España sigue escalando posiciones en el ranking de las denuncias internacionales ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) por el hachazo a las energías renovables. El país recibió el pasado 8 de mayo una nueva demanda, en esta ocasión firmada por la empresa alemana BayWa, y ya acumula 13 procesos abiertos en esta sede, a los que hay que sumar varios procesos más en otras cámaras de litigios internacionales. 

De hecho, durante el último año España ha sido el país que más demandas ha recibido con un total de 8 nuevos procesos, todos con la reforma eléctrica y el cambio de retribuciones aprobado sobre las energías verdes como telón de fondo. El país ha recibido un 18% del total de denuncias interpuestas en el último año, lo que equivale a una relación de uno de cada cinco procesos. 

En la lista de los países denunciados durante el último año también aparecen viejos conocidos del Ciadi como venezuela, Argentina o Egipto, si bien todos ellos han frenado a un máximo de dos los procesos iniciados en los últimos 12 meses. 

La denuncia de Bay Wa y la lluvia de procesos por las renovables registrados en los últimos meses también han situado a España en el podio mundial de los pleitos, sólo por detrás de Venezuela (24 denuncias) o Argentina (19). En total, el Banco Mundial acumula 197 casos por resolver. 

La sociedad alemana argumenta en su denuncia un recorte de la retribución regulada y sobre la expectativa legítima de ingresos acordada con el Estado español para la instalación de distintos proyectos solares en Palencia, Valladolid, Ciempozuelos, Barcelona, Cáceres y Puerto Real. El asesor del demandante es el despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

La defensa de España va a cargo de la Abogacía del Estado, sibien el Ministerio de Industria ha contratado por 2,18 millones de euros a las consultoras Accuracy y BDO para elaborar informes periciales que apoyen de forma externa el proceso. 

Un primer informe jurídico eleva el potencial riesgo de indemnización por encima de los 1.000 millones de euros, según fuentes próximas al Ministerio de Industria. Entre los inversores figuran empresas, fondos de inversión y de pensiones norteamericanos y europeos, e incluso el vehículo de inversión estatal en energía solar del Gobierno de Abu Dhabi. 

Los despachos de abogados especializados en arbitrajes están trabajando actualmente con inversores asiáticos pillados en la reforma y prevén que el número de denuncias siga aumentando en los próximos meses. 

El Estado alega en su defensa que el recorte verde – a su juicio vital para evitar la quiebra del sistema eléctrico – no supuso ningún tipo de discriminación para los inversores internacionales sobre el impacto que sufrió el sector a nivel local. 

De hecho, el Tribunal Supremo acumula 350 recursos nacionales contra el nuevo mecanismo de retribución regulada de las energías renovables, que supuso un recorte de 1.800 millones para el conjunto del sector. Hasta ahora, el Alto Tribunal ha sentenciado que los cambios regulatorios se ajustan a la ley siempre y cuando se garantice una «rentabilidad razonable» para el inversor. 

Fuentes jurídicas prevén que los grandes pleitos comiencen a resolverse durante 2016, al encontrarse ya en fase de alegaciones. No obstante, algunos de los recursos planteados fuera del Ciadi podrían obtener el laudo arbitral este mismo ejercicio. El recurso más avanzado se está revisando en la Cámara de Arbitraje de Estocolmo y corresponde a una demanda interpuesta por la firma holandesa Charanne en el año 2013.

Fuente: El Mundo 

Esta empresa cuenta con varios proyectos solares en Palencia, Valladolid, Ciempozuelos (Madrid), Barcelona, Cáceres y Puerto Real (Cádiz), así como con otro de consultoría técnica para más de 50 megavatios (MW) eólicos en La Muela (Zaragoza).

La sociedad alemana BayWa ha presentado la duodécima demanda internacional en contra de España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables. 

Esta nueva denuncia, en la que Bay Way dispondrá del asesoramiento del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira, es la cuarta del año contra España por los recortes a las renovables, tras la presentada por la empresa de capital norteamericano 9REN. También en lo que va de año, el tribunal de arbitraje ha recibido denuncias presentadas por la empresa alemana Steag y por un consurcio formado por ocho empresas también alemanas en el que participa la eléctrica RWE. Anteriormente, inició la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser, Antin y RREEF, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa.

A estos once demandantes se suma el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana y que cuenta con el asesoramiento de los despachos Cases & lacambra y González-Bueno & Asociados. Las denuncias de las firmas internacionales se centran en los recortes a la energía solar y, en especial, a la termosolar, iniciados a finales de 2010 a través del real decreto ley 14/2010, en el que se limitaban las horas con derecho a prima. Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría». Aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar también a España. 

Fuente: www.econoticias.es

El Congreso Nacional de la Abogacía se clausura con la lectura de la Declaración de Vitoria.

El presidente del Consejo de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha clausurado el XI Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en Vitoria con la lectura de la Declaración de Vitoria. 

La Abogacía Española, reunida los días 6 al 8 de mayo en el XI Congreso Nacional, declara que: 

1.- El nuevo tiempo iniciado en plena crisis económica, política y de valores exige la adaptación de los abogados y sus instituciones, teniendo siempre presente la dimensión humana de la profesión. Contamos para ello con el apoyo institucional y el respaldo del Jefe del Estado quien ha destacado públicamente la relevancia de la abogacía para el funcionamiento del Estado de Derecho. 

2.- Todos, absolutamente todos, debemos intensificar la defensa de los derechos humanos. No podemos mirar para otro lado ante la injusticia. 

3.- La abogacía española reafirma su función social y su compromiso con los más desfavorecidos, defendiendo el actual sistema de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, ejemplo de servicio público eficiente y de calidad y exige a las administraciones públicas un trato digno y una remuneración digna y puntual para esos servicios y los miles de abogados que lo prestan, merecedores del máximo reconocimiento.

4.- Debe promulgarse una LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA, que completando nuestro sistema de Justicia, regule el asesoramiento y la defensa jurídica y refuerce otros derechos conexos, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional.

5.- Apostamos por la mejor formación inicial y permanente para alcanzar la excelencia. Necesitamos la especialización para afrontar los retos del futuro que nos permitan continuar con una abogacía siempre adelantada a los tiempos. Es necesario imaginar hasta lo inimaginable, aumentando el nivel de exigencia y buscando nuevas fórmulas en el ejercicio profesional.

6.- La evolución tecnológica y científica, su incidencia en los derechos de los ciudadanos, nos obliga a innovar y profundizar, para hacerla compatible con la seguridad jurídica y convertirlos en garantía de Justicia. 

7.- No deben abordarse reformas de calado, tanto procesales como sustantivas, sin que la abogacía sea oída. Es preciso desarrollar los máximos esfuerzos en la búsqueda de consensos, desde el diálogo y la participación. Solo así se evitarán afecciones a los derechos fundamentales como las habidas, entre otras, con las tasas, la conocida como ley mordaza o la reforma del Código Penal. 

8.- La Abogacía reclama, y se ofrece a coliderar, un gran pacto de Estado por la Justicia, base de la convivencia y la paz social, que permita reconstruir y regenerar un sistema de Justicia estable, con el compromiso de todos, para conseguir que funcione de forma segura, ágil, previsible y neutral.

9.- La defensa jurídica es y debe seguir siendo exclusiva de la abogacía. Sin derecho de defensa, sin abogacía, sin contradicción, en igualdad de las partes, no puede haber Justicia.

10.- Solo desde la unidad se puede mantener la fortaleza necesaria para ejercer el liderazgo social que nos reclaman los ciudadanos en una sociedad cada vez más necesitada de asesoramiento y defensa. 

Fuente: www.abogacia.es

La construcción de una nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) o de una nueva carretera deberá estar avalada por ley por un estudio previo de su retorno social y económico, según aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor. 

La obligación legal de realizar estos estudios se fijará en la nueva Ley Ferroviaria para el caso de las líneas de tren y en la Ley de Carreteras, para las vías, ambas aprobadas en el Consejo de Ministros de este viernes. 

«Una vez que entren en vigor, no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico», aseguró Pastor en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En materia de carreteras, apuntó que «no se construirán sin una rigurosa planificación previa que determine su eficiencia y su retorno económico y social». 

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes 8 de mayo, definitivamente las dos nuevas normas promovidas por Fomento, que a partir de ahora inician su tramitación parlamentaria. 

El Ministerio introduce la exigencia legal de estas planificaciones coincidiendo con el debate actualmente abierto sobre la conveniencia de la inversión en determinadas infraestructuras como el AVE. 

En concreto, la nueva Ley Ferroviaria tiene como objetivo aglutinar toda la normativa sobre el sector y flexibilizar los cánones para favorecer la entrada de nuevos operadores privados que compitan con Renfe en transporte de viajeros en tren. 

No obstante, el texto establece la obligación de realizar una planificación «rigurosa» de la construcción de nuevas infraestructuras a través de tres instrumentos. 

PLANES QUINQUENALES FERROVIARIOS

Por un lado, la Ley encomienda al Ministerio de Fomento la elaboración de la denominada «Estrategia Indicativa», con que el Departamento debe realizar una planificación de las infraestructuras, tanto de su desarrollo, como de su mantenimiento y renovación.

Por su parte, Adif deberá diseñar su «Programa de Actividad», un plan a cinco años en el que concretarán todas las actuaciones y obras que deberán acometer y fijarán una «previsión orientativa» de los cánones que cobrarán en ese periodo a  los operadores ferroviarios por usar las vías de tren, las estaciones y el resto de las infraestructuras. 

Fomento y Adif firmarán convenios en los que se establezcan los objetivos a alcanzar en la ejecución de dichos programas de infraestructuras y las aportaciones económicas que realizará el Estado.

Además de obligar a realizar esta planificación para construir nuevas líneas de tren, la Ley Ferroviaria flexibiliza el sistema de cánones para fomentar la entrada de operadores que compitan con Renfe justo cuando Fomento ultima abrir a nuevas empresas el Ave a Levante. 

ANÁLISIS Y COTO A LA ESPECULACIÓN

En cuanto a la nueva Ley de Carreteras, establece que las nuevas construcciones de vías deberán someterse a «un análisis previo de eficiencia e intermodalidad». 

Asimismo, y con el fin de poner coto a especulaciones con los terrenos en los que anuncie la construcción de una carretera, la nueva Ley permitirá suspender temporalmente de forma cautelar las recalificaciones urbanísticas que puedan afectar a la planificación viaria para evitar posibles actuaciones especulativas. 

De igual forma, el Gobierno podrá declarar «nulas de pleno derecho» las decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras. 

Con estas medidas se busca impedir que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.

Fuente: Europa Press

La ley amplía el número de miembros de España en el órgano europeo de lucha contra la delincuencia transnacional. 

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes por unanimidad sobre el proyecto de Ley que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea, adecuando el número de integrantes, funciones y competencias de la delegación española en este organismo.

La norma regula, además, los conflictos de jurisdicción y las redes judiciales de cooperación internacional y el régimen jurídico de todo el personal dependiente del Ministerio de Justicia que presta servicios en el exterior, según ha explicado la diputada «popular» María Jesús Bonilla.

El proyecto de Ley sobre Eurojust, órgano creado en 2002 por el Consejo de la Unión Europea con el objetivo de reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia trasnacional, define el canal de intercambio de información entre los miembros de este espacio europea y las distintas autoridades nacionales, de manera que esa transmisión se produzca a través de un sistema organizado y con plenas garantías de seguridad. 

GESTIÓN MÁS EFICIENTE

El objetivo de la normativa europea a la que ahora se adapta la legislación española es gestionar los casos de la manera más eficiente posible y garantizar que la información suministrada u obtenida sea siempre fiable. 

La nueva regulación establece que la delegación española en Eurojust deberá estar compuesta, como mínimo, por un miembro nacional, un miembro nacional suplente y un asistente (hasta ahora solo era obligatorio contar con un único representante). Para ello, se regula la nueva figura del miembro nacional suplente, con sede en La Haya, y con plena capacidad para sustituir al miembro nacional. 

Para ambos puestos se refuerza la exigencia de una mayor experiencia, puesto que para aspirar a ellos será ahora necesario contar con un mínimo de quince años de antigüedad en las carreras judicial o fiscal. Se incorpora ahora, además, como refuerzo, el puesto de un asistente que podrá tener su lugar de trabajo en La Haya o en Madrid. 

El proyecto regula también el Sistema de Coordinación Nacional, que establece el cauce formal de comunicación frente a la pluralidad de autoridades nacionales que transmiten información a Eurojust. Regula las funciones de los corresponsales nacionales y del coordinador nacional como responsable último del sistema. 

Fuente: Europa Press

La aproximación de las regulaciones de la UE y de EEUU es uno de los objetivos del TTPI

La Comisión Europea (CE) insistió en que la creación de un organismo para facilitar la cooperación en materia de regulación, en el marco del acuerdo de libre comercio e inversiones (TTIP) que negocian la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, no afectará la capacidad de legislar de los países. La CE dio a conocer el texto de su propuesta sobre cooperación reguladora, que presentó a EEUU en la última ronda de negociaciones celebrada en Nueva York del 20 al 24 de abril, y que incluye la posibilidad de impulsar un organismo que «controle y facilite la implementación» de esa colaboración. El documento propuesto por la UE busca crear un «marco para la cooperación entre reguladores y anima la aplicación de buenas prácticas» en materia de regulación.

Además, quiere que «ayude a identificar y utilizar las posibilidades de cooperación áreas o sectores de interés común», mientras que sus provisiones «no entrañan ninguna obligación de alcanzar ningún resultado regulador particular». 

«Las provisiones de este capítulo no restringen el dercho de cada parte de mantener, adoptar o aplicar medidas oportunas para lograr objetivos legítimos de política pública», indicó la CE, que insistió en que se podrán seguir adoptando decisiones «al nivel de protección que se considere apropiado, de acuerdo con su marco y principios reguladores».

El Ejecutivo comunitario subrayó que «nada en este capítulo debería afectar o limitar la capacidad de los gobiernos de proporcionar o respaldar servicios de interés general».

Cada parte es libre de adoptar las medidas necesarias para proteger sus productos. 

«Cada parte es soberana de adoptar las medidas que considere necesarias para lograr los niveles de protección que considere necesarios», señalaron fuentes comunitarias, que subrayaron que a través de este mecanismo «habrá más posibilidades de interacción, de manera que ambas partes se beneficien del intercambio de experiencias».

Por lo que se refiere al nuevo organismo, hicieron hincapié en que «no tendrá capacidad de cambiar ningún valor legal», ya que cada regulador tendrá la potestad de actuar en coherencia o no con su contraparte europea o estadounidense y no estarán sometidos a ninguna obligación.

Además, destacaron que se publicarán «cada año en principio» los trabajos de este organismo, que tendrá entre sus funciones el «garantizar la transparencia entre la cooperación reguladora entre las partes», algo que hará también por medio de consultas con las partes interesadas.

La aproximación de las regulaciones de la UE y de EEUU es uno de los objetivos más ambiciosos del TTIP, que en cambio ha despertado inquietud entre sectores políticos y de la sociedad civil, que temen una rebaja de los estándares comunitario de protección de los ciudadanos y consumidores.

www.agroinformacion.com

El Ministerio de Justicia ha decidido revisar la reforma del Registro Civil con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de los afectados, como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos.

El ministro Rafael Catalá ha reafirmado la voluntad del Gobierno de mejorar la gestión del Registro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos. Tras constatar la oposición de parte del sector al proyecto, el Ministerio ha decidido que no va a llevar adelante una reforma que no cuente con el consenso del conjunto de los profesionales.

La intención del Ministerio de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la necesaria desjudicialización de los registros, sacando su gestión del ámbito judicial, pero a través del diálogo, el consenso y la participación de los profesionales, y abiertos siempre al planteamiento de cualquier tipo de alternativas.

Fuente: Ministerio de Justicia 

El Diario Oficial de Extremadura publica hoy la Ley de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su integración en el resto de políticas autonómicas, implementando mecanismos de intervención ambiental que contribuyan a obtener un alto nivel de protección del medio ambiente y de la salud de las personas. 

Esta ley se inspira en dos principios básicos, tal y como recoje su Prámbulo: la reducción de cargas administrativas para los promotores, dotando de celeridad a la tramitación de los procedimientos administrativos que la misma regula, y la reducción de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, y ello con el objetivo de armonizar medio ambiente y economía, teniendo en cuenta que las consideraciones medioambientales y económicas se complementan como dos caras de la misma moneda. 

Entre las novedades más destacables de esta nueva ley de protección ambiental, está la reducción del plazo máximo para dictar y notificar la resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada que pasa de los seis meses actuales a tres meses, lo que beneficiará al 95% de los proyectos que requieren de esta figura.

Asimismo, el Informe de Impacto Ambiental abreviado reduce de tres meses a dos el tiempo en el que debe formularse. 

Además, se suprime la necesidad de que en el expediente administrativo conste un informe de compatibilidad urbanística emitido por el ayuntamiento en cuyo territorio pretendan ubicarse las instalaciones sujetas a Autorizaciones Ambientales Unificadas, lo que supone una reducción de cargas administrativas para el promotor y acelera la tramitación. 

Para aquellos proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá procederse por parte del promotor a la designación de un coordinador ambiental. 

Se crea también mediante esta norma la Comisión técnica de valoración de daños medioambientales como órgano de cooperación técnica y colaboración entre las distintas unidades administrativas de la Dirección General con competencias en materia de medio ambiente, para el intercambio de información y el asesoramiento en materia de valoración de daños medioambientales, cuya composición y régimen jurídico se remiten al posterior desarrollo reglamentario.

La ley será de aplicación a cualquier plan, programa, proyecto, obra, instalación y actividad, de titularidad pública o privada, que se desarrolle en el ámbito territorial autonómico extremeño y que puedan generar impactos en el medio ambiente y/o poner en riesgo la salud de las personas. 

Su entrada en vigor se producirá a los dos meses de su publicación en el DOE (esto es, el próximo 29 de junio de 2015).

Fuente: www.ambienta45.es

El Gobierno ha anunciado este lunes que va a prolongar hasta 2017 el perido de suspensión de desahucios de viviendas habituales entre los colectivos más desfavorecidos, establecido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que vence en mayo de este año. 

Así lo han confirmado fuentes de Moncloa, que indicaron que esta medida está incluida en el Real Decreto-ley 1/2015, de mecanismos de segunda oportunidad, que aprobó el Ejecutivo en febrero y destinado a facilitar el desendeudamiento de la economía española y ampliar la protección de los colectivos más vulnerables por la crisis. 

Además, en esta normativa el Ejecutivo ha flexibilizado los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios e incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador de Rentas Múltiples (IPREM). 

Modificación del Código de Buenas Prácticas 

El Gobierno también ha decidido elevar el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. A partir de ahora, este podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros – 250.000 euros para la dación en pago – cuando antes estaba establecido en 250.000 euros. 

Finalmente, se amplían las medidas a las que se pueden acoger los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas. En concreto, se elimina la aplicación de las cláusulas suelo a los deudores situados en el nuevo umbral del código. 

El Ministerio de Economía calcula que este código ha permitido 12.000 reestructuraciones de deuda, 35.000 daciones en pago, 2.000 hogares beneficiados por el Fondo Social de Vivienda y 12.000 lanzamientos paralizados. 

Fuente: Europa Press

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el anteproyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil que regulará el régimen legal común en la materia, facilitará la cooperación internacional ante el creciente volumen de asuntos transfronterizos y constituirá un beneficio para los actores económicos involucrados en dichos asuntos, al proporcionar un sistema más agil. 

La norma cumple con un doble objetivo: por un lado, supondrá una actualización de los mecanismos de cooperación jurídica internacionales y, por otro, contribuirá al fortalecimiento de la tutela judicial efectiva al quedar garantizada ésta al margen de la mayor o menor colaboración de otros Estados. 

Hasta ahora, no existía una Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil y nuestro ordenamiento jurídico interno, al margen de Tratados y Convenios internacionales, exigía que se acreditara o se ofreciera reciprocidad mutua, con lo que las malas o deficientes relaciones entre determinados Estados podían perjudicar al ciudadano en sus asuntos particulares y totalmente ajenos a cuestiones de reciprocidad. Por lo tanto, no estaba suficientemente garantizada la tutela judicial efectiva para el ciudadano en este ámbio. 

Otra de las novedades que abundan en el fortalecimiento de la tutela judicial efectiva es que se permitirá la aplicación excepcional del Derecho español cuando no haya podido probarse el Derecho extranjero. Además, se adoptarán medidas para evitar que se dicten resoluciones contradictorias cuando haya procesos pendientes a la vez en dos Estados, y se introducirán mejoras en la ejecución y en la inscripción de los documentos extranjeros en los Registros. 

La Ley permitirá una importante reducción de la burocracia y de los tiempos de respuesta con las administraciones de justicia de otros países ya que, a partir de su entrada en vigor, los jueces podrán remitir directamente las solicitudes de cooperación sin necesidad de tener que hacerlo como hasta ahora a través de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo. Se proporciona a los jueces, además, un moderno régimen legal aplicables a las notificaciones y traslados de documentos y a la práctica y obtención de pruebas en el extranjero. 

El Proyecto modernizará el proceso de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras (Exequátur) que había quedado obsoleto y no estaba en línea con la jurisprudencia del tribunal Supremo. En el nuevo texto se clarifican la terminología y los conceptos, se detalla el tipo de resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución y sus efectos, y se solventan todas las carencias procesales del sistema vigente. 

Fuente: www.diariodenoticias.laley.es