El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuesta por la implantación de criterios «homogéneos y comunes¨ que garanticen la calidad de las resoluciones judiciales para frenar la pérdida de confianza ciudadana en las respuestas.

Durante su intervención en el II Foro Pyme Burgos, Rafael Catalá ha defendido además la modernización del sistema judicial a través de la aplicación de normas «útiles y adecuadas» a las necesidades actuales y que permitan la mejora de la capacidad de respuesta.

En este contexto, ha repasado algunas de las reformas acometidas por el Gobierno central en materia judicial a lo largo de esta legislatura para lograr una Administración de Justicia más cercana y ágil, adaptada a la coyuntura del siglo XXI, como las impulsadas en relación a la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar que las causas se dilaten en el tiempo, o las relativas a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que incluye nuevas figuras jurídicas.

Entre ellas, ha destacado la aplicación de la prisión permanente como figura que evitará «amenazas» para la ciudadanía a través de una fórmula «similar» a las ya existentes en otros países europeos pese a que «algunos intenten confundirla con la cadena perpetua». «Se está caminando en la dirección correcta», ha añadido.

El ministro de Justicia ha abogado, por otro lado, por una gestión más eficiente de los recursos disponibles y ha mostrado su satisfacción por el incremento del 1,5 por ciento en el presupuesto judicial para el presente ejercicio, que permitirá aumentar en un 40 por ciento las inversiones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Catalá ha destacado también la importancia de aumentar el número de profesionales del sistema, para lo que se han convocado diferentes plazas en los últimos tiempos, y ha reiterado la importancia de las nuevas tecnologías para avanzar en la modernización judicial.

Entre otros propósitos, ha remarcado el objetivo de aplicar en 2016 únicamente comunicaciones digitales entre los profesionales y la Administración y ha ensalzado el papel de la justicia como factor de dinamización económico al proporcionar seguridad jurídica al sector empresarial.