Un acuerdo transatlántico de libre comercio debe abrir el mercado estadounidense a las empresas de la UE, pero en ningún caso ha de socavar los estándares europeos, señala el Parlamente en sus recomendaciones para la negociación, aprobadas el miércoles. 

Para dirimir las disputas comerciales entre inversores y Estados, los eurodiputados plantean reemplazar el arbitraje privado previsto por el mecanismo ISDS por un nuevo sistema judicial, gestionado por jueces nombrados de manera pública y sujetos a reglas de control y transparencia. 

El plano del Parlamento ha adoptado sus recomendaciones a los negociadores de la Comisión Europea para el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión) por 436 votos a favor, 241 en contra y 32 abstenciones. 

«Nos encontramos en una globalización sin precedentes y nuestros cidadanos y empresas se encuentran sumidos en ella. Como parlamentarios, es nnuestra obligación democrática dar forma a ese proceso. Si queremos que sea en beneficio de la gente, no puede dejarse sin más en manos de los negociadores. Por eso hemos redactado esta resolución y hemos enumerado los principios del tipo de acuerdo comercial que queremos que la Comisión consiga», señaló el ponente del informe, Bernd Lange (S&D, Alemania).

«Pedimos un proceso más transparente, derechos laborales sólidos y protección de los datos personales y los servicios públicos. Insistimos en que el derecho de los legisladores de ambos lados del Atlántico no puede verse minado por tribunales de arbitraje privado u otros organismos», agregó. Lange considera que la Cámara ha dado «una orientación clara a la Comisión sobre el tipo de tratado que queremos. Y, si al final el acuerdo es malo, lo rechazaremos. pero si es positivo, votaremos a favor». 

Nuevo sistema para resolver disputas entre inversores y Estados

El texto de compromiso sobre los mecanismos de resolución de disputas inversor-Estado, acordado por los grupos políticos tras largas y tensas negociaciones e incorporado al informe con el voto favorable de 447 diputados, 229 en contra y 30 abstenciones, pide un nuevo sistema judicial que sustituya las disposiciones del ISDS, que se sustenta en el arbitraje privado y es habitual en los acuerdos comerciales. 

Este sistema deberá estar «sujeto a los principios y el control democrático», gestionar los asuntos «de manera transparente», compuesto por «jueces profesionales, independiente y designados públicamente en audiencias públicas». Tendrá que incluir un «mecanismo de apelación», respetar la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros y la UE y asegurar que los intereses privados no menoscaban los objetivos en materia de políticas públicas, subraya el documento adoptado por la Cámara. 

Continuar con las negociaciones del TTIP para lograr un buen acuerdo

Los eurodiputados están a favor de seguir con las negociaciones pero reclaman un acuerdo «ambicioso» y «equilibrado», que amplíe el acceso al mercado para bienes y servicios y también en el ámbito de la contratación pública, con beneficios compartidos en toda la UE, que resulte en un «entorno económico favorable a la competencia» y deje de lado las barreras no arancelarias. 

El acuerdo debería incluir la supresión de las barreras existentes en EEUU a la propiedad extranjera en el sector de servicios de transporte y las aerolíneas, mejorar el acceso europeo al mercado estadounidense de telecomunicaciones y lograr una «apertura significativa» del mercado de contratación pública en todos los niveles de la Administración de EEUU, afirma el texto. 

Al mismo tiempo, deben garantizarse altos niveles de protección de los datos de los consumidores europeos, la salud y la seguridad, y ha de evitarse el denominado «dumping» social. Los eurodiputados reiteran que los servicios públicos deben excluirse del acuerdo, piden proteger el sistema europeo de indicaciones geográficas y un trato especial para algunos productos agrícolas e industrias sensibles. 

Para reducir la burocracia, proponen el «reconocimiento mutuo de los estándares equivalente», pero insisten en que no puede haber acuerdo» en áreas en que las prácticas en EEUU son «muy diferentes», por ejemplo, para la autorización de productos químicos, organismos genéticamente modificados, uso de hormonas en el sector bovino, sustancias para clonación y alteración endocrina. 

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