La Junta conocerá antes de diez días si Industria modifica plazos y usos de la planificación de infraestructuras eléctricas

Extremadura era un referente nacional en el sector de las renovables hasta que en la pasada legislatura se produjo un frenazo por parte del Ministerio de Industria. A pesar de ello, aún quedan promotores de proyectos, sobre todo de fotovoltaicas, que se plantean poner en marcha instalaciones a medio plazo. Sin embargo un último obstáculo puede acabar con esas iniciativas antes de nacer: la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 que Industria dice que aprobará antes de que concluya esta legislatura. Lo que se incluya ahí es imprescindible tanto para dar salida a proyectos renovables como para que el AVE pueda circular por la comunidad.

Read More

No hay hecho imponible y, por tanto, no hay que pagar la plusvalía municipal, cuando no se ha producido un incremento real del valor de los terrenos transmitidos.

Así lo establece una sentencia de fecha 31 de julio de 2015 del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid, Jesús Mozo Amo, que obliga al Ayuntamiento de la capital a devolver los 11.500 euros de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, que cobró aun propietario por la venta de unos terrenos por 2,2 millones de euros cuando los había adquirido por 6,2 millones.
Acción urbanística.

Read More

La Comisión Europea intenta vencer las resistencias al acuerdo comercial con Washington

Las estafas en Internet son los delitos informáticos que los ciudadanos denuncian con más frecuencia y en relación con los que se sienten más vulnerables. Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al año 2014, presentada el pasado martes en la Apertura del Año Judicial.

Read More

España es el tercer país de la Unión Europea (UE), con 86 expedientes de infracción que más acumuló en 2014 por no aplicar bien diferentes normas europeas o transponerlas de forma incorrecta o tardía.

Así, se explica en el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2014, que ha publicado la Comisión Europea (CE), que concluye que «el mercado interior sigue siendo el mejor activo de Europa para los ciudadanos y las empresas, que salen beneficiados cuando el Derecho de la Unión se aplica y se hace cumplir de manera correcta y oportuna».

Pulse aqui para consultar el informe

Fuente de la noticia El Economista ver más

Treinta organizaciones profesionales de todo el mundo, entre las que se encuentra Rics, se han reunido recientemente en Washington en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lanzar una iniciativa sin precedente: la creación de una norma universal para la medición en la construcción.

La coalición Internacional para los estándares de mediación en la construcción (conocida por las siglas ICMS) está integrada por organizaciones sin ánimo de lucro que representan a profesionales en más de 140 países. El objetivo de este grupo es la creación de unos estándares capaces de uniformar a escala mundial los costes, las clasificaciones y las definiciones de las mediciones para que éstos sean comparables y se garantice la consistencia y la evaluación comparativa de los proyectos de capital. En este sentido cabe destacar que la consistencia a la hora de realizarse mediciones e informes es un aspecto fundamental en un sector cuyo valor será de 15 trillones de dólares en 2025, y su ausencia, por contra, puede generar una gran incertidumbre, errores y sobre todo riesgo.

La coalición ICMS ha ido creciendo a medida que nuevas organizaciones representando a profesionales del sector se han ido uniendo a esta iniciativa y a principios de julio se constituyó de forma oficial, animando a la industria, a los gobiernos y a otros actores clave a participar y ser protagonistas en la adopción de los nuevos estándares internacionales en sus respectivos mercados de capital.

La reunión en Washington ha constituido un momento único para la consolidación de un verdadero mercado internacional de la construcción, ya que ésta es la primera vez que todas las profesiones relacionadas con la construcción, la gestión de proyectos, la ingeniería de costos, etc. han aunado esfuerzos para la adopción de una norma común.

En opinión de la presidenta de Rics, Amanda Clack Frics, «el hecho de que hayan participado un elevado número de organizaciones en este primer encuentro en Washington solo demuestra el gran deseo de obtener por fin un único sistema para la medición en la construcción. Es evidente que existe una voluntad sincera de colaboración y trabajo en común para el beneficio de nuestros clientes y, por supuesto, del público en general». «Se trata de aportar algo nuevo y estoy convencida de que todos miraremos a este encuentro como un momento histórico para la creación de una industria mejor para el futuro: los estándares funcionan y el sector de la construcción los necesita», concluye.

Fuente: www.cicinformacion.com

La apuesta por el desarrollo, medido en inversión en I+D+i, es uno de los principales retos a los que la pequeña y mediana empresa española tiene que hacer frente si quiere continuar siendo competitiva en el mercado europeo y mundial.

En este sentido, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, afirmaba recientemente que «nadie duda ya de la relación entre la aplicación de las nuevas tecnologías y el aumento de la competitividad». De este modo, siguiendo la línea que la Unión Europea lleva marcando desde 2008, el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, reguló la definición de pyme innovadora, los criterios para considerar a una pequeña empresa como intensiva en I+D+i y la creación del sello de pyme innovadora y de un registro para estas, gestionado por el Ministerio de Economía y Ciompetitividad (Mineco). Pero la importancia de esta nueva distinción no deriva sólo del propio reconocimiento, sino de las ventajas económicas que supone.

Pyme innovadora

Así, por primera vez, la pyme innovadora podrá conjugar dos beneficios: «podrán compatibilizar, en un mismo personal investigador, la bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social de dicho personal, con la deducción fiscal de hasta el 42% de los gastos en I+D+i del Impuesto sobre Sociedades», explica Gerardo Malvido, gerente de I+D+i de la Asociación Española de Normalización y certificación (Aenor).

En este sentido, es importante destacar que el próximo 25 de julio finaliza el plazo para solicitar el informe motivado, vinculante con Hacienda, para la deducción del Impuesto sobre Sociedades. pero además, para las bonificaciones a la Seguridad Social, es necesario entregar el justificante antes de los seis meses posteriores al fin del ejercicio fiscal de la empresa.

De este modo, el pasado 11 de junio, el Minerco publicaba la Orden Ministerial por la que se regula la obtención del sello y el funcionamiento del registro. Para obtener esta distinción, una compañía debe ser «intensiva en I+D+i», lo que se demuestra con el cumplimiento de alguno de estos tres supuestos que recoge el real decreto 475/2014: haber recibido financiación pública en los últimos tres años, haber demostrado su carácter innovador mediante su propia actividad o con alguna de las certificaciones reconocidas por el Mineco.

Creación de un registro

En cuanto al registro, aquellas que cumplían con alguno de estos tres requisitos en el momento de aplicación de la Orden Ministerial, pasan a formar parte automáticamente de él, lo que conlleva la obtención inherente del sello.

«Estamos desarrollando un proyecto piloto para conceder las primeras certificaciones. Según nuestras estimaciones, unas 4.500 pymes estarían en condiciones de lograrlo y muy cerca de obtenerlo habría otras 4.500 pymes, para lo cual tendrían que realizar algunas mejoras. Una cifra que representa cerca de la mitad de las casi 18.000 pymes que, según el INE, realizan actividades innovadoras», concluye Malvido.

Fuente: www.eleconomista.es

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha decidido reducir la pensión de alimentos que un padre divorciado de Sevilla estaba obligado a abonar mensualmente a sus dos hijos menores de edad para no dejarle «en la absoluta indigencia».

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo estima de este modo el recurso interpuesto por el afectado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Dos Hermanas – luego ratificada por la Audiencia Provincial – que estableció dicha pensión y reduce de 150 a 100 euros la cantidad que el hombre debe abonar mensualmente a cada una de sus dos hijas menores.

El afectado recurrió ante el Supremo – recurso al que se adhirió la propia Fiscalía – y cuestionó el prnunciamiento de la sentencia que, en juicio de divorcio, mantuvo el importe de la pensión alimenticia para cada una de las dos hijas, y que fue fijada en el procedimiento previo de separación en la suma de 150 euros para cada una de ellas.

La sentencia del Juzgado «desestimó la pretensión de reducir los alimentos por considerar que los 300 euros resultaban adecuados a las necesidades de las menores y a las posibilidades del alimentante, padre de las niñas, que percibe una prestación por desempleo en ese momento de 884,34 euros».

Tras ello, la Audiencia confirmó la decisión y alegó que la cuantía fijada por el Juzgado «se estima plenamente adecuada y proporcionada a las necesidades de las alimentistas y a los medios económicos del alimentante aún cuando se alegue que estos han quedado reducidos a la prestación por desempleo por importe de 884,34 euros mensuales».

«MÍNIMO VITAL»

Según estableció la Audiencia, «una reducción de los ingresos o los gastos del obligado a satisfacer determinada pensión alimenticia no puede determinar la supresión o reducción de dicha prestación de alimentos cuando, como ocurre en el presente caso, constituye el mínimo vital indispensable para afrontar las necesidades básicas de las menores».

El padre de las menores recurrió al Supremo alegando la aplicación indebida del artículo 146 del Código Civil en relación con el llamado «mínimo vital», relativo a la cifra de alimentos que debe abonar, ofreciendo una más adecuada de 100 euros al mes por cada una de las hijas, según recoge la sentencia consultada por Europa Press.

El Supremo dice que «el interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo «en todo caso», conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe».

«Absoluta indigencia»

No obstante, «esta obligación no se cumple con la prestación alimenticia impuesta en la sentencia, que dejaría en la absoluta indigencia al alimentante, sino con la que resulta de los ingresos que obtiene en la actualidad, conforme a la documentación aportada, los cuales permiten aceptar la cifra que se propone de 100 euros al mes para cada una de las hijas».

Esta cifra «se revisará en la misma forma en que se vayan incrementando o disminuyendo los ingresos del obligado al pago», establece el Supremo, que de este modo estima el recurso presentado por el padre y reduce a 100 euros mensuales la pensión alimenticia que debe abonar por cada una de sus hijas.

Fuente: www.iuestel.com