La batalla de los inversores en energías renovables contra el Gobierno español ha llegado a uno de los medios más poderosos del mundo, la revista Forbes, que elabora el famoso ranking de las mayores fortunas del mundo. Así, ha publicado un artículo en el que ridiculiza a nuestro Ejecutivo por la ocurrencia de «poner un impuesto al sol» ante la falta de ideas para reducir el déficit eléctrico, con lo que se alinea con los fondos norteamericanos perjudicados en la reforma. 

El artículo es obra de Kelly Phillips Erb, especialista en fiscalidad de Forbes. Tras explicar que España es uno de los países con más horas de sol del mundo y que, por tanto, es lógico que haya impulsado la energía solar hasta colocarnos como uno de los primeros del mundo en capacidad fotovoltaica instalada, añade que eso ha provocado una sobrecapacidad respecto a la demanda de más del 60%. Y asegura que eso es lo que explica el déficit de tarifa de 26.000 millones (sin entrar en ninguna de las otras causas de este déficit más allá de las primas a la fotovoltaica). 

Para solucionar este problema, continúa Phillips Erb, la via elegida por España es imponer «impuestos y multas increíblemente onerosos», y los impone precisamente sobre el comportamiento que ha estado incentivando y subvencionando durante más de una década: el uso de paneles solares. Y ahí es donde hace sangre: «Parece que los miembros del Gobierno se quedaron sin ideas, miraron al cielo un día y pensaron «¡Ya lo tengo! ¡Pongamos un impuesto al sol!».

Esta experta va más allá en su mofa y cuando se refiere a «los esfuerzos de reforma» añade «léase medidas desesperadas». critica también las medidas contra el autoconsumo como la «prohibición» de vender la energía sobrante a las eléctricas y, sobre todo, la obligación de conectar todos los paneles solares a la red con amenza de multas hasta 30 millones. 

Aquí de nuevo se mofa del ministro de Industria, José Manuel Soria: «Esta clase de cifra es tan inabarcable para una persona media que es casi como si la hubieran sacado de la manga en una conversación como ésta: «¿Ponemos 10 euros?» «Qué va, eso es muy poco», «¿Qué tal 100 millones de euros?», «No, no, eso es muchísimo», «¿30 millones de euros?», «Sí, eso suena bien». 

Phillips Erb acusa a Soria de favorecer a las eléctricas con esta medida, que pretende asustar a los ciudadanos y hacer imposible el autoconsumo porque sale más barato seguir comprándosela a la compañía que le toque. E incluso se hace eco de las palabras de Teresa Ribera, secretaria de Estado de Medio Ambiente con el Gobierno de Zapatero, en las que asegura que la reforma es «una seria invitación de Gobierno a los ciudadanos para que se vuelvan antisistema». 

El «lobby» de los fondos estadounidenses

Más allá de las ridiculizaciones, con esta columna Forbes se alinea con los fondos norteamericanos que han invertido fuertes cantidades en energías renovables atraídos por las primas del anterior ejecutivo y que ahora se rebelan contra este cambio de las reglas del juego «a mitad del partido». Como ha venido informando El Confidencial, estos fondos están dispuestos a presentar grandes litigios contra España por lo que consideran una «expropiación progresiva» y una violación del principio de seguridad jurídica. 

Lo cierto es que la reforma energética aprobada por Soria en julio reducirá la rentabilidad garantizada a los productos de fotovoltaica hasta el entorno del 7,5% – en la práctica no irá más allá del 5% porque el propio Gobierno estimará los costes en que han incurrido estas instalaciones – durante toda su vida útil. Eso significa que las que tuvieron una rentabilidad de dos dígitos en los primeros años con el sistema socialista verán reducidas drásticamente sus retribuciones a futuro, lo que hará inviables muchas de estas inversiones. Porque, además, lo normal es que se hicieran con porcentajes de deuda (apalancamiento) de hasta el 80%, que tienen que devolver. 

El problema es muy grave porque estamos hablando de 50.000 huertos solares en los que, además de los fondos norteamericanos y las eléctricas españolas, están presentes muchos inversores individuales. Estos damnificados se comparan con los afectados por las preferentes de la banca nacionalizada y están dispuestos a judicializar el sector eléctrico para aguantar hasta que el PP pierda las elecciones y ocupe el Gobierno un partido más sensible a sus intereses. 

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