La Unión Europea y Suiza firmaron ayer su nuevo acuerdo de transparencia fiscal, que impondrá el intercambio automático de información a partir de 2018. Ello significa que los residentes en la UE ya no podrán ocultar en Suiza ingresos no declarados para evadir el pago de impuestos. 

El pacto fue firmado en Bruselas por el ministro de Finanzas de Letonia, Janis Reirs, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE, y por el secretario de Estado para asuntos financieros internacionales de Suiza, Jacques de Watterville. En la ceremonia participó el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Gracias a este acuerdo, los Estados miembros recibirán anualmente los nombres, direcciones, números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes que tengan cuentas en Suiza, así como un amplio conjunto de otros datos financieros y de balance de las cuentas.

Estas disposiciones se ajustan plenamente al nuevo estándar internacional de la OCDE y del G-20 para el intercambio automático de información.

Fuente: www.aranzadi.es

 

 

Confirma la Sala la sentencia recurrida que declaró ajustado a derecho el acuerdo adoptado por la junta de la comunidad de propietarios demandada, por el que se autorizaba a unos vecinos a sustituir la bajante de aguas pluviales por una mixta de pluviales por una mixta de pluviales y residuales.

Declara el Tribunal que, tal y como se estableció por la sentencia impugnada, las obras se realizaron en virtud de un acuerdo de la comunidad que tenía por objeto la sustitución y mejora de un elemento común en un patio también común del edificio que no sufrió deterioro alguno y que estaba en situación de beneficiar a los actuales vecinos y a quienes en el futuro deseasen engancharse a las nuevas instalaciones, las cuales no requerirán unanimidad sino mayoría. Por otro lado, las obras no conllevaron ninguna alteración o afectación de la estructura o estabilidad del elemento común sobre el que se habían realizado ni supusieron una modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo ni los estatutos de la comunidad, ni alteraron las cuotas de participación de los comuneros. 

 

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia 725/2014, de 16 de diciembre de 2014

 

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 3000/2012

Ponente Excmo. Sr. JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil catorce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario n.º 1577/2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de Madrid, cuyo recurso fue interpuesto ante la mencionada Audiencia por la representación procesal de don Jon, representada ante esta Sala por el Procurador de los Tribunales don Marcos Juan Calleja García; siendo parte recurrida la Comunidad de Propietarios de la casa n.º NUM000 de la CALLE000 de Madrid, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Silvia Albite Espinosa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El procurador don Marcos Juan Calleja García, en nombre y representación de don Jon, interpuso demanda de juicio sobre propiedad horizontal contra la Comunidad de Propietarios de CALLE000 n.º NUM000 de Madrid y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, termino suplicando al Juzgado se dicte sentencia por la que declare la nulidad y deje sin efecto el acuerdo que adoptó en su reunión de 20 de mayo de 2009, que consta en el punto 1.º del Acta de la referida reunión (documento n.º 2), y cuyo contenido es el siguiente:

«Se vota dar permiso a los vecinos del lado derecho de la casa para sustituir la bajante de pluviales de dicho lado y más cercana al hueco de escalera, por una mixta de pluviales y residuales, según las condiciones marcadas por el Presidente: bajante de tubo de doble capa insonorizado, sin alterar la configuración estética de la bajante existente, prohibiéndose expresamente cualquier entronque exterior visible y dejándose ya el entronque hecho en todos los pisos.

El pago será a costa de los vecinos que deseen utilizarlo. Los que deseen usarlo en un futuro deberán abonarles su parte proporcional a los vecinos que lo sufraguen».

Con expresa imposición de costas a la parte demandada.

2.- La procuradora doña Silvia Albite Espinosa, en nombre y representación de La Comunidad de Propietarios CALLE000 n.º NUM000 de Madrid, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se acuerde la absolución de mi representada con la desestimación de la demanda por no darse los supuestos de hecho que de contrario se invocan, declarando la validez de la Junta impugnada, con los demás pronunciamientos legales que corresponda, y con imposición de las costas a la parte actora.

3.- Previos los trámites procesales correspondiente y practica de la prueba propuesta por las partes y admitidas el Ilmo Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de Madrid, dictó sentencia con fecha 19 de enero de 2011, cuya parte dispositiva es como sigue FALLO: Estimando íntegramente la demanda interpuesta por DON Jon, representada por el Procurador DON MARCOS JUAN CALLEJA GARCIA, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 N° NUM000 DE MADRID, DECLARO LA NULIDAD DEL ACUERDO PRIMERO DE LA JUNTA DE FECHA 20 DE MAYO DE 2009 y CONDENO a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE000 N° NUM000 DE MADRID a reponer la bajante de pluviales existente en las viviendas del lado derecho al estado en que se encontraba antes de su sustitución en el sentido de que se mantenga como de uso exclusivo de pluviales, procediéndose a cerrar los entronques que desde las citadas viviendas del lado derecho se hubiesen realizado a la misma. Todo ello con imposición de las costas de este juicio a la parte demandada.

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 n.º NUM000 de Madrid. La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 24 de septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO:Que estimando el recurso de apelación interpuesto por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA C/ CALLE000 NUM000 DE MADRID, frente a D. Jon, contra la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil once, dictada por la Ilma.Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la referida resolución para en su lugar dictar la siguiente:

«Que, desestimando la demanda interpuesta por D. Jon, contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE000 N° NUM000 DE MADRID, DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a la Comunidad demandada de los pedimentos contenidos en aquella, con imposición de las costas de la primera instancia a la parte actora».

Y sin pronunciamiento especial en cuanto a las costas procesales de esta segunda instancia.

TERCERO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación de don Jon con apoyo en los siguientes MOTIVO: PRIMERO.- Inaplicación del artículo 12, en relación con el art. 17.1.º párrafo, primero ambos de la LPH, y se opone a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias de 28 de marzo de 2012, 17 de febrero de 2010, 6 de marzo de 1998, 10 de diciembre de 1990 y 15 de noviembre de 2010, en cuanto declaran que la alteración de las cosas comunes de un edificio al que se aplica la LPH, de acuerdo con lo dispuesto en su art. 12, afectan al título constitutivo y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones del mismo que se establece en el art. 17.1 párrafo primero, de la propia Ley, que exige la unanimidad para la validez de los acuerdos que decidan dicha alteración. SEGUNDO. – Infracción del art. 17.3 (4 por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre ) de la LPH puesto que al establecer la mayoría simple para la validez de los demás acuerdos de la comunidad de propietarios, se refiere a asuntos de administración de la misma. Sentencias de 22 de marzo de 2006, 17 de junio de 1993 y 8 de julio de 1985. TERCERO.- Infracción del art. 597 párrafo primero del Código Civil, en relación con el art. 3 b) de la LPH y el art. 396 del Código Civil, conforme a los cuales para permitir la realización de obras o instalaciones que conlleven la constitución de servidumbres sobre elementos comunes del edificio comunitario a favor de elementos privativos del mismo, se precisa del consentimiento unánime de todos los copropietarios: sentencias de 28 de marzo de 2012, 10 de abril de 1995 y 30 de julio de 1991.

2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Silvia Albite Espinosa, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del n.º NUM000 de la CALLE000 de Madrid, presentó escrito de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de noviembre de 2014, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Don Jon demandó a la Comunidad de Propietarios de la que forma parte interesando que fuera declarado nulo un acuerdo adoptado por la Junta en virtud del cual se autorizaba dar permiso a los vecinos del lado derecho de la casa para sustituir la bajante de pluviales de dicho lado y más cercana al hueco de escalera, por una mixta de pluviales y residuales, y ello porque no fue adoptado por unanimidad y porque además contrariaba otro acuerdo anterior de la Junta que impedía la realización de tal tipo de actuaciones.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda, declaró nulo el acuerdo y condenó a reponer la bajante a su anterior situación.

Contra dicha sentencia la Comunidad de Propietarios demandada formuló recurso de apelación en el que expuso como motivo esencial de impugnación la errónea interpretación que se hace en la sentencia de instancia del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, en relación con el tipo de quórum exigido por la ley para la validez de acuerdos como el impugnado, que ésta considera que debe ser por unanimidad.

La sentencia de la Audiencia estimó el recurso de apelación y, con revocación de la sentencia del juzgado, desestimó la demanda. La sentencia, después de declarar probado que «se ha cambiado o sustituido un elemento común (la bajante de aguas pluviales existente en un ángulo del patio interior del edificio) por otro elemento común similar (una bajante de doble función, de aguas pluviales y residuales a dicha bajante), así como la ampliación del conducto subterráneo existente en el patio para conectar el pozo «, y que el «acuerdo fue aprobado con 8 votos a favor (que representaban el 60,00% de las cuotas), 1 voto en contra (7.50% de las cuotas) y 2 abstenciones. Es decir, no fue aprobado por unanimidad, sino por mayoría», argumenta que » se da una perfecta adecuación entre ambas realidades: la física y la jurídica, porque por la naturaleza de las acciones a realizar en virtud del acuerdo no se puede decir que se estén modificando las reglas contenidas en el título constitutivo ni los estatutos de la comunidad, ni se están alterando las cuotas de participación de los comuneros (únicos casos en que la Ley exige la unanimidad para la validez de los acuerdos)… No hay base legal para la exigencia de unanimidad para la validez de un acuerdo que tiene por objeto la sustitución (y mejora) de un elemento común».

Don Jon formula recurso por interés casacional.

SEGUNDO.- En el primer motivo se citan las sentencias de 28 de marzo de 2012, 17 de febrero de 2010, 6 de marzo de 1998, 10 de diciembre de 1990 y 15 de noviembre de 2010, en cuanto declaran que la alteración de cosas comunes de un edificio sujeto a la Ley de Propiedad Horizontal, afectan al título constitutivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y deben someterse al régimen establecido para las modificaciones del mismo que se establece en el artículo 17.1.ª, párrafo primero, de la ley, que exige la unanimidad para la validez de los acuerdos que decidan dicha alteración.

Se desestima.

La sentencia recurrida no contradice la jurisprudencia de esta Sala. Como principio, es válida la afirmación de que nadie puede hacer obras fuera de su superficie interna, ni modificar servicios generales, aunque estén dentro de su propiedad privada, sin la autorización unánime de la Junta de Propietarios, de tal forma que la posibilidad de que cualquier propietario pueda verificar modificaciones en ella es contraria no sólo a la Ley de Propiedad Horizontal (artículos 7.1 y 12 ), sino también al principio básico de la copropiedad ( STS 17 de febrero 2010 ). Ocurre que no todas las obras son iguales aunque tengan relación con los elementos comunes, ni este es el sentido de los artículos 12 y 17 de la LPH. Es doctrina jurisprudencial – STS 28 de marzo 2012 – que la ejecución de obras en elementos comunes, tales como los forjados, los cuales conforman la estructura del edificio, requieren del consentimiento unánime de la comunidad, sin que la permisividad de tales obras se encuentre condicionada a la existencia o no de perjuicio para los propietarios o afecten o no a la estructura, seguridad o configuración exterior del edificio comunitario, así como que la constitución de servidumbres en beneficio de elementos privativos requiere no solo del consentimiento de los respectivos dueños de los predios dominante y sirviente sino también, cuando afecte a elementos comunes, del consentimiento unánime de la comunidad de propietarios.

Y lo cierto es que no estamos ante una afectación la estructura de la finca – STS 17 de febrero 2010 -, ni ante la división material o jurídica de un local en dos y constitución de una servidumbre sobre elementos comunes – STS 28 de marzo 2012 -, o de obras de adaptación de un local del edificio para servir de garaje con finalidad de pública explotación – STS 6 de marzo 1998 -, ni en el supuesto de cierre de una puerta de acceso abierta en una fachada – STS 10 de diciembre de 1990 – o de la apertura de un hueco en la fachada o muro de cerramiento del inmueble en la parte trasera del edificio, que tenía como finalidad la unión de los locales con una construcción que se estaba elevando en el solar trasero del edificio, propiedad de la demandada, y que no formaba parte de la misma Comunidad de Propietarios – STS 15 de noviembre de 2010 -.

Para la sentencia de la Audiencia las obras se realizan en razón a un acuerdo de la comunidad que tiene por objeto la sustitución y mejora de un elemento común en un patio también común del edificio que no ha sufrido deterioro alguno y que está en situación de «beneficiar a los actuales vecinos y a quienes en el futuro deseen engancharse a las mismas», las cuales no requieren unanimidad sino mayoría; obras que no conllevan, según valoración probatoria efectuada en la sentencia recurrida, ninguna alteración o afectación de la estructura o estabilidad del elemento común sobre el que se han realizado ni han supuesto una modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo ni los estatutos de la comunidad, ni se están alterando las cuotas de participación de los comuneros.

Los razonamientos del recurrente no atacan tal conclusión, sino que se limitan a matizarla mediante la aplicación al caso del artículo 12 de la Ley, sin tener en cuenta que, en el caso que se examina, la Audiencia Provincial no ha fijado la necesidad del consentimiento unánime para adoptar un acuerdo que no se encuentra en ninguna de las prohibiciones legalmente establecidas, debido a la forma y al modo en que la obra ha sido ejecutada, conforme a los hechos que declara probados.

TERCERO.- El segundo motivo, y como justificación del interés casacional, cita las sentencias de 22 de marzo de 2006, 17 de junio 1993 y 8 de julio 1985, conforme a las cuales el artículo 17,3.ª de la LPH ( 4.ª por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre ), al establecer la mayoría simple para la validez de los demás acuerdos de la comunidad de propietarios, se refiere a los asuntos de administración de la misma.

Se desestima.

Dice la sentencia que el acuerdo se aprobó por mayoría sin determinar si lo había sido por mayoría simple o cualificada del 3/5, como decía la sentencia del juzgado, posiblemente porque no consideró sustancial entrar en el detalle del acuerdo, a tenor de la naturaleza de las obras realizadas, salvo que el acuerdo se aprobó con 8 votos a favor, que representaban el 69% de las cuotas, 1 voto en contra (7,50% de las cuotas) y 2 abstenciones. La consideración de si la obra es de interés general, desde el punto de vista del inmueble en su conjunto o en relación con el número de vecinos que pueden obtener una ventaja directa con la modificación, a efectos de la mayoría, o sobre la forma en que debe computarse el voto de quienes asistieron a la junta y se abstuvieron en la votación, así como de los ausentes, y el consiguiente nacimiento del carácter obligatorio del acuerdo, es algo que ha quedado al margen de de la sentencia.

CUARTO. – Finalmente, en el tercero se citan las sentencias de 28 de marzo de 2012, 10 de abril de 1995 y 30 de junio de 1991, conforme a las cuales para permitir la realización de obras o instalaciones que conlleven la constitución de servidumbres sobre elementos comunes del edificio comunitario a favor de elementos privativos del mismo, se precisa el consentimiento unánime de todos los copropietarios.

Se desestima como los anteriores.

El recurso de casación se formula desde una perspectiva diferente de los hechos a los que atiende la sentencia recurrida, que parte de la sustitución y mejora de un elemento común y no de la instalación de una chimenea. Nada dice, además, la sentencia sobre la posible existencia de una servidumbre salvo que la jurisprudencia se muestra sólida y rigurosa » con aquellos acuerdos que se refieren a actuaciones que inciden sobre la estructura del edificio, poniendo en riesgo su seguridad o configuración exterior ( STS 17 noviembre 2011 ) o comportan la constitución de servidumbres en los elementos comunes en beneficio de elementos privativos ( STS 28 de marzo 2012 )» y ello es, o debe ser así, porque lo que está en cuestión no son los derechos de un copropietario frente a otro de una finca contigua, sino los derechos de una comunidad de propietarios que ha llevado a cabo actuaciones que afectan a elementos comunes en virtud de un acuerdo aprobado en Junta de vecinos, lo que implica reconducir el examen de la cuestión a las normas que le son propias y que no son otras que la de la propiedad horizontal.

QUINTO.- Consecuencia de lo razonado es la desestimación del recurso y la imposición de las costas al recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimar el recurso formulado por la representación legal de don Jon, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11, de fecha 24 de septiembre de 2012, con expresa imposición de las costas causadas al recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de apelación en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Jose Antonio Seijas Quintana. Antonio Salas Carceller. Francisco Javier Arroyo Fiestas.Eduardo Baena Ruiz.Xavier O’Callaghan Muñoz. Jose Luis Calvo Cabello.Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Antonio Seijas Quintana, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

Fuente: www.iustel.com

 

 

 

Tal como expone esta norma en su Preámbulo, la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, flexibilizó el régimen de los convenios preconcursales de acuerdo con algunas premisas básicas: 

La primera de ellas es considerar que la continuidad de las empresas económicamente viables es beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del empleo. 

La segunda de las premisas era acomodar el privilegio jurídico a la realidad económica subyacente, pues muchas veces el reconocimiento de privilegios carentes de fundamento venía a ser el obstáculo principal de los acuerdos preconcursales. 

La tercera de las premisas era respetar en la mayor medida posible la naturaleza jurídica de las garantías reales (pero siempre, y tomando en cuenta la segunda premisa, de acuerdo con su verdadero valor económico). 

Esta Ley aborda la extensión de las premisas anteriores al propio convenio concursal. Además de lo anterior, se adoptan una serie de medidas para flexibilizar la transmisión del negocio del concursado o de alguna de sus ramas de actividad, ya que en la actualidad existen algunas trabas, que, bien durante la tramitación del proceso concursal, bien cuando la liquidación del concurso sea inevitable, están dificultando su venta,

Desde esta perspectiva, las modificaciones que se introducen en esta materia tienen en última instancia la misma finalidad que las relativas al convenio concursal: facilitar en la mayor medida posible la continuación de la actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5744.pdf

 

 

 

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha inaugurado en Mérida las IX Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores de España, donde ha destacado el papel determinante de este colectivo en el fortalecimiento del estado de derecho, la consolidación de nuestro régimen de seguridad jurídica y la mejora de la competitividad de nuestro país. 

Catalá ha señalado que el aumento del protagonismo de los procuradores incluido en la actual reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la ampliación de sus funciones procesales y la atribución de capacidad para certificar, mejora las opciones con las que cuenta el ciudadano, ya que podrá elegir entre los funcionarios al servicio de la Administración o los procuradores para realizar las notificaciones de litigio. 

El ministro ha apelado a los 10.000 procuradores que hay en España, a los que ha señalado como «cooperadores necesarios», para que la Justicia digital, abierta e innovadora sea una realidad a partir del 1 de enero de 2016, fecha en la que todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos en los actos de comunicación procesal. En las comunidades autónomas directamente gestionadas por el Ministerio de Justicia, el 95% de las comunicaciones en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo de las que son emisores o receptores los procuradores, ya que se realizan por medios telemáticos. 

El ministro de Justicia ha subrayado su compromiso de poner a disposición de los procuradores herramientas eficaces para vanzar en la digitalización de la Justicia y ha avanzado que a partir del próximo 15 de junio será posible el envío a través de Lexnet de mensajes de hasta 10 megas de tamaño, superando los 6 megas que permite actualmente el sistema. 

En defensa de las funciones de la procura, Catalá ha destacado la firme determinación del Ministerio de Justicia al mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. También ha puesto tres ejemplos de diálogo efectivo con este colectivo: la derogación de las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes y en todas las instancias, el respeto a la continuidad del actual modelo colegial con la retirada del Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, y el mantenimiento de la actual demarcación y planta judicial.

Fuente: www.iustel.com

 

El TJUE en una sentencia de fecha 29 de abril de 2015, en el asunto C-51/13 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV / Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen, señala que corresponde al Estado miembro interesado, en función de las características de su ordenamiento jurídico y de las particularidades de la situación que se proponga regular, determinar la base jurídica de la obligación de comunicar información adicional para garantizar al mismo tiempo que el tomador del seguro comprende efectivamente las características esenciales de los productos de seguro que se le ofrecen y que hay un nivel suficiente de seguridad jurídica. 

La principal finalidad de la tercera Directiva de seguro de vida es coordinar las disposiciones mínimas para que el consumidor reciba información clara y precisa sobre las características esenciales de los productos que se le ofrecen. Sólo cabe imponer una obligación de comunicar información adicional si ello es necesario para lograr el objetivo de informar al tomador del seguro y si la información exigida es lo bastante clara y precisa para conseguir ese objetivo y, de esa manera, garantizar concretamente a las aseguradoras un nivel suficiente de seguridad jurídica. 

Marco jurídico 

La Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida).

La tercera Directiva de seguros de vida fue derogada y sustituida por la Directiva 2002/83/CE del Paralamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, que a su vez fue derogada y sustituida con efectos a partir del 1 de noviembre de 2012 por la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 

No obstante, dada la fecha en la que se concluyó el contrato de seguro de vida objeto del litigio, las disposiciones de la tercera Directiva del seguro de vida siguen siendo pertinentes para su solución. 

El artículo 31 de dicha Directiva establece:

«1. Antes de la celebración del contrato de seguro, deberán haberse comunicado al tomador, como mínimo, las informaciones enumeradas en el punto A del Anexo II.

2. El tomador de seguro deberá ser informado, durante todo el período de vigencia del contrato, de cualquier modificación relativa a las informaciones enumeradas en el punto B del Anexo II. 

3. El Estado miembro del compromiso no podrá exigir de las empresas de seguros que faciliten informaciones suplementarias a las enumeradas en el Anexo II más que si tales informaciones resulten necesarias para la comprensión efectiva por parte del tomador de los elementos esenciales del compromiso. 

4. Las normas de desarrollo del presente artículo y del Anexo II serán adoptadas por el Estado miembro del compromiso.»

Antecedentes

En 1999 el Sr. Van Leeuwen suscribió con Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV (NN) un seguro que comprendía una parte de inversión, denominada «inversión asegurada flexible». Se trataba de un seguro de vida cuyo valor acumulado en la fecha del cese de seguro no está garantizado, sino que depende de los resultados de las inversiones. Por otra parte, durante la vigencia del contrato de seguro está previsto el pago de un capital fijo y garantizado en caso de que el tomador fallezca antes del vencimiento del contrato.

Tras la celebración del contrato surgió un litigio entre NN y el Sr. Van Leeuwen acerca de la cuantía de los gastos y de las primas de cobertura del riesgo de fallecimiento. Una parte del litigio versa sobre si NN comunicó suficiente información sobre los referidos gastos antes de que se suscribiera el contrato de seguro. Concretamente, se discute el que no se remitiera al Sr. Van Leeuwen una enumeración o un resumen completo de los gastos concretos y/o absolutos así como su desglose. 

Según el Rechtbank te Rotterdam (Países Bajos), que conoce del litigio, debe considerarse que, a pesar de que esa información no figure entre la que las aseguradoras están obligadas a comunicar a los tomadores de seguro en virtud de la Directiva, al abstenerse de comunicarla NN infringió las «normas abiertas y/o no escritas» del Derecho neerlandés, que incluyen en este cado la obligación de diligencia de la compañía aseguradora, la buena fe precontractual, la proporcionalidad y la equidad.

El tribunal nacional decidió plantear al respecto cuestiones al TJUE. Pregunta esencialmente si las disposiciones de la Directiva se oponen a que una aseguradora esté obligada a comunicar al tomador del seguro determinada información, adicional a la enumerada en la Directiva, en virtud de principios generales del Derecho neerlandés, como las «normas abiertas y/o no escritas». 

La Sentencia del TJUE

En respuesta a la primera de las cuestiones planteadas, si la Directiva se opone a que en virtud de principios generales del Derecho una aseguradora esté obligada a comunicar al tomador determinada información, en su sentencia el TJUE recuerda que del propio texto de la disposición pertinente de la Directiva, Art. 31, de su anexo II y de un considerando se desprende que la información adicional que los Estados miembros pueden exigir debe ser clara, precisa y necesaria para la comprensión efectiva de las características esenciales de los productos de seguro que se ofrecen al tomador. 

Por tanto, sólo cabe imponer una obligación de comunicar información adicional si ello es necesario para lograr el objetivo de informar al tomador del seguro y si la información exigida es lo bastante clara y precisa para conseguir ese objetivo y, de esa manera, grantizar concretamente a las aseguradoras un nivel suficiente de seguridad jurídica. 

El TJUE subraya en este sentido que los Estados miembros no están obligados a exigir a las aseguradoras que comuniquen información adicional. Se trata efectivamente de una facultad de la que los Estados miembros pueden hacer uso o no libremente.

No obstante, aunque corresponde al Estado miembro regular las modalidades de desarrollo de la obligación de comunicar información adicional impuesta por la normativa nacional, la Directiva delimita esa facultad, precisando que esa información debe permitir al tomador del seguro comprender los elementos esenciales del compromiso, y ser necesaria para ese fin.

Por tanto, corresponde al Estado miembro interesado, en función de las características de su ordenamiento jurídico y de las particularidades de la situación que se proponga regular, determinar la base jurídica de la obligación de comunicar información adicional para garantizar al mismo tiempo que el tomador del seguro comprende efectivamente las características esenciales de los productos de seguro que se le ofrecen y que hay un nivel suficiente de seguridad jurídica.

Carece en principio de relevancia cuál sea la base jurídica de esa obligación de comunicar información adicional, y en particular si dicha obligación nace de principios generales del Derecho interno, como las «normas abiertas y/o no escritas».

No obstante, esa base jurídica debe permitir, conforme al principio de seguridad jurídica, que las compañías aseguradoras conozcan con suficiente previsibilidad la información adicional que deben comunicar, y que el tomador del seguro puede esperar recibir. A este respecto el tribunal de Justicia señala que, al apreciar las exigencias que se pueden imponer sobre la previsibilidad de esa obligación de comunicar información adicional, el tribunal nacional puede considerar el hecho de que corresponde a la aseguradora determinar la naturaleza y las características de los productos de seguros que ofrece, por lo que, en principio, debería estar en condiciones de identificar las características de esos productos que podrían justificar la necesidad de comunicar información adicional al tomador del seguro. 

En cualquier caso, corresponde al tribunal nacional apreciar si las mencionadas «normas abiertas y/o no escritas» cumplen esas exigencias. 

Sobre la segunda cuestión prejudicial, referente a si son pertinentes para la respuesta a la primera cuestión los efectos que el Derecho nacional atribuye a la falta de comunicación de las informaciones suplementarias en el sentido del artículo 31, apartado 3, de la tercera Directiva de seguros de vida, el TJUE contesta que carecen en principio de pertinencia respecto a la conformidad de la obligación de comunicación con el artículo 31, apartado 3, de la Directiva.

Conforme pues a estos criterios, el TJUE (Sala Quinta) declara: 

1) El artículo 31, apartado 3, de la Directiva 92/96/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una empresa aseguradora esté obligada a comunicar al tomador del seguro ciertas informaciones adicionales  a las enumeradas en el anexo II de esa Directiva, con fundamento en principios generales del Derecho interno, como las «normas abiertas y/o no escritas» discutidas en el asunto principal, siempre que las informaciones exigidas sean claras, precisas y necesarias para la comprensión efectiva por el tomador del seguro de los elementos esenciales del compromiso y garanticen un grado de seguridad jurídica suficiente, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente. 

2) Los efectos que el Derecho interno atribuye a la falta de comunicación de esas informaciones carecen en principio de pertinencia respecto a la conformidad de la obligación de comunicación con el artículo 31, apartado 3, de la Directiva 92/96.

Fuente: www.noticiasjuricas.com

 

 

 

Los países de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas y los fideicomisos, y esos registros deberán ser accesibles a las autoridades y a todas las personas con un «interés legítimo», por ejemplo, peridistas. Así lo establece la directiva contra el blanqueo de capitales que ha aprobado este miércoles el pleno del Parlamento Europeo. 

Este trámite es el último para la puesta en práctica de la norma, que ya ha sido acordada con el Consejo de la UE, y ahora los Estados miembros tendrán dos años para trasladarla a sus legislaciones nacionales.

El objetivo de esta nueva norma es mejorar la claridad y la accesibilidad de la información sobre «el beneficiario efectivo o beneficiarios efectivos, es decir, la persona física en cuyo nombre se lleva a cabo una transacción o la persona física que, en última instancia, ostenta la propiedad o el control de la entidad del cliente». 

Nuevo reglamento para rastrear transferencias

Además, en su objetivo de intensificar la lucha contra los delitos fiscales y contra la financiación del terrorismo, la Eurocámara también ha ratificado un reglamento para facilitar el rastreo de las transferencias bancarias, que busca mejorar el seguimiento de los pagadores, de los beneficiarios y de sus activos. 

Este reglamento se aplicará en todos los países de la UE directamente, sin trasposición, 20 días después de la publicación en el Diario Oficial de la UE.

Los registros de los titulares reales de compañías y corporaciones no estaban previstos en la propuesta inicial de directiva presentada por la Comisión Europea, pero los eurodiputados los han incorporado durante las negociaciones. 

La norma también establece obligaciones específicas de información que tendrán que cumplir entidades financieras, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, sobre operaciones consideradas sospechosas que hayan efectuado sus clientes. 

Demostrar interés «legítimo» para conocer operaciones irregulares. 

En cuanto al acceso a esos registros, las autoridades y sus departamentos de control financiero podrán consultarlos sin ninguna restricción, al igual que las «entidades obligadas» a informar, como los bancos.

Para el acceso del público en general, el demandante deberá inscribirse online y pagar una tasa para cubrir los costes administrativos. Además, la persona u organización interesada (por ejemplo, periodistas u ONG) tendrá que demostrar un «interés legítimo» en el supuesto lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos subyacentes relacionados, como la corrupción o los fraudes fiscales.

Sin embargo, los registros centrales sobre fideicomisos serán accesibles únicamente para las autoridades y las «entidades obligadas».

Los datos disponibles en esos registros serán el nombre y apellidos del propietario, mes y año de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y detalles sobre la propiedad. 

Reglas más estrictas para cargos públicos. 

Los Estados podrán hacer excepciones a esta obligación de información, pero sólo «en casos concretos, bajo circunstancias excepcionales». 

El texto especifica normas más estrictas para las personas con «exposición política», es decir, las que presentan un mayor riesgo de corrupción debido al cargo político que ocupan, como jefes de Estado, miembros de gobiernos, magistrados o parlamentarios, así como sus familiares.

En caso de relaciones empresariales con personas de este perfil, deben adoptarse medidas adicionales, como por ejemplo, establecer el origen del patrimonio y de los fondos manejados en las operaciones. 

Fuente: www.rtve.es

 

 

El Gobierno aplaza la creación del Sistema de Inteligencia Económica (SIE), al menos hasta la próxima legislatura. Así lo admitió el director general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Antonio Fernández – Martos..

Durante su intervención en el foro Diálogos de Internacionalización, organizado por MOdE Comunicación, Fernández-Martos respondía con un «es muy posible», a la pregunta sobre si el Gobierno iba aparcar la puesta en marcha del SIE para después de las elecciones generales de noviembre, aunque matizó que «tenemos los mimbres que nos permitirán llegar al SIE y de hecho desde el Ministerio de Economía ya estamos haciendo inteligencia económica y ayudando a las empresas en el exterior a través de las oficinas económicas y comerciales en el exterior». 

El SIE está incluido dentro de los programas prioritarios que integran la Estrategia de Seguridad Nacional y su creación, bajo la supervisión del Ministerio de Economía se incluyó en el primer borrador de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, aunque desapareció del articulado en la versión final de la Ley para pasar a ser uno de los temas pendientes dentro de las competencias de la Presidencia del Gobierno.

En la misma línea el director de Internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, que fue Secretario de Estado de Comercio en el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, explicó que en las políticas del Gobierno «hay más prioridades» y coincidió con el director general de Comercio en que en materia de apoyo a la seguridad de las inversiones en el exterior «los medios de la Administración están, los sistemas de prevención y de respuesta funcionan, pero no siempre todo es posible». 

Alfredo Bonet abogó también por una mayor colaboración público-privada para prevenir y responder ante los casos de inseguridad jurídica y riesgos catastróficos o políticos de los inversores españoles.

Anthelex Internacional, es una empresa especializada en servicios de inteligencia económica y asesoramiento a las empresas en el exterior, y Luis Sánchez Peiro, resaltó que «en estos momentos, cuando la internacionalización empresarial es una prioridad de la política económica, sería necesario repensar la distribución de los recursos públicos». En este sentido recordó que «a la hora de invertir fuera tan importante es saber cómo se puede entrar como conocer con quién se debe ir y cómo y cuándo se puede o se debe salir», para recalcar que «la inteligencia económica está para saber anticiparse a los riesgos y en la Administración y en las empresas probablemente hay mucha información pero lo que falta es conocimiento». 

Fuente: www.empresaexterior.com

 

 

La morosidad puede provocar una situación encadenada de problemas de liquidez. Así, si el primer contratante no abona el importe de las facturas contraídas con una empresa o autónomo, estos tampoco podrán pagar a sus proveedores o empleados. De este modo, la situación puede agravarse y enquistarse en el tiempo, si no se toman medidas. La morosidad deja a 65.000 empresas en riesgo extremo de supervivencia.

En este sentido, las Administraciones Públicas tardaron hasta 89 días de media en abonar sus facturas a los autónomos durante el último año, casi tres veces más de los 30 días que marca la ley. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe “¿Cómo pagamos hoy en día?” del Centro de Estudios de Morosidad de la EAE Business School.

A pesar de todo, la buena noticia es que esta cifra supone un 30% menos de demora que durante el año anterior. Así, el estudio, elaborado sobre una muestra de 600 empresas, establece que el ratio de impago de facturas vencidas en España en 2014 fue del 66%, frente al 33% de media registrado en Europa.

Operaciones entre empresas

Para el caso de las operaciones entre empresas, business to business, el plazo medio de pago fue de 95 días, casi el doble de los 47 días de media de la Unión Europea.

Por comunidades autónomas, el estudio revela que en 2014 se tardaron 43 días de media en pagar a los proveedores, 13 días más del plazo previsto en la legislación de lucha contra la morosidad para los pagos de las Administraciones Públicas. En este sentido, las más morosas serían Aragón, con 77,5 días; Comunidad Valenciana, con 74,4; y Extremadura, con 72,3 días.

Por su parte, el plazo medio de pago de las sociedades no financieras del Ibex 35 ascendió a 169 días, casi el triple del máximo que marca la ley, de 60 días para el caso de las sociedades privadas.

Por industrias, la construcción y el sector inmobiliario son los que registran el mayor retraso en la liquidación de sus facturas, ya que alcanzan los 288 días. Tras estos se sitúan servicios y comercio, con un plazo de pago de 253 días, y seguidamente, la industria, con 230 días de media.

Lentitud judicial

Otro de los datos importantes que se extraen del estudio es que el 83% de las empresas evita acudir a los tribunales para reclamar las deudas, por la lentitud de la Justicia. Asimismo, otro 60% opta por renunciar a una parte de la cantidad adeudada y un 70% reconoce que se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a estos 60 días que señala la ley.

Según el informe, la morosidad afectaría sobre todo a pymes, microempresas y autónomos, ya que les supondría más problemas de liquidez que a una grande, por su menor cantidad de recursos. De este modo, los principales motivos de riesgo de impago están precisamente en los elevados plazos, que causan a las empresas altos costes financieros, motivo por el cual las compañías españolas son menos competitivas que las europeas.

Un problema que arrastran nuestras empresas pero que parece iniciarse desde las administraciones públicas, que son las primeras en incumplir los plazos.

Fuente: El Economista

 

 

El plazo de un mes que impuso la nueva ley hipotecaria española aprobada en 2013 para recurir desahucios que ya estaban en marcha, invocando el carácter abusivo de cláusulas contractuales, no se ajusta a la normativa comunitaria ya que no es razonable e imposibilitó a muchos consumidores ejercer sus derechos, según un dictamen publicado este miércoles por el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Maciej Spuznar. 

El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción.

La ley hipotecaria española de 2013 – que se aprobó a raíz de la primera sentencia negativa de la justicia europea – permite que los ciudadanos afectados por un procedimiento de desahucio puedan oponerse a la ejecución alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual y suspender así el proceso. En los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la norma, la oposición debe formularse en el plazo ordinario de diez días a partir de la notificación del auto.

En cambio, la norma introdujo una disposición transitoria para los procedimientos de ejecución que ya estaban en curso cuando entró en vigor la ley. Esta disposición fija el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 15 de mayo de 2013. Dos ciudadanos demandados por el BBVA se opusieron a su deshaucio el 17 de junio de 2013, cuando ya había expirado este plazo, y denunciaron que este límite vulnera la legislación comunitaria.

En sus conclusiones de este miércoles, el abogado general señala que la directiva de la UE sobre cláusulas abusivas «se opone a una disposición nacional como la española». «Lo que plantea problemas es precisamente el hecho de que el plazo comience a correr a partir del día siguiente al de la publicación de la Ley 1/2013 en el BOE, sin haber notificado a las partes demandadas en los procedimientos de ejecución», afirma el fallo.

Este plazo de un mes sin notificación «imposibilitó o dificultó en exceso el ejercicio de los derechos conferidos a los consumidores» y generó «un elevado grado de inseguridad jurídica, inadmisible en el ámbito de la protección de los consumidores». «El plazo no es adecuado para preparar e interponer un recurso eficaz», insiste el abogado general.

El dictamen señala además que «se trata de un procedimiento de esencial relevancia para los consumidores (dado que pueden irreversiblemente sus bienes inmuebles), bastante complejo para ellos y que afecta a un gran número de personas (cientos de miles, según la Comisión Europea)». «Por todos estos motivos considera que el plazo establecido por la Ley española no es razonable», concluye. 

Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque sus recomendaciones suelen seguirse en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se dictará en los próximos meses.

Fuente: Europa Press

 

 

La Comisión Europea debe plantear, como tarde en 2016, medidas para incluir en el etiquetado de las bebidas alcohólicas información sobre su contenido calórico, según acordó el miércoles el Parlamento Europeo. La resolución reclama una nueva «estrategia europea en materia de alcohol» para reducir el consumo entre menores e incluir avisos en las etiquetas sobre los riesgos en la conducción y el embarazo. 

Los eurodiputados piden a la Comisión que «empiece a trabajar inmediatamente en la nueva Estrategia de la UE en materia de alcohol (2016 – 2022)» para ayudar a los países a lidiar con los daños del alcohol. La estrategia debe incluir la recopilación de datos fiables, la mejora de la prevención y el tratamiento, la reducción de los accidentes causados por la conducción bajo los efectos del alcohol y el análisis de los diferentes patrones de consumo, señala el texto, que fue adoptado en una votación a mano alzada. 

Ingredientes y calorías en las etiquetas

* La Comisión Europea deberá evaluar si la obligatoriedad de informar a los consumidores sobre los ingredientes y contenido nutricional ha de aplicarse a las bebidas alcohólicas, señala la resolución. 

* El contenido calórico tendrá que figurar de manera clara. La Comisión tendrá que presentar una propuesta legislativa en 2016, como límite. 

* Los eurodiputados quieren también que la Comisión considere si en las etiquetas se debe desaconsejar a las mujeres embarazadas el consumo de alcohol e incluir advertencias sobre el riesgo de conducir bebido. 

El Parlamento reclama, asimismo, a los Estados miembros que protejan a los jóvenes mediante una aplicación estricta de las limitaciones de edad y recomienda que vigilen el efecto de la publicidad del alcohol en la juventud y traten de limitar su exposición a estos anuncios. Los países deben contemplar medidas contra la venta de alcohol muy barato.

La Comisión deberá también afrontar la cuestión de la ventana transfronteriza de alcohol via internet, señalan los eurodiputados. Los Estados miembros también tendrán que poner en marcha campañas para concienciar sobre los peligros del consumo masivo de alcohol, especialmente para los menores, e incrementar los esfuerzos para reducir los accidentes de tráfico vinculados al alcohol.

www.eumedia.es