Concretamente, el 84% de los delitos informáticos (un total de 17.328 procedimientos) está vinculado a estafas, destacando dentro de ellas conductas como «las ventas de productos u ofrecimiento de servicios de carácter fraudulento que se realizan a través de Internet; las diversas técnicas defraudatorias de ingeniería social como el phishing; la contratación fraudulenta de líneas telefónicas y los accesos inconsentidos a servicios de tarificación adicional; el conocido como carding o uso irregular de tarjetas de crédito o de sus datos o incluso de tarjetas virtuales, y también determinadas actividades engañosas relacionadas con el juego online».

De entre estas conductas, llama la atención el caso del phishing: aunque sigue apareciendo como un modelo tradicional de estafa informática, la Fiscalía ha detectado un progresivo descenso en la utilización de esta práctica que consiste en ordenar fraudulentamente transferencias bancarias obteniendo de forma ilícita las claves de la víctima y empleando para ello mulas -personas que, a cambio de una comisión, se encargan de recibir los ingresos en sus cuentas para reenviárselo más tarde a los criminales-.

Según explica la Memoria, la razón de este cambio de tendencia puede ser la implementación de nuevas medidas de seguridad por las entidades bancarias, como los sistemas de autenticación de doble factor o las contraseñas de uso único. También puede haber contribuido a ello el importante volumen de acusaciones presentadas en los últimos años contra quienes actúan como mulas, ya que ha servido para dar publicidad a la naturaleza delictiva de este tipo de operaciones, dificultando la posibilidad de alegar un supuesto desconocimiento del carácter ilícito de los fondos, argumento esencial de defensa de los imputados por estas conductas.

Los datos del Ministerio Público ponen de manifiesto que, en general, los delitos cometidos a través del uso de nuevas tecnologías se han disparado un 71,2% en 2014, con un total de 20.534 procedimientos iniciados, frente a los 11.990 de 2013. Se confirma así la tendencia al alza que se viene registrando desde el año 2011, con un incremento del 214% desde esa fecha.

Aunque la Fiscalía recomienda una lectura prudente de estas cifras, que no pueden interpretarse como una consecuencia derivada exclusivamente del aumento en el número de delitos vinculados al uso de las nuevas tecnologías, reconoce que «la cifra negra de criminalidad en este ámbito es incuestionablemente alta, especialmente en determinadas manifestaciones criminales, como los daños informáticos o los accesos ilegales a sistemas».

Precisamente, sobre los daños informáticos, a la Fiscalía le sorprende que, pese a haber aumentado las denuncias en un 70% respecto al año anterior, éstas sigan siendo «llamativamente escasas, ya sea por desconocimiento, falta de confianza en el sistema o interés en proteger la propia reputación».

Respecto a los procedimientos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, entre los que se encuentran el acceso ilegal a sistemas, señala que en muchos casos se trata de utilización no autorizada de cuentas de correo ajenas o de acceso irregular a perfiles de redes sociales para suplantar, con diversas finalidades, la identidad de los verdaderos titulares.

La cuestión de la suplantación de identidad en Internet ya preocupaba a la Fiscalía en la Memoria del año pasado, cuando recomendó tipificar expresamente este delito. Este año vuelve a incidir en ello, lamentando que no haberlo regulado «determina que estos comportamientos no den lugar a responsabilidad penal y el procedimiento se vea abocado al archivo, salvo que puedan reconducirse a otros tipos penales como el descubrimiento y revelación de secretos o delitos contra la integridad moral, entre otros».

Finalmente, la Memoria desliza otro dato interesante respecto a los procedimientos por delitos contra la propiedad intelectual, que crecen un 80%, algo en lo que habría influido la sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pone coto a las webs que facilitan enlaces para el acceso irregular a obras protegidas.

Son muchas las estafas que circulan por las redes sociales y que llegan a los ‘smartphones’. Kaspersky, la compañía especializada en seguridad informática, acaba de publicar un listado de los fraudes y las estafas actuales más comunes. La primera tiene que ver con los cupones de descuento de supermercados y tiendas de ropa. Los supuestos bonos se entregan tras contestar a una encuesta. Esta estafa busca conseguir datos personales, sobre todo el número de teléfono para suscribir a los usuarios a servicios de SMS Premium (otra estafa en alza) o, si no, el mail y otros datos para traficar con ellos. El fraude del mensaje de voz en WhatsApp es otro de los casos que vigilar. Los ciberdelincuentes envían un correo electrónico en el que se indica que uno de los contactos ha dejado un mensaje de voz en la aplicación de mensajería instantánea e invitan a descargarlo. Al pulsar el enlace, el ‘smartphone’ u ordenador se infecta de ‘malware’. Otra campaña fraudulenta antigua que vuelve a aflorar es la que ofrece el cambio de color del fondo de Facebook. En este caso, el objetivo es, otra vez, conseguir los datos del usuario e inscribirlos en un servicio de SMS Premium. La última modalidad, y una de las más extendidas, es la notificación de empresas de paquetería. El objetivo es infectar el dispositivo del usuario y robar sus datos.

• La Fiscalía ha detectado una pluralidad de comentarios ofensivos, humillantes o insultantes vertidos de forma indiscriminada en las redes sociales, poniendo en riesgo bienes jurídicos de carácter individual o colectivo.

• En 2014, estas conductas dieron lugar a un total de 1.038 expedientes judiciales.

• Cada vez se actúa más contra personas determinadas a las que se pretende humillar, acosar, amenazar, ofender o incluso desprestigiar públicamente causándoles un grave daño moral.

• El carácter técnico del medio empleado complica la determinación del responsable criminal.

• Los delitos de injurias y calumnias a funcionario público se han incrementado en un 64% respecto al año anterior.

• La calificación jurídica de estos comportamientos puede hacerse como delito de amenazas, de coacciones, de injurias, e incluso como delitos contra la integridad moral.

• La calificación jurídica de estos comportamientos puede hacerse como delito de amenazas, de coacciones, de injurias, e incluso como delitos contra la integridad moral.

Fuente de la noticia: Articulo de Almudena Vigil para diariodenoticiaslaley.es ver mas