Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, pide mantener unida a la profesión para que los letrados tengan más fuerza y mayor presencia en la elaboración de las leyes.

Unión, diálogo y compromiso. Éstas son las tres palabras que más utiliza Victoria Ortega (Palencia, 1958), nueva presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). La máxima representante de los letrados nacionales es consciente de los tiempos que corren y de la necesidad de abrir el debate respecto al futuro de la profesión, así como sobre la Administración de Justicia.

La primera presidenta del CGAE

Uno de sus objetivos prioritarios, explica, es alcanzar un pacto de Estado por la Justicia, para mejorar definitivamente uno de los sectores más mermados a nivel nacional. «Tenemos que conseguir que la Justicia sea menos lenta y más transparente. Esto exige una serie de reformas de orden procesal, consensuadas y no impuestas. Tenemos que realizar una reforma global duradera, que no definitiva, que se adopte a la realidad y que no imponga pequeños parches para solventar situaciones concretas».

La letrada afirma que la Abogacía está dispuesta a liderar este gran acuerdo. «Conocemos las carencias y las fortalezas de la Administración de Justicia y lo que pretendemos es conseguir una suerte de programa estable y estratégico, que dure un largo periodo de tiempo, y que sirva para que la Justicia funcione como debe en un Estado de Derecho. Podríamos presentar a las fuerzas políticas y sociales las cuestiones que hay que tratar en el ámbito procesal, material y personal para que todo funcione mejor. Sería una forma de romper el hielo y cambiar la tendencia de la situación en la que nos encontramos ahora. Es una idea ilusionante y positiva, tanto para la abogacía como para el justiciable y la ciudadanía , en general».
Más tiempo

Para que este acuerdo tenga una pretensión de permanencia, comenta Ortega, sería necesario examinar los textos legales esenciales y alcanzar un consenso entre todos los actores para que los gobiernos que lleguen no sientan la necesidad de modificarlos. «Son tiempos de diálogo. Más vale convencer que vencer. Aunque se tarde más tiempo en su concepción, es necesario alcanzar el consenso y escuchar a todas las partes».

Además de los cambios normativos, Ortega apunta que la Administración de Justicia necesita una inyección económica importante para ponerse al nivel de otras, como la tributaria. Aunque la presidenta del CGAE asegura que el presupuesto de Justicia ha ido creciendo en los últimos años, también explica que pasarán muchos otros hasta que se recupere el retraso acumulado y se pueda salir de la situación tan calamitosa en la que se encuentra actualmente.

«La nueva herramienta de comunicación telemática, Lexnet, es un ejemplo de algo positivo para la Justicia. Sin embargo, necesitamos contar con un mayor apoyo económico. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario por parte de la administración, tanto nacional como autonómica, así como por parte de la abogacía. Pero todo este sacrificio no está dando resultados más efectivo por la carencia de inversión», dice.
Mayor cohesión

Para conseguir dar estos pasos, Ortega insiste en la necesidad de contar con una abogacía unida. «La unidad de todos los letrados es fundamental. Sólo así tendremos la fuerza necesaria para luchar contra textos como la ley de tasas o los ataques a la justicia gratuita, como ya se ha demostrado. Debemos conseguir que la unidad de todos los abogados permanezca para tener más fuerza, mayor presencia e incluir a la Abogacía en la elaboración de las regulaciones nacionales».

Por otro lado, la presidenta del CGAE también pone la vista en la Unión Europea y en su parlamento: «Muchas veces se mira a Europa con temor, pero es allí donde está la solución. Parte del derecho nacional se está gestando en Bruselas, donde el CGAE tiene una oficina de representación. Allí también tenemos que hacer un esfuerzo para tener una mayor presencia y participar en la toma de decisiones».
Dos normas prioritarias para la abogacía

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, cree que en esta legislatura, el Consejo deberá estar muy atento a dos normas. Por un lado, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que terminó por paralizarse con el anterior Gobierno. Por otro, Ortega también habla de la tan esperada regulación del derecho de defensa. «Tanto la ley de servicios como la del derecho de defensa son fundamentales para la profesión, pero también para la ciudadanía. Serán dos normas esenciales y que deberemos seguir con atención. Respecto a la primera, no tenemos ningún inconveniente en empezar a hablar, pero este texto debe estar hecho desde los márgenes de la lógica. En cuanto al derecho de defensa, el ministerio cuenta con un anteproyecto sobre la mesa, sobre el que volveremos a insistir en esta legislatura».

Artículo de V. Moreno

Publicado en www.expansion.com leer mas