El Gobierno, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dispone a aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes -ya sean particulares o empresas- solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros sin tener para ello que presentar avales o garantías adicionales. Hasta ahora, ese límite se situaba en los 18.000 euros, por lo que el cambio es de una importancia sustancial.

La Agencia, que dirige actualmente Santiago Menéndez, estima que durante los últimos años había recibido en torno a 25.000 solicitudes anuales de aplazamiento o fraccionamiento de deudas de entre 18.000 y 30.000 euros. Para obtener el visto bueno de Hacienda, tenían que aportar avales, hipotecas u otras garantías, asumiendo los costes derivados de la solicitud de los mismos.

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Hoy 2 de octubre se ha publicado la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, de la que reseñamos sus contenidos más relevantes.
Entrada en vigor
Según el texto de la disposición final decimoctava:

1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de los puntos uno a once de la disposición final novena (Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y el punto doce de la misma disposición final, que lo hará a los seis meses de la citada publicación en el Boletín Oficial del Estado.

2. No obstante, la disposición final segunda (modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera) entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

3. La disposición final décima (modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre), entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.
Objeto de la Ley

– Dotar a nuestro sistema legal de una norma comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando ad intra el funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. Todo ello en el marco de una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa derivado del informe aprobado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que se complementa con la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, como norma dedicada a la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos.

– Establecer tanto la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, como el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.

– Regular sistemáticamente las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.
Principales novedades que incorpora

– Mayor transparencia y funcionamiento más ágil de las Administraciones Públicas.

– Mayor transparencia en los procedimientos de elaboración de normas.

– Simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir.

– Mejor cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
Estructura de la norma

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