Después del verano, cuando se apruebe el real decreto ley que la Dirección General de Tráfico tiene preparado, los conductores de patinetes pasarán controles de alcohol y drogas como cualquier otro conductor. Este RD dotará a los patinetes con motor de personalidad jurídica de vehículo, con todo lo que esto conlleva.
El Tribunal Supremo ha quedado en suspenso la resolución sobre el pago de las hipotecas. Ante esta nueva situación, nuestra recomendación es la cautela y esperar a que haya una resolución definitiva, con la excepción, de aquellos casos en los que la fecha de prescripción sea muy próxima, que deberan iniciar las acciones legales pertinentes.
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La jurisprudencia da la razón a los clientes, quiénes no deberán asumir el pago del impuesto.
Hasta ahora, el criterio sobre quién debe asumir los gastos ocasionados como consecuencia de la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria ha sido controvertida y cambiante entre los tribunales, obteniéndose resultados diferentes en función de dónde se reclame; concretamente en lo relativo al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que supone, además, el gasto más cuantioso de los que deben asumirse.
Tras sostener inicialmente que el impuesto debe soportarlo quien solicita el préstamo, el Tribunal Supremo corrige su criterio, interpretando que, quien realmente se beneficia de la escritura pública (que es el documento que ocasiona el gasto) es la entidad bancaria al inscribir la hipoteca, y no el cliente.
En consecuencia, de aquí en adelante es un gasto que no tendrá que soportarse y que supone un ahorro considerable para los clientes. Quiénes lo hayan pagado de aquí para atrás, podrán solicitar su devolución, junto a otros gastos que genera el préstamo hipotecario. El impuesto se calcula aplicando un porcentaje (que varia entre las Comunidades Autónomas) a la cantidad solicitada en el préstamo, y que puede oscilar entre los 2.000 a 5.000€ a devolver en un préstamo medio.
La sentencia, no se pronuncia sobre la condición de consumidor o no de quien recibe el préstamo, es decir, las empresas también están amparadas por esta interpretación del Tribunal siempre que no se haya llegado a un pacto expreso sobre quién asume el gasto.
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Durante las 16 semanas de permiso por el nacimiento o adopción legal de hijo se venía practicando la correspondiente retención de IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) sobre la cantidad a percibir por las madres trabajadoras (al igual que sucede sobre el salario mensual que perciben por su trabajo). Lo que implicaba en la práctica el correspondiente descuento en el importe total a recibir. Sin embargo, tras una larga contienda
legal, el Tribunal Supremo, aplicando el mismo criterio que siguen otras prestaciones percibidas por la llegada de un hijo, las ha declarado EXENTAS de tributación en renta, lo que implica que las cantidades que hayan sido abonadas por este concepto y NO HAYAN PRESCRITO, son susceptibles de reclamación, es decir, los ejercicios desde 2014 en adelante.
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Son muchas las consultas que recibimos sobre la situación en la que queda alguno de los miembros de la pareja o los hijos de esta, si no están casados civilmente (ya sean parejas de hecho o que simplemente convivan).
En este vídeo María Fernández-Huerta Gallego, abogada de nuestro bufete, resuelve las dudas al respecto.
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El Tribunal Supremo ha resuelto a favor del demandante que solicitó la extinción de la pensión compensatoria a su ex-mujer por convivir con su actual pareja.
Esta es la primera vez en la que se aborda el momento en que se produce la extinción de la pension compensatoria por convivencia marital del ex cónyuge con un tercero. La pension compensatoria, está relacionada con la perdida de posición económica, de una de las partes una vez extinguida la comunidad que forman por su matrimonio. Al cónyuge perjudicado, se le compensa con esta pensión.
La novedad consiste en que el demandante solicitaba la extinción desde la fecha de interposición de la demanda y en primera instancia se la habían denegado. Reclamado de nuevo, la Audiencia Provincial estimó el recurso y acogió la tesis del demandante.
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Por todos es conocido el revuelo social provocado desde que se dictó la sentencia en el caso de “La Manada”. Desde entonces una Comisión de 28 expertos juristas en Derecho Penal, por encargo del Ministerio de Justicia, estudia la adecuación y/o posible reforma de los delitos contra la libertar sexual.
El debate principal se centra en la figura del consentimiento como elemento clave y decisivo para entender si existe comisión de delito contra la libertad sexual. La figura del consentimiento actualmente está incluida en el delito, pero de una manera indeterminada que da lugar a interpretaciones confusas y que no encajan con la realidad social. La nueva propuesta cuya viabilidad se estudia por la Comisión, consiste en crear un único delito en el que la inexistencia de consentimiento expreso sea elemento determinante para considerar que existe agresión.
Desde el punto de vista jurídico, esta cuestión entraña una enorme complejidad ya que el consentimiento en las relaciones personales no tiene una forma específica, siendo la casuística concreta y el contexto en el que se desenvuelven los hechos la clave para identificar si dicho consentimiento es expresado o no, y si el mismo es expresado de forma libre y válida.
El otro punto de debate lo constituyen las “agravantes”. Actualmente, la distinción que hace nuestro Código Penal entre los dos delitos, abuso y agresión, tienen en cuenta sustancialmente dos elementos. El delito de agresión requiere, además de la inexistencia de consentimiento, que concurra violencia o intimidación, siendo suficiente cualquiera de ellas. Pero ¿qué se considera violencia o intimidación? Todos ellos son conceptos que dan lugar a diferentes interpretaciones y que constituyen una carga diabólica de prueba. Pongamos un sencillo ejemplo: cinco personas de envergadura grande nos acorralan en un callejón, por la noche, y nos exigen que les entreguemos la cartera, cosa que nosotros hacemos…Con toda probabilidad, socialmente interpretaríamos que se trata de un robo, entendiendo que existe intimidación y que la entrega de la cartera no es ni libre ni voluntaria, sin embargo, jurídicamente, ¿la interpretación sería igual? La casuística es enorme y su traslado a la Ley no siempre es fácil.
¿Qué opináis?
Las nuevas circunstancias y características de los trabajos, han provocado que los elementos que sirven para determinar si un accidente fuera de la ubicación habitual del trabajador se considera «in itinere» o no, sean más flexibles, consiguiendo actualizar el alcance de esta modalidad de accidente laboral.
Compartimos este interesante artículo de Expansión en el que se recojen varios de estos supuestos.
