y demarcación judicial, los presidentes de los TSJ estiman necesaria una reforma legal inmediata “que posibilite que los actuales partidos judiciales superen definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, lo que impide y dificulta enormemente compartir recursos e información”.

También abogan por ampliar la competencia territorial de los actuales juzgados exclusivos de violencia contra la mujer a fin de mejorar la respuesta ante esta lacra social, dotándolos de todos los recursos y medios necesarios para el ejercicio de su función.

Otra de las propuestas aprobadas es la de establecer mecanismos que permitan corregir desequilibrios en las cargas de trabajo de órganos judiciales de igual clase, como la aprobación de normas de reparto de ciertos asuntos entre órganos judiciales de distinta competencia territorial.

Las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia

Los presidentes de los TSJ consideran que, veinticinco años después de su creación, sigue habiendo deficiencias regulatorias sobre las funciones y competencias de éstos, y proponen entre otras reformas legislativas las siguientes:

-Clarificación de la posición de los TSJ ante la necesaria generalización de la doble instancia en el orden penal.

-Reforma urgente y en profundidad del aforamiento procesal ante la Sala Civil y Penal de los TSJ, reduciendo al máximo el número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio de la función y durante el ejercicio del cargo.

-Impulso de la plenitud en el enjuiciamiento por las Salas de los TSJ de los recursos de naturaleza extraordinaria en el ámbito de las jurisdicciones contencioso-administrativa, social y civil.

El documento de conclusiones incluye también propuestas relativas a la administración de los recursos de los Tribunales Superiores de Justicia referidas a los jueces de adscripción territorial, las sustituciones en la carrera judicial y los jueces en prácticas.

El gasto total de los turistas internacionales efectuado en sus viajes a España entre enero y septiembre alcanzó la cifra histórica de 50.641 millones de euros, lo que supuso una variación interanual del 7,3%, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los gastos medios se mantienen estabilizados, según la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), que elabora la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Reino Unido fue el mercado que más gasto realizó en el periodo, con 10.439 millones de euros, un 6,9% más. Alemania, con 7.901 millones y una variación interanual del 5,6% fue el segundo emisor, seguida de Francia, que gastó 5.263 millones, con un aumento del 8,7%.

Canarias, con un crecimiento del gasto recibido del 12,5%, la Comunidad de Madrid, con un aumento del 12%, y Andalucía, que subió un 11,4%, fueron las comunidades que experimentaron mayores subidas.

En el mes de septiembre, el gasto realizado por los turistas internacionales también supuso el mejor registro de la serie histórica. Fue de 7.057 millones, con un incremento interanual del 6,8%. Francia y los países lejanos fueron los que más contribuyeron al aumento neto del gasto total. Cataluña, con 1.822 millones de euros, y Baleares, con 1.585 millones, fueron las dos comunidades que más gasto captaron ese mes.

Mercados emisores

El Reino Unido conservó tanto en los primeros nueve meses del año como en septiembre, la condidición de primer emisor de gasto turístico en España. Recibió 10.439 millones, un 6,9% más y el 20,6% sobre el total en el periodo, y 1.543 millones, un 2,9% más y el 21,9% del total del gasto en septiembre, mes cuyo crecimiento del gasto fue especialmente destacado en Canarias.

Los turistas procedentes de Alemania gastaron 7.901 millones, un 5,6% más y el 15,6% del total en los nueve meses citados. En septiembre, el gasto de este mercado ascendió a 1.163 millones, lo que supuso un descenso del 1,9%, relacionado con el descenso del gasto medio por viaje. Su peso en el total fue del 16,5%.

Francia aumentó un 8,7% el gasto entre enero y septiembre, hasta los 5.263 millones, lo que correspondió al 10,4 del total. En septiembre, los turistas franceses fueron protagonistas del mayor aumento del mes, un 34,4% y 724 millones de gasto, por lo que llegó al 10,3% del total. El aumento del gasto se distribuyó por todas las principales comunidades, especiamente en Cataluña.

Los países nórdicos, cuyo gasto en el periodo fue de 4.474 millones, un 4,8% más y un 8,8% sobre el total, confirman su reactivación en septiembre con una subida del 8,2% y 422 millones gastados, que correspondieron al 6% del total del gasto en España. Baleares y Andalucía fueron las regiones que más captaron.

Comunidades de destino principal

Cataluña fue la comunidad que más gasto turístico recibió tanto entre enero y septiembre, con 12.219 millones, como en el mes, 1.822 millones, con aumentos del 6% y del 8,7% respectivamente. Su peso sobre el total del gasto turístico es por lo tanto el mayor, el 24,1% en los nueve meses y el 25,8% en septiembre.

Baleares, que captó 9.333 millones de gasto turístico, acaparando el 18,4% del total, tuvo entre enero y septiembre un descenso del 2,3%. En septiembre, tras el crecimiento del mes anterior, descendió un 2,4%, por la caída del gasto medio por persona. Recibió un gasto de 1.585 millones, al que contribuyó especialmente la fuerte subida de los países nórdicos.

Las Islas Canarias figuran en tercera posición por el volumen de gasto. Los turistas gastaron 9.104 millones entre enero y septiembre, con una subida del 12,5%, la mayor del periodo, por lo que llegaron al 18% del total. En el mes, Canarias pasó a la cuarta posición, con los 899 millones recibidos, con un aumento del 5,3% y un peso del 12,7%. El Reino Unido fue el que más contribuyó al resultado.

Andalucía captó 7.555 millones, un 11,4% más y el 14,9% sobre el total, en los nueve meses referidos, correspondiéndole el cuarto lugar, que fue el tercero en el cómputo de septiembre, con los 1.049 millones ingresados, un 8,6% más y el 14,9% sobre el total. El crecimiento se reflejó también en el gasto medio diario y por turista.

La Comunidad Valenciana recibió 4.351 millones, un 2,6% más, correspondiente al 8,6% del total del periodo. En septiembre, fueron registrados 618 millones de gasto, un 6,6% más y el 8,8% de peso en el total. Francia fue el emisor que más contribuyó a la subida.

La Comunidad de Madrid, cuyo aumento fue el segundo mejor del periodo, cifrado en el 12%, ingresó 4.171 millones, llegando al 8,2% en el total. En septiembre, registró 499 millones, un 9,6% más y el 7,1% del total. Italia destacó especialmente en este aumento.

Tipo de alojamiento, forma de organización y motivo del viaje

En los nueve meses considerados, los turistas que optaron por el alojamiento hotelero gastaron 32.092 millones de euros, con un aumento del 5%, equivalente al 63,4% del total. En septiembre, esta modalidad registró 4.626 millones, un 1,7% más, el 65,6% del total.

El gasto realizado por aquellos visitantes que escogieron alojamiento no hotelero entre enero y septiembre fue de 18.548 millones, un 11,5% más, equivalente al 36,6% del total. En septiembre fue de 2.431 millones, creció un 18,1% y llegó al 34,4% del total.

Los turistas que vinieron sin paquete turistico gastaron 33.831 millones entre enero y septiembre, un 6,5% más, mientras el gasto de los que viajaron con paquete turístico fue de 16.810 millones, con una subida del 8,8%. En septiembre fue también mayor el gasto de los que prefirieron viajar sin paquete turístico, que dejaron 4.825 millones, un 9,9% más, mientras que los que vinieron con paquete turístico gastaron 2.232 millones, un 0,6% más.

«La seguridad jurídica es fundamental para la inversión española en Iberoamérica, al permitir que las propiedades y las reglas del juego sean respetadas evitando que se produzcan situaciones difíciles», manifestó Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, en la inauguración de las jornadas ‘Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica’, organizadas por el Consejo General del Notariado (CGN) en la sede de la Secretaría General Iberoamericana y que ha contado con la colaboración de dicha institución, el ICEX y la empresa Red Eléctrica Española.

España es el primer país extranjero en inversión directa en la región, circunstancia que avaló García-Legaz con una serie de datos. «El último año, el flujo de inversión de nuestro país hacia Iberoamérica fue de 5.500 millones de euros. España se ha convertido en una economía internacionalizada; el stock de inversión exterior supone ya un 43% del PIB, un proceso que se inició en los años 80 y 90 en Iberoamérica, donde se destina el 32% de la inversión total, unos 143.000 millones de euros, magnitud que se ha duplicado desde 2006, a pesar de la llegada de la crisis. El 32% de la inversión en la zona procede de entidades financieras; el 17%, de las telecomunicaciones; el 11% de la energía eléctrica; y se está incrementando mucho la presencia de la obra pública. Brasil, con un 14% de la inversión; México (6%), y Chile (3%) son los países donde más invierte nuestra economía».

Para José Manuel García Collantes, presidente del CGN, la colaboración del Notariado español con sus homólogos iberoamericanos viene de antiguo: «las expediciones de Colón y Núñez de Balboa viajaban con sus propios ‘escribanos’ que daban fe de los descubrimientos. Las legislaciones notariales iberoamericanas han estado inspiradas en la española y nuestra relación con los Notariados de la zona es intensísima»

«En el proceso de inversión española en Iberoamérica -apuntó Collantes- , los notarios debemos estar presentes para otorgar seguridad jurídica y control de legalidad a través de los documentos públicos. La Seguridad Jurídica Preventiva notarial asegura que las sociedades que van a dirigir sus negocios a estas economías puedan estar plenamente representadas y que el tráfico jurídico esté perfectamente constituido y legitimado. El inversor español quiere que sus socios en América Latina dispongan de documentos con presunción de validez y exactitud autorizados por notarios de aquellos países».

La anfitriona del encuentro -Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana- también resaltó el papel del Notariado español e iberoamericano en el resurgir económico del subcontinente. «La inversión se dirige siempre hacia los estados con más estabilidad jurídica; por ello es fundamental el papel que juega el Notariado español e iberoamericano en su defensa de la Seguridad Jurídica, la libre circulación de documentos públicos y la protección de los inversores. La Seguridad Jurídica es fundamental para la denominada ‘revolución de la productividad’, y debe dirigirse no sólo a reforzar la inversión privada; sino también a contribuir a las reglas del juego puestas en marcha desde los gobiernos hacia los operadores económicos: marco regulatorio, transparencia, impuestos… Las iniciativas que desde el Notariado se pongan en marcha para proteger esas inversiones contarán siempre con todo nuestro apoyo».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores Mercantiles y Bienes Muebles de España para iniciar las conversaciones necesarias para crear una comisión mixta encargada de la mejora del Registro Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos y por supuesto la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección.

El ministro ya anunció en la Comisión de Justicia del Congreso que el eficaz funcionamiento del Registro Civil es imprescindible para mejorar la Justicia como servicio público, por lo que se procederá a su desjudicialización, como preveía la Ley 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE. Los encargados de su gestión serán, por tanto, los registradores mercantiles.

El Registro Civil será protagonista, además, de algunas de las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y que ya se están desarrollando mediante reformas legislativas remitidas a las Cortes. Entre ellas figura la que permitirá la tramitación electrónica desde los centros sanitarios tanto de los nacimientos como de las defunciones.

Un recibo impagado, cambiar de operador telefónico, una permanencia no finalizada, no cumplir con los plazos de la hipoteca. Desgraciadamente a día de hoy, es bastante común ver introducidos nuestros datos personales en un fichero de morosos, muchas veces como medida de presión frente al ciudadano y algunas incluso por error o por causas no del todo veraces. Conseguir que borren nuestros datos de ese tipo de listas puede resultar una tarea de los más complicada, sobre todo teniendo en cuenta la facilidad con la que somos inscritos.

Los ficheros de morosos son directorios de datos personales, donde se ven reflejados impagos tanto de personas físicas como jurídicas. Para introducir los datos de un individuo deben cumplirse los siguientes requisitos:

1º Que exista una deuda cierta, liquida, vencida y exigible y que esté impagada.

2º Que haya un requerimiento previo de pago por parte del acreedor, sin que haya habido respuesta de pago por parte del deudor

3º Que no hayan transcurrido más de seis años desde que se tuvo que pagar la deuda.

4º Que la deuda no esté en un procedimiento judicial o de arbitraje.

5º Que se notifique al deudor que sus datos van a ser introducidos en este tipo de registro en el plazo inferior a 30 días.

6º No debe existir prueba documental que anule alguno de los puntos anteriores.

Tienen que darse todos los requisitos en el momento de incluir los datos de un deudor en un fichero de impagados, y además tienen que cumplirse para cada deuda de una misma persona, no es una inscripción global y cada pago debe ser tratado de una manera independiente. Si las condiciones se ajustan a los puntos antes citados, nuestro acreedor podrá introducir nuestros datos en la lista de morosos.

¿Qué utilidad tienen estos ficheros? Estos registros son utilizados por terceros que quieren conocer el nivel de solvencia de una persona o empresa, si tienen impagos o deudas. Pero el solicitante de información debe cumplir alguna de las siguientes condiciones para poder realizar una consulta: debe haber una relación contractual no concluida entre ambos, el interesado debe encontrarse estudiando la firma de un contrato que suponga un pago aplazado por parte de la persona de la que se solicita información o debe encontrarse estudiando la firma de un contrato que suponga una facturación periódica.

Solo existen tres formas de salir de un fichero de morosos y por lo tanto que nuestros datos sean borrados del mismo. La primera es saldar la deuda que se nos reclama, la segunda es demostrar que la deuda no existe y por ultimo deberemos ver nuestros datos eliminados una vez hayan pasado seis años desde el vencimiento de la deuda.

Para demostrar que la deuda no existe la mejor opción es acudir a la vía judicial, y en el momento en el que tengamos una sentencia firme que nos dé la razón, debemos remitirla a la empresa que gestiona el fichero para que nuestros datos sean borrados

Puede darse la posibilidad de que se produzcan registros indebidos, casos en los que somos inscritos sin que se den los requisitos necesarios antes mencionados, en esta situación tendremos derecho a reclamar, tanto a la empresa que nos introdujo en el fichero como a la que gestiona dicho fichero por no comprobar si los datos que le habían facilitado eran correctos. En primer lugar podremos presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, para conseguir que nuestros datos sean inmediatamente borrados del registro. Por otro lado podemos reclamar por vía judicial, a la empresa que nos inscribió ilícitamente o cuando esta no cumplió con su obligación de sacarnos del mismo llegado su debido momento. También se puede reclamar al fichero si este no nos avisó de que nuestros datos habían sido introducidos en él o si no borró nuestros datos cuando la empresa acreedora comunico el pago de la deuda.

Por último, hay que apuntar que también tenemos la posibilidad de reclamar ante un juez los daños y perjuicios que se nos hayan ocasionado en el caso de registros indebidos, pero habrá siempre que probar, demostrar y cuantificar el daño sufrido.

Uno de los primeros problemas que se plantean si muere un familiar sin haber hecho testamento o con un testamento nulo, es el destino de la herencia. La herencia no se pierde, ni se la queda el Estado, es la ley la que establece los herederos según afinidad y parentesco con el fallecido.

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