Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal, que fue aprobada en el mes de marzo por el Parlamento con los únicos votos del PP, tras un procedimiento de tramitación que incluyó la discusión de cerca de 2.000 enmiendas, de las que se recogieron en el texto cerca de 400. 

Su aspecto más polémico es la prisión permanente revisable, que se instaura para supuestos de excepcional gravedad, como asesinatos de menores o personas con discapacidad, con agresiones sexuales, terroristas o magnicidios, y que cuenta con el aval del Consejo de Estado, y se ha adaptado a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos.

A pesar de ello, los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, CIU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y gran parte del Grupo Mixto), escenificaron ayer su rechazo a esta figura penal y firmaron un recurso de inconstitucionalidad. Salvo CIU y PNV, estos mismos grupos plantearon también un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que bautizaron como ley mordaza, que también entró ayer en vigor.

Lucha contra la corrupción

Se incrementan las penas y refuerzan los tipos penales contra la corrupción. Se generalizan las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Ocurre con la prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y administración desleal cometida por funcionarios y fraudes. En los delitos más graves, se impone adicionalmente otra pena de inhabilitación especial para el ejercicio de sufraio pasivo, que impide al condenado optar a un cargo público o por elección.

Se incorpora el delito de financiación ilegal de partidos que no existía, así como los de pago de sobornos, en el sector privado y público y en este caso, incluso, a funcionarios extranjeros y tanto en beneficio propio como de terceros.

Dos artículos previstos en su momento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan el decomiso de bienes y ganancias provenientes de la actividad delictiva previa del condenado a partir de indicios relevantes y de presunciones, para recuperar lo ilicitamente obtenido.

Hurtos y reincidencias 

Se recupera el límite de 400 euros para delimitar delitos menos graves y leves, lo que aporta seguridad jurídica. Además, las condenas por delitos leves generarán antecedentes penales, algo que no sucedía con las faltas, que se pasan a ser sancionadas en el campo Administrativo. 

El hurto se agrava si se inutilizan dispositivos de alarma o seguridad. Se trata de dar respuesta a la preocupación que generan hurtos o robos cometidos en explotaciones agríciolas o ganaderas o perpretados por organizaciones o grupos criminales dedicados a la comisión de delitos de esta naturaleza. A los culpables integrados en ellas se les aplicará una agravante específica, tanto para los hurtos como para el robo con fuerza en las cosas.

Se amplía el tipo agravado de robo con violencia o intimidación cometido en casas habilitadas a delitos cometidos en edificios o locales abiertos al público. Intenta responder a la demanda de comerciantes y trabajadores del sector. Además, la multirreincidencia se incorpora a las modalidades agravadas de estafa, administración desleal y de aprobación indebida, tal y como se hace para el hurto.

Protección de las personas

En relación con la especial protección de las personas, se incorporan nuevos tipos penales que persiguen las conductas contra la libertad, la dignidad y el respeto a las mujeres, como el matrimonio forzado, agravado en caso de menores o el acecho u hostigamiento. También, ante la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes e inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar penas o medidas cautelares y de seguridad. 

Se facilita la persecución de quienes se lucran con la prostitución. Se introduce la agravante por trata de seres humanos ante víctimas embarazadas y en la inmigración ilegal se permite excluir la pena si se actúa por motivos humanitarios.

Se incluyen tipos para delitos de acoso, incitación al odio o a la violencia por razón de raza, nacionalidad, religión o sexo, con especial gravedad para las discriminaciones cometidas por funcionarios, profesionales o empresarios en el desempeño de sus actividades. 

Se tipifican los contactos en Internet para cometer delitos sexuales o mostrar material pornográfico con menores y se prevé la retirada o bloqueo de páginas con estos contenidos. 

Se consideran actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de las funciones. Por otra parte, los condenados por delitos de genocidio tampoco podrán llevar a cabo actividades relacionadas con el ámbito docente, como ya estaba previsto para los delitos de terrorismo y contra la libertad sexual.

Finalmente, se incluyen nuevos tipos para delitos contra la propiedad intelectual y la salud pública. Se introduce el furtivismo de especies marisqueras y el abandono y maltrato animal. Y se tipifican nuevas conductas y se agravan las penas para los incendios forestales. 

Fuente: www.eleconomista.es  

L Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE 19 de junio de 2015), que traspone a España dos directivas comunitarias sobre esta materia aprobadas como respuesta a la crisis financiera de los últimos años, ha entrado en vigor el pasado sábado día 20 de junio de 2015, después de que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El proyecto de ley fue aprobado la semana pasada por el Congreso de los Diputados y regula los procesos de actuación temprana y resolución de entidades financieras y fija el régimen jurídico del FROB como autoridad de resolución en España.

Se lleva a cabo así la transposición de la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014, así como de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantías de depósitos, y se introducen aquellas previsiones que permiten la correcta articulación y coordinación del sistema español de resolución y el europeo, que habrá de estar plenamente operativo a partir del año 2016.

Se rebaja a 730.000 euros el capital social mínimo necesario para que una sociedad de servicios de inversión quede sometida a esta regulación, que tampoco afectará al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Además, impide que ningún banco pueda solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores sin haberlo comunicado antes al FROB, que será el que decida, junto con el supervisor competente, si se abre un proceso de actuación temprana o de resolución. 

Recapitalización interna y pruebas de resistencia del FROB

Entre los instrumentos de resolución destaca la recapitalización interna, cuyo objetivo es minimizar el impacto de la resolución sobre los contribuyentes, asegurando una adecuada distribución de los costes entre accionistas y acreedores. 

No obstante, la ley precisa que las normas sobre recapitalización interna entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, mientras que las pruebas de resistencia que el Banco de España realizará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no entrarán en vigor hasta el 3 de julio de 2017.

Recurrir a la justicia

Igualmente, especifica la forma de acceso de los ciudadanos a los tribunales de Justicia cuando estén en contra de una decisión adoptada por el FROB en el ejercicio de sus facultades mercantiles, determinando entre otras cosas que no se podrá ejercer la acción social de responsabilidad contra las autoridades de supervisión, de resolución preventiva o el FROB en el marco de un proceso de actuación temprana o de resolución.

Así, estarán legitimados para recurrir por lo contencioso-administrativo contra las decisiones del Fondo en materia de amortización o conversión de instrumentos de capital y recapitalización interna los accionistas o socios que representen al menos el 5% del capital social de la entidad emisora, los titulares de valores incluidos en la acción, los depositantes y acreedores de la entidad o el comisario o representante del sindicato o asamblea que agrupe a los titulares de los valores de una determinada emisión afectada por la decisión del FROB.

Más protección para los depositantes 

Además, el texto incrementa la protección de la que gozan los depositantes de entidades financieras que entran en concurso situándolos en los puestos de salida a la hora de recuperar su dinero, por encima de los 100.000 euros que están garantizados en toda Europa. 

Para ello, se califican de créditos con privilegio general a los depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a la parte de los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas que superen los 100.000 euros.

Esto supone que los depositantes podrán recuperar su dinero justo después de que la entidad en concurso devuelva lo que le corresponda a los créditos con privilegio general que recoge la Ley Concursal, entre otros los créditos por salarios sin privilegio especial, las indemnizaciones o las retenciones tributarias y a la Seguridad Social.

Por su parte, los créditos que, por contrato, estén subordinados al resto de créditos contra el deudor se devolverán comenzando por el importe principal de la deuda subordinada que no sea capital adicional de nivel 1 o 2, el importe principal de la deuda subordinada que no sea capital adicional de nivel 1 o 2, el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1.

Nueva tasa del FROB

Por otra parte, se regula la nueva tasa que el FROB cobrará para sufragar sus nuevos gastos de funcionamiento como autoridad de resolución financiera. En concreto, será del 2,5% sobre la cuantía que cada entidad deba aportar en concepto de contribución ordinaria anual al Fondo de Resolución Nacional o, en su caso, al Fondo Único de Resolución. Su devengo se producirá el 1 de enero de cada año o en la fecha de constitución de la entidad.

Fuente: Europa Press

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de forma definitiva la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que eleva de 14 a 16 años la edad para contraer matrimonio y atribuye a colectivos como los notarios y los registradores la resolución de determinados asuntos sin conflicto, tales como la celebración de bodas, reclamación de créditos vencidos o asuntos de tutelaje a menores y personas con discapacidad con la finalidad de descargar de este tipo de trabajo a los jueces. 

Los diferentes grupos parlamentarios han criticado durante el debate de este asunto la técnica legislativa empleada debido el alto número de enmiendas introducidas por el grupo mayoritario y por la «confusión» que creen que genera el hecho de que la nueva Ley modifique una docena de normas que afectan a los operadores jurídicos en distintos asuntos.

En menor medida que en el Senado, todos los portavoces parlamentarios excepto Beatriz Escudero, del PP, han criticado las atribuciones que la nueva Ley hace a colectivos como los notarios o los registradores, a quienes se atribuyen funciones por las que cobrarán un arancel como la celebración de bodas, pese a mantener el mismo servicio gratuito en otros operadores jurídicos. 

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El diputado del PNV Emilio Olabarría ve con «prevención» el deslizamiento de funciones jurisdiccionales a estos colectivos» si bien ha apuntado que la medida es «congruente». El más crítico en este asunto ha sido Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, que estas atribuciones «convierten un derecho en un bien susceptible de ser comprado. 

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha criticado que la norma se haya convertido en una Ley Omnibus que modifica al menos doce leyes en vigor, algunas tan poco cercanas a la cuestión sobre la que se legisla como los acuerdos con las comunidades musulmanas o evangélicos. Ha añadido que llega con mucho retraso.

La técnica parlamentaria empleada también ha merecido las críticas del diputado de CIU Jordi Jane, que ha hablado de «mutación», del proyecto que salió inicialmente del Congreso, y con este reproche ha coincidido también el diputado del PSOE Antoni Such. El socialista ha añadido que se ha creado una «tropelia de legislación» y que los operadores jurídicios están preocupados. 

Para Beatriz Escudero, sin embargo, la aprobación de la Ley de Jurisdicción voluntaria era «una de las piezas que quedaban por reclamar dentro del organigrama de la Administración. Ha cerrado el debate señalando que se trata de una «buena ley» que se ha hecho «entre todos» porque es de las que más transaccionales ha incluido desde el inicio de la legislatura.

La iniciativa ya sufrió una primera merma en su pado por el Congreso ya que se quitó a los notarios la exclusiva de las bodas y separaciones y se añadió a los secretarios judiciales como alternativa.

El texto que salió de la cámara baja poco tiene que ver con el proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros, que ampliaba el catálogo de actos hasta ahora a cargo de los jueces que debían desempeñar en exclusividad otros operadores jurídicos, principalmente notarios y registradores. 

Esta exclusividad desapareció, modificada a través de las 82 enmiendas introducidas por el PP y destinadas a ampliar estas atribuciones a los secretarios judiciales, como alternativa a los anteriores, «para evitar situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho, que hasta ahora era gratuito, por falta de medios».

NUEVAS FUNCIONES

La Ley de Jurisdicción Voluntaria reformada amplía a los secretarios judiciales otras atribuciones conferidas en un inicio a notarios y registradores de la propiedad. Por ejemplo, se ocuparán de autorizar a reclamar créditos vencidos que formen parte de un usufructo y de los expedientes de deslinde de fincas que no estén inscritas en el registro de la propiedad. También dependerán de ellos las subastas electrónicas.

El Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno ya les capacitaba para nombrar defensores judiciales, declararán ausencias y fallecimientos, actos de conciliación y nombrarán al administrador, liquidador o interventor de entidades. Intervendrán también en otros actos como la renuncia o prórroga del cardo de albacea, la desiganación de éste y la aprobación de la patición de la herencia. 

El texto deja en manos de los jueces los expedientes en materia de familia, derechos de menores, donaciones de órganos y algunos en materia de derecho sucesorio y mercantil. Se contempla la autorización judicial en el reconocimiento de la filiación no matrimonial o en la donación de órganos de donantes vivos, donde el juez debe comprobar que se realiza voluntariamente sin ningún tipo de coacción.

Los jueces darán la dispensa para contraer matrimonio cuando haya un impedimento por parentesco, determinarán la patria potestad y resolvarán los desacuerdos conyugales en la administración de bienes gananciales. 

Este proyecto de ley distingue así entre los expedientes tramitados en un juzgado por el magistrado o secretario judicial y aquellos expedientes que quedan en manos de notarios y registradores. Además, permite que muchos se hagan sin la presencia de abogado y procurador en sede judicial. 

La norma establece que el fiscal deberá intervenir en los asuntos de menores, personas con capacidad judicialmente modificada y cuando lo justifique el interés público. Los beneficiarios de la justicia gratuita contarán con una bonificación del 80 por ciento en estos expedientes notariales y registrales.

Fuente: www.iustel.com

El pasado sábado se publicó el RD 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos – tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba el modelo de estatutos – tipo de las mismas y se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 

Esta norma regula aspectos esenciales para la constitución telemática de las sociedades de responsabilidad limitada, por lo que a continuación presentamos su principal contenido:

Finalidad de la norma

La finalidad del RD 421/2015 es agilizar el inicio de la actividad emprendedora y mejorar la competitividad de nuestro modelo económico, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores y su internacionalización. 

Dicha Ley prevé la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, con escritura pública y estatutos tipo, mediante el llamado Documento Único Electrónico (DUE) y a través de un sistema de tramitación telemática del centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). Se consiguen, de esa forma, plazos brevísimos de otorgamiento de escritura pública (12 horas hábiles) y de calificación e inscripción en el Registro Mercantil (6 horas hábiles).

Pero estos requisitos solo pueden alcanzarse mediante unos exigentes requisitos temporales que solamente pueden ser alcanzados con la estandarización de los estatutos sociales correspondientes a la constitución de la sociedad, por medio de unos estatutos – tipo que permitan la autorización de la escritura de constitución de la sociedad, por medio de unos estatutos – tipo que permitan la autorización de la escritura de constitución y la calificación e inscripción de la misma en tan breves plazos. 

En consecuencia, este real decreto regula los aspectos que deben reunir los estatutos-tipo en formato estandarizado así como aprueba el modelo estandarizado previsto legalmente; se ha optado, siguiendo la regulación hasta ahora existente, por un modelo de estatutos de gran sencillez sin perjuicio de la aprobación futura de otro u otros modelos que incorporen mayor complejidad. 

La norma establece igualmente una escritura de constitución en formato estandarizado y campos codificados para los supuestos de constitución telemática, dejando la aprobación del modelo concreto a una Orden del Ministro de Justicia. 

El real decreto regula igualmente algunas cuestiones colaterales a las que también se refiere la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y que no están suficientemente reglamentadas, como son la Bolsa de denominaciones sociales con reserva, cuya habilitación normativa se encuentra en la disposición final primera de la Ley de Sociedades de Capital, la Agenda Electrónica Notarial, a través de la que se concertará la cita para el otorgamiento de la escritura de constitución, o el formato en el que deberán ser remitidas estas escrituras al Registro Mercantil correspondiente. 

Modelo estandarizado de escritura de constitución

La norma establece la regulación de las especificaciones y condiciones de la escritura pública de constitución, de forma que se pueda utilizar un mismo modelo estandarizado que permita tanto a notarios como a registradores mercantiles cumplir con esos plazos tan reducidos. Incluso, se establece la posibilidad de constituir la empresa telemáticamente, también de forma estandarizada, pero careciendo de estatutos tipo, aunque en este caso, la inscripción será provisional. 

En el Real Decreto se regulan los requisitos del modelo estandarizado y con campos codificados que cumplirá el estatuto tipo. El objeto social se determinará en los estatutos tipo mediante la selección de alguna de las actividades económicas y de los códigos previamente establecidos. 

Agenda Electrónica Notarial

Además, el Real Decreto contempla la puesta en marcha de la Agenda Electrónica Notarial, que entrará en funcionamiento en un plazo de tres meses y contendrá el calendario de disponibilidad de los notarios para la firma de las escrituras de constitución de sociedades, lo que permitirá la reserva vinculante de cita por parte del interesado. El desarrollo y gestión correrán a cargo del Consejo General del Notariado, bajo supervisión de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.

Estructura de la norma 

La norma se estructura en nueve artículos, organizados en cuatro capítulos, tres disposiciones adicionales, cuatro finales y dos anexos.

Capítulo I Disposiciones Generales: Artículo 1. Objeto

Capítulo II. Modelo de estatus-tipo y de escritura pública en formato estandarizado: Artículo 2. Estatutos-tipo en formato estandarizado para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada; Artículo 3. Campos codificados; Artículo 4. Determinación del objeto social; Artículo 5. Cumplimentación de los estatutos-tipo; Artículo 6. Modelo de escritura pública en formato estandarizado; Artículo 7. Remisión de la escritura de constitución al Registro Mercantil.

Capítulo III. Agenda Electrónica Notarial: Artículo 8. Agenda Electrónica Notarial. (Según la Disposición adicional primera de este Real Decreto, esta Agenda Electrónica Notarial deberá estar en funcionamiento con las características determinadas en el artículo 8, en el plazo de tres meses desde la publicación de este real decreto en el BOE). 

Capítulo IV. Bolsa de denominaciones sociales con reserva: Artículo 9. Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 

Esta bolsa, generada y mantenida por el Registro Mercantil Central, bajo supervisión de la Dirección General de los Registros y el Notariado, consta de al menos 1.500 denominaciones sociales que podrán ser consultadas electrónicamente y de forma gratuita. 

El Anexo I contiene el modelo de Estatutos-tipo en formato estandarizado para sociedades de responsabilidad limitada con capital social no inferior a 3.000 euros o de formación sucesiva (SLFS). 

El Anexo II contiene Campos codificados contenidos en los estatutos-tipo y nodo xml asociado.

Aranceles aplicables

Según la disposición adicional segunda, cuando el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada constituidas conforme a este real decreto no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos-tipo, se aplicarán los aranceles previstos para ello en el artículo 5.Dos c) del real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

En los demás casos de constitución de sociedades de responsabilidad limitada constituidas conforme a este real decreto, se aplicarán los aranceles previstos en el artículo 5.Uno g) del Real Decreto ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Entrada en vigor 

Según su disposición final cuarta, este real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.

Fuente. www.noticias.jurídicas.com 

Los agricultores no tendrán que pagar IVA al vender los derechos de pago único de la Política Agraria Común (PAC) junto al terreno, según fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

El Ministerio, a través de la Dirección General de Tributos, ha elaborado un informe en el que aclara esta tributación de los derechos de pago único. «El objetivo es aportar a los agricultores la flexibilidad que demandan cuando dispongan de estos derechos y deseen venderlos o alquilarlos junto al terreno correspondiente», han añadido las mismas fuentes. 

Los derechos de pago único se refieren a un régimen de ayudas comunitarias (PAC) que se caracterizan por ser de pago directo y no vinculadas a la producción. Dichos derechos pueden transmitirse junto con el terreno correspondiente o sin éste; y también pueden arrendarse con él. La transmisión o el arrendamiento de derechos de pago único es una operación sujeta al IVA al realizarse por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad. No obstante, cuando la venta o arrendamiento de los derechos se produce junto a la venta o arrendamiento de los terrenos, se determina como accesoria de la segunda. Es decir, Hacienda considera que, aunque se llevan a cabo dos operaciones «la cesión de los terrenos se configura como operación principal a la que se suma, como accesoria, la cesión de los derechos, que no constituye un fin en sí misma». 

De esta forma, Hacienda establece que las operaciones accesorias (venta o alquiler de derechos de pago único) tributan del mismo modo que la operación principal. Esto supone que se benefician de la exención del impuesto que resulta de aplicación a las entregas y arrendamientos de terrenos. 

Por otro lado, la cesión de derechos de pago único se considera también como operación no sujeta al IVA cuando se produce en la transmisión global o parcial del patrimonio empresarial o profesional, y siempre que el conjunto de los elementos transmitidos, incluyendo los derechos, permita desarrollar una actividad de forma autónoma. 

El informe que acaba de elaborar de Tributos servirá de base para dar respuesta en breve a varias consultas vinculantes realizadas por el sector para aclarar el asunto, han señalado las mismas fuentes. 

El Juzgado Penal número 3 de Santander ha condenado a un ganadero a dos años de prisión, dos años de inhabilitación para la profesión de ganadero o cualquiera otra relacionada con la ganadería y cuatro años para ejercer el derecho de cazar como autor de un delito continuado contra la fauna por uso de cebos envenenados (artículo 336.2 del Código Penal) en concurso con otro delito continuado por la muerte de especies amenazadas (artículo 334.2 del CP), como es el caso de los milanos reales, catalogados en Peligro de extinción. Además, el condenado tendrá que indemnizar al Gobierno de Cantabria con la cantidad de 90.270 euros por el valor de las especies de fauna silvestre afectadas. 

Como compensación del desequilibrio causado en la población de milano real deberá sufragar el seguimiento de las poblaciones invernantes y en época de reproducción en Cantabria en los próximos tres años. El coste de este seguimiento es de 9.500 euros anuales, esto es, un total de 28.500 euros. 

Los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre de 2011, cuando Técnicos Auxiliares de Medio Ambiente, con la colaboración de la patrulla canina de la Guardia Civil, hallaron varios ejemplares de distintas especies en varios pastos del pueblo de Las Quintanillas, situado en el municipio de Valdeolea. Entre ellos se encontraron 11 milanos reales (Milvus milvus), especie catalogada en peligro de extinción. Los análisis toxicológicos constataron que los cadáveres que fueron levantados por los agentes actuantes contenían un insecticida altamente tóxico. 

Además de los 11 milanos reales aparecieron cinco perros, seis zorros, un gato, un cuervo, un busardo ratonero y cuatro buitres leonados muertos en el municipio. 

Investigaciones posteriores determinaron la posible autoría de un ganadero de la zona que habría utilizado el veneno para proteger a los potros y terneros de los eventuales ataques que pudieran sufrir.

SEO / BirdLife ha ejercido en este caso la acusación particular, con el objetivo de conseguir una sentencia que permita reflejar las consecuencias legales que tiene la utilización de estos métodos de control de predadores y disuadir de su uso. Este es uno de los objetivos específicos que ha tenido el proyecto Life+ VENENO para avanzar en la lucha contra el veneno, junto con la colaboración de las administraciones para dotarlas de herramientas normativas adecuadas, mejorar la investigación y vigilancia, buscar medidas alternativas y sensibilizar a la población sobre el problema. 

Uso de cebos envenenados

A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos, completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el Código penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública, para el medio ambiente y para las mascotas. 

El proyecto Life+ VENENO ha tenido como objetivo lograr una disminución significativa del uso de veneno en España. El proyecto ha contado con la financiación de la Comisión Europea y la Fundación Biodiversidad (26%). han sido cofinanciadores igualmente el Cabildo de Fuerteventura, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Cantabria. 

SEO/BirdLife, el Fondo para la Conservación del Buitre Negro y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han sido los beneficiarios del proyecto. 

Fuente: Ambienta 45 

Los dos titulares de Justicia han coordinado una posición común en materias europeas como son la Fiscalía Europea; protección de datos; asistencia jurídica gratuita, asunto en el que ambos países han constatado que sus respectivas legislaciones nacionales van más allá de lo que propone la Comisión Europa; y lucha contra el terrorismo, particularmente contra el yihadista en los últimos tiempos.

España y Portugal, en tanto que Estados Miembros de la Unión Europea, pertenecen al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, lo que supone un nuevo modelo de cooperación jurídica internacional.

En cuanto a la aplicación de estos instrumentos de cooperación, cabe destacar la reciente entrada en vigor de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Con esta nueva norma, España transpone la totalidad de instrumentos de reconocimiento mutuo por lo que, en lo que a relaciones bilaterales con Portugal se refiere, supone que en esas materias ya es posible la cooperación judicial directa.

Sin perjuicio de los distintos convenios existentes a nivel multilateral, Portugal es de los pocos países de la Unión Europea con el que España tiene suscrito un convenio bilateral relativo a la cooperación judicial en materia penal y civil, de 19 de noviembre de 1997, ha informado el Ministerio.

Dicho convenio tiene por objeto facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de los tribunales fronterizos, lo que permite que cada parte pueda formular las solicitudes en su propio idioma estando exento el requisito de la traducción.

CON ABOGADOS ESPAÑOLES EN PORTUGAL

Previamente, el ministro español ha mantenido un encuentro con los representantes de los bufetes españoles en Portugal, ante quienes ha repasado las recientes reformas emprendidas en el ámbito de la Justicia en nuestro país, entre las que ha destacado la del Código Penal y el Estatuto de la Víctima, así como los avances que se están dando hacia una Justicia abierta, digital e innovadora.

Además, Rafael Catalá ha reiterado su ofrecimiento al diálogo a este colectivo con el que, ha dicho, el Ministerio de Justicia comparte muchos objetivos, inquietudes y diagnósticos.

Como prueba de ello ha señalado la derogación de las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes y en todas las instancias y la voluntad del Gobierno español de respetar la continuidad del actual modelo colegial.

www.iustel.com

El Tribunal Supremo ha establecido en un Pleno no jurisdiccional que las declaraciones prestadas ante la Policía tanto por detenidos como por testigos «no pueden operar como corroboración de los medios de prueba», es decir, sirven a las fuerzas de seguridad para la investigación pero no pueden utilizarse como pruebas por sí mismas para condenar en un juicio.

Hasta ahora, se validaban esas declaraciones de los detenidos si los agentes que hubieran practicado el interrogatorio corroboraban esa información compareciendo en el juicio.

Ahora, la Sala de lo Penal acoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto y cambia esa pauta marcada en el año 2006 aclarando que no se considerarán pruebas válidas las comparecencias y los atestados policiales no corroborados en sede judicial, salvo que se pueda llegar a esa información a través de otros elementos «objetivos».

Se trataría de un procedimiento «especial» para aquellos delitos castigados con multa o con pena de prisión «que no exceda de un año».

La  Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha abierto la puerta a sustituir con trabajos en beneficio de la comunidad las penas de multa o prisión sustituible por multa derivadas de delitos de tráfico, tales como excesos de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, conducir tras perder los puntos, sin carné, o la conducción temeraria. 

Se trata de una enmienda transaccional entre el PP y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que ha sido introducida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se establece que «el Ministerio Fiscal podrá proponer la pena de multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, y en su caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, reducida hasta en un tercio respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal».

El diputado del PP, Gonzalo José Ordóñez Puime, ha defendido que se trataría de un procedimiento «especial» para aquellos delitos castigados con multa o con pena de prisión «que no exceda de un año» y que «de alguna manera puede liberar trabajos importantes». 

Además, lo ha equiparado con el procedimiento aplicado a los tributarios, recordando que será el juez el que autorice en última instancia la propuesta del fiscal. 

«Es un gran avance, es una gran institución que puede favorecer lo que estamos diciendo: una justicia mucho más ágil y no provoca absolutamente ningún desdoro ni ninguna perturbación en los legítimos derechos enjuiciados», ha añadido. 

Es más, el diputado «popular» ha defendido que este procedimiento se encuentra en marcha en el derecho comparado de Francia, Dinamarca, Países bajos y Alemania. «Es decir, en todos los países, y está funcionando», ha valorado.

Fuente: Diario de Noticias 

Las firmas de abogados deben adaptar su modelo de negocio a las peticiones de sus clientes y han de realizar una gran inversión en capital digital para agilizar los procesos y rebajar costes. 

La tecnología ha cambiado definitivamente la forma en que vivimos, interactuamos y trabajamos. Todos los sectores se han visto afectados por estos cambios, incluido el de la abogacía, que durante los últimos años ha hecho un esfuerzo titánico por adaptarse, mejorar e incluso adelantarse a las necesidades y peticiones de sus clientes.

Sin embargo, los despachos tienen que seguir trabajando para ajustar su modelo de negocio a clientes que cada vez buscan una mayor calidad y variedad de servicios a un precio menor. 

Para lograrlo, las firmas legales deberán apostar por una nueva filosofía de trabajo en la que el uso intensivo de la tecnología será un elemento diferencial. 

Resulta evidente que el uso de la tecnología no sólo servirá para reducir costes, sino que generará un cambio profundo en los modelos de negocio y hará surgir otros. En este sentido, las firmas estadounidenses están siendo las más activas y han aparecido bufetes virtuales que ofrecen asesoramiento online. Otras, como Winston & Strawn, utilizan algoritmos digitales para revisar legalmente cada uno de sus expedientes. 

Muchos expertos aseguran que el impacto de la innovación digital cambiará radicalmente la estructura de socios, pero también tendrá efectos adversos. La integración de la tecnología incorporará un nuevo capital en las firmas, el capital digital. Para desarrollar el software necesario para el buen funcionamiento de los despachos de abogados, harán falta inversores, por lo que los bufetes tendrán que abrir las puertas a socios estrictamente financieros, que exigirán rentabilidad. 

Plataformas propias

En nuestro país, son muchos los bufetes que se han lanzado a abrazar las nuevas tecnologías, ya sea para automatizar ciertos procesos administrativos – creación de docuemntos tipo -, para apostar por nuevos sistemas de mediación online, por ejemplo, o para dar respuesta a nuevos problemas, como el destino del legado digital de los usuarios de Internet. 

Cada vez es más frecuente ver a despachos de abogados – grandes o pequeños – o a compañías de servicio profesionales que se lanzan a desarrollar sus propias plataformas o aplicaciones móviles para mejorar sus tarifas, facilitar el trabajo de sus letrados y hacer más accesible el derecho a sus clientes. Bir & Bird, por ejemplo, ha creado una plataforma de asesoramiento virtual que da acceso a sus clientes a sus más de 1.200 abogados. 

Entre los últimos proyectos que se han presentado, encontramos plataformas online de resolución de conflictos o directorios digitales para solucionar problemas legales, así como sistemas para firmar testamentos digitales ante notario o herramientas que vigilan el correcto cumplimiento de la ley. 

Mediación online para el mundo de los seguros

PwC ha desarrollado la primera plataforma española de resolución de conflictos online y acaba de presentarla junto a su primer cliente, Santalucía Seguros, que empezará a ofrecer este servicio de mediación digital a sus clientes a partir de este mes. Este sistema, que puede ser contratada por cualquier empresa, tiene tres objetivos iniciales: 

ahorrar costes a las compañías al no tener que hacer frente a costosos pleitos, agilizar la resolución de conflictos y preservar a los clientes. «La ventaja esencial es el tiempo de resolución de conflico¡tos, que nunca sobrepasa los tres meses», explica Ernesto Benito, socio responsable de procesal de PwC. Según explica el letrado, este sistema pone en contacto a clientes y empresa cuando existe un enfrentamiento y propone mediación digital. PwC aporta todos los docuementos necesarios para la resolución y se ocupa de seleccionar a los especialistas entre los cuales los implicados realizarán su selección de mediador. 

Primer testamento digital ante notario

El pasado 27 de mayo se presentó «Tellmebye», la primera plataforma gratuita que permite firmar ante notario un testamento digital con el legado online de sus usuarios. El proceso, que ha sido desarrollado por los letrados de la firma para que sea compatible y aceptada por el gremio de los notarios, pretende ser un complemento a los testamentos vitales. «Siempre hemos buscado la máxima legalidad de la herramienta y la forma de asegurar que las personas dispongan de las máximas garantías para que sus legados digitales sean aceptados de forma jurídica y notarial», explica Carlos Jiménez Lajara, fundador de Tellmebye. Entre los servicios que ofrece este nuevo sistema, se encuentra el de configurar la propia herencia digital. tellmebye, pone a disposición del usuario que lo contrate un conjunto de herramientas para elaborar el testamento digital y establecer sus últimas voluntades. Además permite evitar la pérdida de contenidos digitales o la eliminación de perfiles en las redes sociales. 

Contactar con abogados

Cualquiera puede encontrarse con la necesidad de contratar a un abogado, pero no siempre se sabe dónde acudir. Sien embargo, una plataforma online pretende evitar este tipo de problemas. Su nombre es «portalabogados.es» y cuenta con un amplio directorio de profesionales de todo el país, segmentando por provincias y áreas jurídicas. Además, la página web permite al usuario plantear su pregunta y el sistema se la hace llegar a los abogados especializados en la materia que le presentan una posible solución y le explican si realmente necesita contratar a un abogado. Esta web cuenta también con una base de artículos jurídicos que permite a los usuarios solventar dudas legales menores.

Por la protección de datos

La tecnología en la nube ha permitido a un grupo de ingenieros y abogados especialistas en nuevas tecnologías generar un nuevo sistema para la adaptación y cumpllimiento de la LOPD. PymeLegal envía una serie de formularios adaptados a la actividad de cada cliente, recaba información sobre la empresa, notifica los ficheros a Protección de Datos de forma automática y, al finalizar el proceso, genera todos los documentos personalizados necesarios para cumplir con la normativa. Además, según explica su fundador, Jaume Feliu, la plataforma online realiza un seguimiento periódico para revisar la aplicación de las medidas recomendadas y realiza auditorias. 

Aplicaciones en la universidad 

Una muestra de la importancia de las nuevas tecnologías en el mundo legal es el creciente interés que están mostrando las facultades de Derecho en las mismas y en el desarrollo de las herramientas digitales esenciales para los letrados del futuro. Los centros que más activos se han mostrado hasta el momento son las instituciones como la Universidad de Colorado (Colorado) y la de Standford (California). Esta última ha creado el grupo interdisciplinar «Legal Design Initiative» (iniciativa de diseño legal), que aúna los esfuerzos de estudiantes de derecho y programadores informáticos para generar aplicaciones ante nuevas cuestiones. 

Fuente: www.expansion.com