Después del verano, cuando se apruebe el real decreto ley que la Dirección General de Tráfico tiene preparado, los conductores de patinetes pasarán controles de alcohol y drogas como cualquier otro conductor. Este RD dotará a los patinetes con motor de personalidad jurídica de vehículo, con todo lo que esto conlleva.
El TS ha dado la razón a una mujer que desheredó a varios de sus hijos, que la habían tratado con menosprecio durante años sin justificación alguna y que había dejado como heredero universal a un único hijo, siendo impugnado el testamento por los demás.
Os dejamos el enlace completo a la noticia publicada por el DIARIO La Ley
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicado la guia sobre el registro de jornada, con el objetivo de facilitar la aplicación práctica de la norma que ha entrado en vigor este lunes 13 de Mayo.
Haciendo click en el enlace inferior podréis ver la guía que incluye las respuestas a las preguntas que nos hemos estado realizando con la puesta en marcha de esta norma
Todos conocemos que las distracciones al volante son producidas en numerosas ocasiones por el uso indebido de teléfonos móviles durante la conducción. Esta práctica, bastante extendida a consecuencia de la gran cantidad de información instantánea que recibimos a través de nuestros móviles, es muchas veces la causa de siniestros especialmente graves.
En ocasiones, no valoramos las consecuencias legales que estas conductas pueden tener si se produce un resultado lesivo, es decir, si a consecuencia del accidente se producen lesiones graves o fallecimiento. La distracción con el uso del móvil en un procedimiento legal reviste el carácter de imprudencia grave, con las consecuencias penales correspondientes.
Es por ello que, al amparo de la Circular 2/2019 sobre interceptación de comunicaciones telefónicas, durante los procedimientos de investigación de este tipo de delitos se podrán investigar los datos de tráfico del conductor que puedan revelar la existencia de actos de comunicación simultáneos o inmediatamente anteriores al siniestro, quedando a salvo el contenido de la comunicación para lo que serán necesarios requisitos adicionales que garanticen la no vulneración del derecho a la intimidad.
Existe cierta confusión en cuanto a los efectos económicos de este tipo de uniones, ya que,
erróneamente, tiende a considerarse que existe una identidad con los efectos del matrimonio.
Esta identidad es rechazada por los Tribunales, como consecuencia de la interpretación de
nuestra legislación civil que expresamente se refiere al vínculo matrimonial.
Es cierto que los cambios en la realidad social fuerzan nuevas interpretaciones de la ley, pero
no podemos perder de vista que se trata de una unión jurídicamente diferente a la del
matrimonio, donde sí existe una regulación expresa sobre la creación de una sociedad de
gananciales y la presunción de ganancialidad, es decir, de titularidad común.
Pero ¿cuáles son esos efectos en la práctica? El principal es que no existe la presunción de que
todo lo que se adquiera durante la unión de hecho pertenecerá a los dos miembros de la
pareja por mitad, salvo que lo pacten expresamente o que así se desprenda de manera
inequívoca de sus actos. Es decir, lo que en la unión matrimonial de manera genérica se “da
por hecho”, en las uniones de hecho no, debiendo existir un pacto expreso escrito, o
desprenderse de los actos de las partes sin lugar a duda. Un ejemplo muy sencillo, es la
compra de un vehículo por uno de los miembros de la pareja. Si este vehículo se compra
vigente el matrimonio se presumirá que pertenece a ambos, si se compra en el seno de una
pareja de hecho se presumirá que pertenece a su titular salvo prueba en contrario.
La relación laboral puede extinguirse por diversas circunstancias: a instancia del empresario, del propio trabajador, por la propia naturaleza del contrato o por causas sobrevenidas.
Generalmente, cuando se produce a instancia del empresario, el trabajador tiene constancia mediante comunicación escrita al propio trabajador, la cual debe reunir una serie de requisitos formales, entre ellos, un preaviso mínimo de 15 días y la causa que motiva el despido.
La extinción de la relación de trabajo a instancia del empresario, es decir, el despido, puede venir motivado, entre otras causas, por un incumplimiento grave y culpable del trabajador, que dará lugar a un DESPIDO DISCIPLINARIO, en cuyo caso la relación laboral finalizará sin derecho a indemnización alguna. O por causas no imputables al trabajador y que tienen naturaleza económica, organizativa, técnica o de producción, denominado DESPIDO OBJETIVO, con una indemnización de 20 días por año de trabajo hasta un máximo de 12 mensualidades.
Tanto en un caso como en otro, deberá comunicarse al trabajador la causa concreta del despido y los hechos en los que se fundamenta. El trabajador que no esté conforme deberá impugnar el despido en un plazo de 20 días ante el Servicio de Mediación. De no haber acuerdo, serán los Juzgados de lo Social quienes se pronuncien sobre la procedencia o improcedencia del despido, es decir, si la causa alegada justifica la extinción del contrato. Si la causa alegada no es suficiente la indemnización que corresponda será la del DESPIDO IMPROCEDENTE, o la readmisión del trabajador.
La transmisión de patrimonio que tiene lugar con el fallecimiento está sujeta al Impuesto de Sucesiones. La declaración de los bienes que vamos a heredar ante la oficina recaudatoria tiene carácter de obligatoria y debe realizarse antes de 6 meses tras el fallecimiento, aunque la cuota a ingresar sea “0”.
Este impuesto se liquida en función del valor de los bienes que se vayan a heredar y el grado de parentesco, siendo menor la cuota cuanto más allegado es el familiar.
A nivel estatal se prevén una serie de reducciones sobre la base del impuesto y, además de ello, las CCAA tienen la facultad de regular otros beneficios. De ahí lo costoso de heredar en determinados lugares frente a la baja fiscalidad de otros.
Desde enero de 2018, en la CCAA de Extremadura, existe una bonificación fiscal del 99%. Es decir, una vez obtengamos la cuota que debemos pagar, únicamente tendremos que pagar el 1% de la cuota que resulte. Este descuento solo está previsto para los familiares más cercanos, padres, hijos y cónyuges.
Es importante solicitar en plazo y de forma expresa todas las reducciones y beneficios que se establecen en la Ley para que estos se nos apliquen y evitar sorpresas desagradables que hagan sumamente costoso heredar.
QUÉ ES LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
La Ley de Segunda Oportunidad regula un mecanismo de exoneración o “perdón” de deudas relativamente reciente en nuestro sistema jurídico, y que pretende dar una segunda oportunidad a aquellos particulares y pequeños empresarios que han generado un endeudamiento que les resulta imposible de asumir. Para que el interesado pueda acogerse a este mecanismo, es necesario cumplir una serie de requisitos y que, principalmente, se resumen en la inexistencia de patrimonio con el que hacer frente a las deudas y la buena fe del endeudado. Este segundo requisito se concreta en la propia Ley y, entre otras cosas, exige la constancia de un intento de acuerdo extrajudicial con sus acreedores y no haber provocado su propia insolvencia mediante una administración desleal, fraudulenta o contraria a la diligencia exigible en perjuicio de sus acreedores.
El patinete eléctrico se está convirtiendo en una de las alternativas de transporte urbano con mayor crecimiento en este año. La falta de regulación jurídica de este «medio de transporte», da lugar a que numerosas infracciones producidas con él no tengan ningún tipo de sanción.
Hoy compartimos con vosotros este interesante articulo publicado en Expansión Jurídico, en el que nos dan todas las claves sobre la responsabilidad en el uso de los mismos.
El impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, regulado mediante la Ley 15/2012, ha generado serias dudas sobre su constitucionalidad. Tanto así que, en el curso del recurso de casación interpuesto por Iberdrola Generación SAU, el Tribunal Supremo ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad hasta en dos ocasiones. La primera de ellas en junio de 2016, inadmitida a trámite sin entrar a valorar el fondo jurídico de la cuestión, y la segunda de ellas, planteada en enero de 2018, y que nuevamente, ha sido inadmitida a trámite mediante Auto dictado en junio de 2018, publicada en el BOE el 25 de julio de 2018, dónde esta vez sí, el Tribunal Constitucional hace una valoración jurídica sobre las cuestiones planteadas y que exponemos a continuación.
Las dudas de constitucionalidad giran en torno a la naturaleza extrafiscal del impuesto, y la vulneración del principio de capacidad económica, al grabar el mismo hecho imponible que otros impuestos de similar configuración.
En relación al primero de los argumentos, el Tribunal Supremo entiende que, a pesar de que se ha pretendido “disfrazar” al tributo de una naturaleza extrafiscal – finalidad medioambiental -, la realidad de su estructura pone de manifiesto que no existe otra finalidad que la recaudatoria, y ello atendiendo al tipo de gravamen – que es fijo, con independencia del tamaño o tipo de la instalación-. Además, no existen bonificaciones, exenciones, ni ningún elemento que atienda realmente a la capacidad contaminante del sujeto pasivo.
Una vez analizada la ausencia de una finalidad extrafiscal del tributo que justifique su imposición, el Tribunal Supremo entiende que dicho gravamen es casi idéntico al IAE, por lo que, de no tener otra vocación medioambiental, estaría gravando la misma manifestación de capacidad económica de los contribuyentes, – los rendimientos que obtiene el sujeto pasivo por la actividad de producción- lo que considera que podría vulnerar el art. 31 de la CE.
El Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión mediante Auto de fecha 13 de diciembre de 2016, entendiendo que la cuestión de inconstitucionalidad debe posponerse, primando el planteamiento de la cuestión prejudical ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a las dudas que plantea Iberdrola, sobre si el IVPEE, al incidir sobre un producto sometido a impuesto especial – la electricidad– , debe o no someterse a la Directiva 2008/118/CE y 2009/96, por la que se limita la facultad de los Estados de imponer gravámenes indirectos sobre productos armonizados sin responden a un fin específico, es decir, no solamente el recaudatorio.
El Tribunal Supremo, reitera los argumentos esgrimidos en la primera cuestión de inconstitucionalidad planteada, descartando el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al no albergar dudas sobre la compatibilidad entre el IVPEE y las normas de derecho comunitario, que limitan la capacidad de los Estados miembros de crear tipos impositivos indirectos sobre productos armonizados. No siendo el caso, según entiende, al tratarse de un impuesto directo.
El Tribunal Constitucional nuevamente inadmite la cuestión al considerar que, si bien efectivamente la estructura del impuesto puede adolecer de una naturaleza extrafiscal clara, ello no determina per se su inconstitucionalidad por vulnerar el principio de capacidad económica al superponerse con otros tributos. El Tribunal considera que no todo fenómeno de doble imposición vulnera el bloque constitucional, únicamente estaría prohibida en los supuestos en que un impuesto estatal o local y uno autonómico gravasen la misma capacidad económica (art. 6 LOFCA), no siendo el caso al tratarse de un impuesto estatal (IVPEE) y otro local (IAE).
Por lo que, la vulneración del principio de capacidad económica debe analizarse desde la prohibición constitucional de confiscatoriedad, que exige acreditar, parafraseando al Tribunal, “el agotamiento de la riqueza imponible, so pretexto del deber de contribuir”.
El Tribunal Supremo deberá resolver el recurso de casación planteado por Iberdrola. El argumento de la inconstitucionalidad ha sido inadmitido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, a su vez, entiende que el impuesto no es contrario al Derecho Comunitario, por lo que, si bien es cierto que la discusión jurídica sigue viva en tanto no exista una sentencia firme, todo apunta a una previsible desestimación del recurso de casación planteado por Iberdrola.
Por lo que respecta a las liquidaciones recurribles en vía jurisdiccional, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Extremadura se opone a la solicitud de suspensión interesada hasta que se conozca el criterio del Tribunal Supremo, lo que implica un escenario de incertidumbre en relación a la imposición de las costas procesales de los procedimientos que se interpongan.
