La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se investigue el presunto trucaje de los motores diésel de vehículos del Grupo Volkswagen para reducir las emisiones contaminantes durante las inspecciones y cumplir con los parámetros exigidos por la normativa medioambiental. En un escrito remitido esta mañana al Juzgado Central de Instrucción número 2, el ministerio público aprecia que el grupo automovilístico alemán cometió fraude por publicidad engañosa, fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente.

La fiscalía se suma a las querellas interpuestas por diversos colectivos, como Manos Limpias, el Defensor del Paciente y una agrupación de defensa de afectados por motores Volkswagen. En su escrito, el ministerio público explica que la manipulación de los motores «parece consistir en la instalación de un programa informático que detecta cuándo el vehículo se encuentra en un banco de pruebas» y «reduce sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental».

 El ministerio público afirma que para lograr un motor que aparentara consumir poco combustible manteniendo una gran potencia y sin desprender gases contaminantes, el grupo automovilístico alemán «introdujo un software capaz de detectar cuándo el vehículo estaba siendo testado para comprobar sus emisiones». El fiscal recuerda que el grupo Volkswagen «ha emitido varios comunicados de prensa en los que reconoce los hechos y la adopción de medidas inmediatas para dar solución al problema».

La Fiscalía considera que, de ser cierta la información sobre los motores diésel del grupo Volkswagen, «los vehículos afectados, en condiciones normales de funcionamiento, están emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular.

La acusación pública pide al juez que practique una serie de diligencias. Entre ellas, pide que el Ministerio de Industria remita «la totalidad de la información que haya podido reunir hasta el momento acerca de los hechos», incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA), así como los informes que haya recibido sobre este escándalo del grupo Volkswagen.

También solicita el fiscal Marcelo de Azcárraga que el fabricante alemán remita «la relación de vehículos afectados vendidos en España», el organigrama de la empresa en España y que identifique a la empresa a la que se encargó la fabricación del software fraudulento.

Articulo de Fernando J. Perez, publicado en El Pais, leer más